El Desarme: Una necesidad vital

Liliana Cadena //

12/06/11, Diario la Voz
En el mundo de hoy, donde la violencia ha tomado el lugar del diálogo y de los acuerdos para solucionar los conflictos, cada día mueren más personas por armas pequeñas y ligeras que por guerras entre naciones o pueblos.
Al hablar de “armas pequeñas”, nos referimos a las de uso personal como los revólveres, pistolas, rifles, carabinas, ametralladoras ligeras, rifles de asalto, ametralladoras de pequeño calibre y material policial represivo; mientras que “armas ligeras” son aquellas pensadas para el uso de varias personas, como ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, lanzadores portátiles, misiles, etc.
El empleo de armas pequeñas y ligeras deja a su paso una estela de dolor y sufrimiento para un gran número de familias. Si citamos estadísticas oficiales, recientemente, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, señaló que Venezuela es uno de los países con mayor número de asesinatos en Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes; en 2010, 94% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Por su parte, Amnistía Internacional (AI), en su capítulo sobre Venezuela, señala que en este país hay 12 millones de armas ilegales, según cifras del 2010, y la situación es de "total descontrol".
¿Qué hacer ante esta grave situación?
Es urgente comenzar y acelerar el proceso de desarme, lo que implica la participación directa y activa del Estado; pues si bien cada año las autoridades decomisan y destruyen armas ilegales, esto no ha sido suficiente para frenar el incremento de las mismas. Hace casi un mes, las autoridades comenzaron la destrucción de 65 mil 380 armas de fuego incautadas por los diferentes cuerpos de seguridad del país durante el todo el 2010. Esta cantidad representa un incremento de 102% con relación al año pasado, según señaló el director general de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, general Julio César Morales: “eso significa que cada ocho minutos en nuestro país un organismo de seguridad decomisa un arma de fuego ilegal". Por ende, estos datos sugieren que no basta solo con incautar y quemar armas de fuego, sino que hace falta tomar medidas integrales, que se reflejen en una política pública nacional para recuperar y controlar las armas y municiones, presentes en el país.
Trabajo en equipo: Gobierno - sociedad civil
El pasado 13 de mayo de 2011, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ, Tareck El Aissami, anunció la creación de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme (COPREDE) que será "la encargada de fomentar el diseño, construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones y el desarme", según lo establece la Gaceta Oficial 39.673.
Dicha instancia, presidida El Ministro El Aissami, reúne a 19 personas más, entre ellas los viceministros del MPPRIJ, Néstor Reverol, Edgar Barrientos y Edwin Rojas; el director del Seniat, José David Cabello; el presidente de la Federación Nacional de Tiro, Gerardo Trotta; el director de Armas y Explosivos de Ministerio de la Defensa, Julio Morales; el director de Delitos Comunes del Ministerio Público, Orlando Padrón; las profesoras Verónica Zubillaga, Ana María San Juan; los profesores Andrés Antillano y Reinaldo Hidalgo; el diputado del PSUV Freddy Bernal, y el diputado opositor Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), Fernando Giuliani del Centro Gumilla; y el coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, quien es el secretario técnico de dicha comisión.
Para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la participación en la COPREDE “es una tarea prioritaria… que ayuda a reducir los mecanismos que facilitan la mortandad y la violencia armada en nuestra sociedad y fortalece los aportes para la construcción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”. Esto además, se vincula directamente con la razón de ser de nuestra organización, que es promover y defender los derechos humanos en Venezuela, especialmente el derecho a la vida, la libertad personal, la seguridad e integridad personal e inviolabilidad del hogar, prioritariamente de los sectores populares.
¿Cómo trabajará la COPREDE?
La recién creada COPREDE funcionará a través de cinco coordinaciones que hasta ahora se han planteado:
• Fortalecer el plan de desarme y revertir la matriz de opinión que refiere que “estar armado es estar más seguro”.
• Sistematizar las investigaciones y documentales sobre la tenencia de armas y consulta de experiencias previas sobre desarme y control de armas.
• Realizar una campaña en medios, para promover la paz y la resolución no violenta de los conflictos.
• Aplicar medidas especiales, como el marcaje de municiones, fabricación y comercialización de las armas y destrucción de armas de fuego.
• Desarrollar el tema jurídico y normativo de la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones.
El trabajo para el desarme ya está en marcha, falta ahora la ejecución, evaluación y la participación de la sociedad civil.
¡Estamos llamados a participar!
Si bien el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y todas y todos los expertos y expertas que hacen parte de dicha comisión están haciendo un esfuerzo para reducir el problema de la inseguridad, esto no es posible sin la participación de toda la sociedad y todas las instancias públicas. Todas y todos estamos llamados a colaborar en la materia de desarme.
Una manera de hacerlo es participar en la consulta pública que se va a realizar con la finalidad de que la Ley del Desarme y Control de Armas y Municiones, que está en discusión, recoja los intereses de todas y todas; es decir, la voluntad popular. Si desean pueden enviar sus sugerencias y opiniones a la dirección Twitter @leydesarme2011 y al correo electrónico leydesarme2011@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Fuentes:
Derechos Humanos en la Pared. Año VII, Enero- junio 2001, Nº 13. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Caracas. Venezuela.
Y de las páginas web http://www.redapoyojusticiaypaz.org.ve , http://www.canaldenoticias.com.ve/ma%C3%B1ana-inician-consulta-sobre-ley-desarme

