El Defensor Luis Rafael Escobar Ugas, mejor conocido como Ugas,es una de esas personas que al calor de las luchas populares reclamando sus derechos y los de otros fue asimilando los conceptos más básicos de la defensa de los derechos humanos.Sin mucho conocimiento sobre planificación estratégica u operativa y trabajando sin recursos económicos, durante más de una década ha acompañado a colectivos sin vivienda, familiares de presos, familiares de personas torturadas, personas estafadas por empresas inmobiliarias, trabajadores despedidos, trabajadores a quienes se les niegan las prestaciones sociales. En fin, acompañando a las víctimas de violaciones.
Formado al calor de las acciones de exigibilidad de derechos ha tenido que enfrentar varias momentos de represión y procesos judiciales.Por denunciar a un alto oficial como responsable de la desaparición forzada de un sargento de la Guardia Nacional se le abrió un proceso judicial en la justicia militar y un proceso civil por difamación. Por impedir el desalojo violento de un edificio tomado por familias pobres en la ciudad de Caracas un juez le abrió un proceso penal por ofensa a Juez y resistencia a la autoridad.
Por apoyar a los presos de la cárcel de Mérida en una huelga de hambre lo incriminaron de haber organizado desde la calle la huela y lo encarcelaron seis meses.
Sus métodos, a veces no convencionales (tomas, marchas, huelgas de hambre), han generado la crítica incluso de organizaciones de derechos humanos. Lo que no hay duda más allá de sus formas de plantear la defensa de sus derechos y la de otros, es que es una persona comprometida con las causa de los más necesitados, que asume riesgos defendiendo los derechos de otros y otras y que con el acompañamiento realizado a las víctimas, en varias oportunidades, ha logrado la conquista de derechos y el logro de la justicia.
La noche del pasado 21 de noviembre activistas de DDHH, entre los que se encontraba Ugas, realizaron una vigilia a las afueras de la sede de la Fiscalía en Puerto La Cruz y, según relatan, un grupo de choque de aproximadamente 40 personas acudió en autobús al lugar y agredieron a los manifestantes, “bajo la mirada complaciente y omisión de funcionarios del Ministerio Público”.
Para supuestamente resguardarlos, Luis Ugas, Liban Farías, Elizabeth Salazar, Lisbeth León e Ybis Yolita fueron llevados a la sede del Cicpc y quedaron privados de libertad. Las mujeres fueron sentenciadas a régimen de presentación y los hombres quedaron detenidos desde entonces por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos por los cuales podrían condenarlos a 10 años de prisión.
Tras alertar que su integridad corre peligro en el penal José Antonio Anzoátegui, Ugas señaló a Provea que el origen de la retaliación en su contra es porque su ONG supervisa constantemente el trabajo del sistema de administración de justicia en la región y “no quieren que el movimiento popular haga contraloría social al Poder Judicial”
Más Información:
Privan de libertad a dos activistas de derechos humanos en Anzoátegui