Solicitamos la revisión y evaluación del Poder Judicial del Edo. Zulia

13/06/2011
Este lunes 13 de junio, cuando esperábamos que finalmente se diera inicio al juicio oral y público por la violación del derecho a la integridad personal de José Francisco Matheus, el juez provisional Liexcer Díaz, del Tribunal Cuarto de Juicio del Edo. Zulia, decretó sobreseimiento por prescripción de los delitos de lesiones intencionales gravísimas y abuso de autoridad, presuntamente cometidos por funcionarios de la Policía del Edo. Zulia.
El juez hizo errónea aplicación del Derecho, al desconocer que por mandato del Artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles; es decir, los responsables pueden ser juzgados y sancionados en cualquier momento, sin importar el paso del tiempo. La prescripción es la extinción de la acción penal y la imposibilidad de perseguir penalmente al autor de un delito, en virtud del paso del tiempo. El desconocimiento de esta norma constitucional y de este principio básico de derechos humanos es inaceptable y constituye un mecanismo que consolida la impunidad y la injusticia. Es alarmante que tengamos operadores de justicia que cometan errores de esta índole.
Este episodio se suma a la larga cadena de irregularidades y vicios que han acontecido a lo largo de once años en el acompañamiento que ha realizado la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, junto con José Francisco Matheus, en la búsqueda de justicia. Entre esos vicios se puede nombrar que en un periodo de dos años el Tribunal 4 de Juicio de Zulia ha tenido siete jueces distintos y que en el año 2009 introdujimos un recurso de amparo que ordenó la apertura de juicio, y que fue desacatado por la Corte de Apelaciones del edo. Zulia.
El irrespeto a la Constitución de la República es indignante, por lo que pedimos la revisión y evaluación del Poder Judicial del Edo. Zulia, así como la investigación y sanción del juez Liexcer Díaz, por la Inspectoría General de Tribunales. Seguiremos en la búsqueda de justicia, acudiendo a las máximas instancias nacionales e internacionales.
Síntesis del caso Matheus
El 1 de Marzo del 2000, una comisión de la Policía del Estado Zulia (integrada por Luis Oswaldo Curiel Fernández, Ingribeth Vanesa Morales Ramírez, Wilmer Enrique Ballesteros Ortigoza, Arquímedes Terán, Jefry Enrique Ríos Mavarez, Wilmer Javier Correa Marín, Eddy Segundo Larrazabal Alvarado, José Eugenio Quintero Barreto, José Ramón Rirela Torres, Alberto Enrique Lubo Selen) irrumpió en el domicilio de José Francisco Matheus, sin orden de detención ni allanamiento, y lo detuvieron. No le informaron el motivo de su detención, ni mucho menos por qué. Ninguno de los doce funcionarios que participaron en este procedimiento llevaba esposas, por lo que Matheus fue amarrado con mecate.
Uno de los vecinos preguntó el motivo de su detención y le respondieron que estaba detenido por el secuestro de la doctora Maritza Serizawa.
Luego, lo llevaron a una serie de sitios como la carretera Palito Blanco, en la intersección del aeropuerto, en el sector Los Dulces, en Maracaibo, estado Zulia; y la División de Investigaciones Penales de la Policía Regional, donde lo torturan una y otra vez, con los mas varios métodos (desde quemaduras en la piel, descargas eléctricas en partes del cuerpo; inhalación de gases tóxicos, lo que le provocó asfixia; y hasta dislocación de sus brazos) para tratar de que confesara su supuesto crimen, así como el paradero de su supuesta víctima. Como Francisco no contestó porque no sabía, siguió la tortura.
Una vez recibido en el Comando Regional Nº 3, tomaron la declaración de Matheus y continuaron “los agotadores interrogatorios”, tras el examen forense. A las 11:30 p.m., el Comandante del Grupo Anti extorsión y Secuestro ordenó su traslado hasta el Retén “El Marite”, sin una orden judicial, ni haber sido puesto a la orden del Ministerio Público o de un juez. José Francisco Matheus González estuvo once días encerrado en una celda oscura, incomunicado, sin luz eléctrica, en condiciones de suciedad y expuesto a los insectos. Sólo se permitió la atención a Matheus por parte de los mismos presos, luego de que estos protestaran a gritos. Días después, fue trasladado a la enfermería y tratado con medicamentos. Finalmente, el prefecto del Municipio, Giancarlo Di Martino, ordenó su libertad.
Las investigaciones sobre el caso del secuestro de la doctora Maritza Serizawa demostraron que José Matheus González no tuvo nada que ver con el caso y que no había nada que lo vinculara a él. Sin embargo, para Matheus ya nada sería lo mismo. Once años después, las consecuencias de la tortura continúan.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas

Convocatoria
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
Invitamos a la rueda de prensa para presentar un balance sobre la situación de la tortura en Venezuela
El miércoles 22 de junio, presentaremos en rueda de prensa un balance sobre la situación de la tortura en Venezuela, las cifras que ha sistematizado la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz durante los últimos nueve años, relacionadas con casos de tortura y malos tratos, así como las recomendaciones que formulamos al Estado para erradicar tan aberrante práctica. Esta rueda de prensa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que es “una ocasión para recalcar el derecho internacionalmente reconocido de todos los hombres y las mujeres a vivir libres de la tortura”, de acuerdo con Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
En cuanto al contexto nacional, esta rueda de prensa se da en el marco de los presuntos hechos de tortura cometidos en las instalaciones de la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Rosal, el pasado 25 de mayo, que a su vez generaron la decisión de aplicar asistencia técnica al CICPC e implementar un proyecto de transformación radical de ese cuerpo.
Día: Miércoles 22 de junio de 2011
Lugar: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Parque Central, edificio Caroata, nivel oficina 2, oficina 211. Caracas.

Tomar ascensor en Nivel Lecuna de Parque Central, diagonal al Banco Provincial y marcar “oficina 2” en el ascensor.

Hora: 10:00 a.m.

Voceras: Laura Roldán, coordinadora del Programa de Atención Integral a Personas Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y Fiorella Perrone, doctora del mismo programa de la Red de Apoyo.





AGRADECEMOS SU COBERTURA Y DIFUSIÓN

En manos de quién está la administración de justicia

Rafael Garrido Álvarez // ¿En manos de quién está la administración de justicia?
17/06/2011, Correo del Orinoco
La administración de justicia es esencial para la existencia del estado de Derecho y la seguridad jurídica. En lo referente a la justicia penal, es fundamental la actuación del Ministerio Público y de los jueces y juezas, cuya misión es impartir justicia. Sin embargo, en muchos casos, quienes tienen el mandato de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, son quienes se encargan de consolidar la impunidad y re victimizar a las personas víctimas; ésta ha sido la historia de José Matheus durante los últimos once años.
La crueldad de la tortura
Un miércoles 01 de marzo del año 2000, José Matheus estaba en su casa en la ciudad de Maracaibo, cuando una comisión de diez funcionarios de la Policía del Estado Zulia irrumpió en su hogar, sin orden de allanamiento ni de aprehensión, utilizando la violencia para hacer que Matheus les acompañara maniatado con un mecate, a falta de esposas, sin dar ninguna información.
Los funcionarios vendaron a Matheus y lo condujeron a un lugar no identificado, lo interrogaron preguntándole por una persona secuestrada a la que llamaban “La China”, y pedían que les dijera dónde estaba. Matheus no sabía nada, por lo que los funcionarios comenzaron a torturarlo durante varias horas, quemándolo con cigarrillos, colocándole electricidad en los testículos, espalda, cuello, tórax y pies, cubriendo su cabeza con una bolsa plástica para asfixiarlo, detonando sus armas de fuego cerca de su cara y colgándolo de sus brazos por largos períodos.
La intención de los funcionarios policiales era lograr que Matheus les indicara el lugar donde presuntamente tenía a “La China”, aplicando métodos de tortura. La pesadilla no terminó con la tortura, ya que fue trasladado al retén El Marite, donde permaneció durante once días incomunicado y en un precario estado físico y emocional que le impedía valerse por sí mismo.
Revictimización e impunidad
Matheus denunció la tortura en marzo de 2000. En julio de 2002, Carlos Chourio, fiscal 11 del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, presentó su acusación y en octubre del año 2004 se ordenó la apertura de juicio. Hasta ahora, no se ha dado apertura al juicio para juzgar a los funcionarios acusados, situación que se debe principalmente a la negligencia de los órganos de administración de justicia y del Ministerio Público, que nada han hecho para que cese la denegación de justicia. En abril de 2009, se interpuso una acción de amparo que fue declarado con lugar por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del estado Zulia; pese a esto, la apertura de juicio se ha diferido en 47 oportunidades, quedando ilusoria la decisión de amparo.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el súmmum de la impunidad y la negligencia ocurrió el 03 de junio de 2011, cuando el juez Liexcer Díaz Cuba del Tribunal 4 de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia decidió una solicitud de prescripción de la acción penal presentada por el abogado defensor José Gregorio Rondón. Mediante sentencia, el juez decidió declarar con lugar la solicitud planteada, declarando la prescripción penal de la causa y decretando el sobreseimiento de la misma. La prescripción es la extinción de la acción penal por el paso del tiempo, es decir, se extingue la posibilidad de perseguir y sancionar penalmente al autor o autora de un hecho punible luego de transcurrido determinado tiempo después de la comisión del delito.
El juez Liexcer Díaz Cuba hizo una errónea aplicación de la ley, ya que en efecto los delitos comunes están sujetos a la prescripción por el transcurso del tiempo, pero las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles por mandato constitucional. El artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles”.
El desconocimiento de una norma constitucional básica en materia de derechos humanos es alarmante, y además es grave que tengamos operadores de justicia que no son capaces de distinguir un delito común de una violación de derechos humanos. Cabe preguntarse qué criterios se están usando en el Poder Judicial para seleccionar jueces y juezas que, con semejantes falencias, asumen la responsabilidad de dirigir un tribunal. En tal sentido, desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz solicitamos la revisión y evaluación del Poder Judicial del Edo. Zulia, así como la investigación y sanción del juez Liexcer Díaz, por la Inspectoría General de Tribunales.
Las heridas físicas de Matheus han sanado, pero las huellas emocionales persisten y se agravan con la denegación de justicia, ya que tras once años de espera, los funcionarios implicados no han sido juzgados. Sin embargo, es admirable la tenacidad y valentía de José Matheus, quien se ha asumido como defensor de derechos humanos y como tal sigue buscando la justicia activamente, luchando sin perder la esperanza, ni desistir, pese al cansancio, la burla y la decepción del sistema de administración de justicia.
Facebook: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

quien reponde?

no es un comentario tal vez una denuncia hablaba con un amigo de maracay que tiene internet modem de movistar y me dijo que una vez le faltaron 63 cm y por tal razon no le activaron el internet pero hoy ya hace 14 dias y no tiene internet a pesar que estar al dia en el pago sera que movistar le resarcira esos dias que no tuvo servicio y que en ese gran negocio si por unos cms no le colocan el servicio que beneficio tiene el pasar 15 dias sin el servicio para los usarios sera que conatel no podra hacer nada al respecto

catedra dilia antonia rojas

la catedra dilia antonia roja se solidariza con los familiares de los hermanos perez heredias, por otra parte exhortamos, al tribunal competemte del caso de los hermanos perez heredias. a se avoque a la investigacion y celeridad procesal para que sancione con justicia dentro del estado social derecho consagrado en los tratados internacionales sobre los derechos humanos y rectificado por venezuela en el   prambulo de la consti tucion de la reopublica bolivariana de venezuela en el art 2

por coordinares de la catedra
jorge leon garcia
rodrigo polentino

solo con justicia encontraremos la paz social

CONVOCATORIA: Del Frente Clasista "Argimiro Gabaldon" AFICHE

Nuevos Vientos de Justicia Recorren Nuestra América, Contra el Flagelo de la Impunidad...
Este Miércoles 01 de Junio de 2011, a las 9am, se llevará a cabo la 5ta audiencia del Juicio Contra los Poliasesinos de los Hmnos Pérez Heredia, Lugar: Palacio de Justicia de la Ciudad de Valencia Edo. Carabobo, Ni Olvido Ni Perdón, Cárcel Para Los Asesinos... Nos Mantenemos Inclaudicable en la Lucha... Sin Justicia No Hay Revolución..
sinjusticianohayrevolucion@gmail.com Saludos
Luchar Hasta Vencer.
CONVOCA EL FRENTE CLASISTA "ARGIMIRO GABALDON" ENVIADA LA PUBLICACION A UCCA PRES.-

Frente Clasista Argimiro Gabaldón señala que la impunidad es negadora de la justicia

Al cumplirse este jueves 29 de abril del 2010 dos años de la masacre de los Hermanos Engel Alexander Ernesto y Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia, el Frente Clasista “Argimiro Gabaldón” y familiares de las víctimas y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, deploran el triste papel que han jugado los garantes de otorgar justicia en el Estado Lara al no haber podido sancionar a los funcionarios de la División de Investigación y Apoyo Criminalístico (DIAC) de la policía del Estado Lara: Agente Dixon Canelón, el Sargento Segundo Graciano Granda, el Cabo Primero Luis Camacaro y el Distinguido Erick Torcate, presuntos responsables del doble asesinato perpetrado al oeste de Barquisimeto, en el sector Yabalito de Pavia.

Cabe destacar, que desde el año 2008, hasta la fecha este juicio ha pasado por manos de varios jueces y juezas y ha sido suspendido en diversas oportunidades por causas diferentes. La última suspensión ocurrió el pasado miércoles 21 de abril de 2010, cuando la Jueza de Juicio del Circuito # 3 del Tribunal de Primera Instancia del estado Lara, la Dra. Leila Liz Sicarelli, se inhibió durante la audiencia da apertura de juicio, alegando que había tenido problemas personales con el papá del fiscal suplente, por lo que el expediente entró en rotación para ser nuevamente distribuido a otro juez o jueza que conocerá del caso, comenzando el proceso otra vez de cero.
Señala Iván Pérez, padre de las víctimas, que “El asesinato de los hermanos Pérez Heredia se suma a la gigantesca lista de crímenes policiales, parapoliciales y paramilitares que gozan de vergonzosa impunidad en todas las épocas hasta la actualidad, como es el caso de las masacres de Chabasquén, Los Pocitos, Lomas de León, Quibor y el asesinato masivo de dirigentes campesinos en la época actual, muchos de ellos, casos de sicariato que contaron con la complicidad de los cuerpos de seguridad…Las instituciones son el reflejo de la sociedad y viceversa. Los vicios que se incuban en la sociedad se trasladan a la institución a través del sujeto social”.
Luchar por la vida es no olvidar y por eso el Frente Clasista Argimiro Gabaldón y la Comunidad del Barrio San José organizaron actos culturales, deportivos y religiosos que se realizarán en Barquisimeto, desde el 29 de abril hasta el 8 de mayo en memoria de Engel Alexander Ernesto y Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia, en el segundo aniversario de la creación del “Frente Clasista Argimiro Gabaldón”, según el siguiente cronograma:
Día: Jueves 29-04-2010. Hora: 9:00 a.m. Caravana. Concentración: Escuela “Ciudad de Maturín”. Recorrido: San José-Barrio Unión, Plaza la Justicia- San José. / Hora: 6:00 p.m. Misa. Lugar: Casa de Iván Pérez. / Hora: 7:30 p.m. Video de los hermanos Pérez Heredia.
Día: Viernes 30-04-2010. Hora: 3:30 p.m. Conversatorio con las víctimas. Lugar: Sede del Frente Clasista Argimiro Gabaldón ubicada en la carrera 29 con carrera 4 y 5 Barrio “San José”.
Día: Sábado 01-05-2010.Hora: 9:00 a.m. Torneo Infantil de futbolito. Lugar: Carrera I entre carrera 3 y 4. San José. / Hora: 6:00 p.m. Actividad Cultural. Lugar: Plazoleta Escuela “Ciudad de Maturín”.
Día: 08-05-2010. Hora: 6:00 p.m. Velorio de la Cruz de mayo y homenaje a los productores Pérez Heredia. Invitados: Grupos Culturales.
Recordemos el caso de los hermanos Pérez Heredia
El 29 de abril del 2008, en el Sector Yabalito, de Pavia al oeste de Barquisimeto los productores agropecuarios y hermanos Angel Alexander Hernesto Pérez Heredia(33 años) y Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia( 31 años) se dirigieron a una entidad bancaria de la zona industrial de Barquisimeto a hacer un depósito, al salir se trasladan a una casa de repuestos y son abordados por funcionarios de la División de Investigación y Apoyo Criminalístico (DIAC) de la policía del Estado Lara, quienes los persiguen hasta que finalmente los alcanzan y los obligan a entrar en un vehículo Toyota “machito” llevándolos a un rumbo desconocido. Al pasar tres horas sin saber de su paradero los familiares dan aviso a las autoridades, quienes les dicen que deben pasar por lo menos 48 horas para darlos por desaparecidos.
Lamentablemente, más tarde, fueron notificados de sus muertes en un presunto enfrentamiento en el sector Jabalito, en Pavia, hecho que los familiares desmienten y posteriormente es corroborado por las experticias forenses: Engel, de 31 años y Fabricio de 33 años, no presentaban características de haber muerto en un enfrentamiento, pero sí de haber sido torturados, por tener en sus cuerpos múltiples hematomas, excoriaciones y tiros de gracia. La experticia de la policía científica también determina forjamiento y manejo inadecuado de pruebas en la División de Investigación y Apoyo Criminalístico (DIAC) de la policía del Estado Lara.

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Comunicado público:Séptimo integrante de familia Barrios es asesinado

Caracas, 7 de junio de 2011. El 28 de mayo fue asesinado Juan José Barrios, el séptimo integrante de una familia que ha sido víctima de diversas ejecuciones extrajudiciales y atentados, cometidos con absoluta impunidad por grupos parapoliciales en el estadoAragua desde el año 1998.

Entre 1998 y 2010 fueron asesinados presuntamente por la policía de Aragua seis miembros de la familia Barrios: Benito, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, quien en ese momento contaba con sólo 16 años de edad, Oscar, Wilmer, de 19 años y ahora, en el 2011, Juan José Barrios, hechos que permanecen en la impunidad. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios, de 24 años de edad, sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de carácter permanente.
La denuncia del caso Barrios fue enviada por la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el 16 de marzo de 2004 a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue admitida el 25 de
febrero de 2005, mediante el informe Nº23/05. La CIDH sometió el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 26 de julio de 2010.
Desde el 23 de noviembre de 2004, la Corte Interamericana dictó medidas
provisionales a favor de los integrantes de la familia Barrios y estas medidas han sido
sistemáticamente desatendidas. Siendo lo más grave que, bajo la vigencia de las
medidas provisionales, resultaron asesinados cinco de los beneficiarios y uno de los
integrantes sufrió un grave atentado contra su vida que aún le mantiene con lesiones.
Cabe indicar que Juan Barrios, era beneficiario directo de las medidas provisionales
desacatadas por el Estado Venezolano. Uno de los puntos de las resoluciones de las
medidas provisionales dictadas por el tribunal interamericano, establecía
expresamente “proveer las medidas de custodia permanentes necesarias para brindar
seguridad a las viviendas de Maritza Barrios, Juan Barrios y Orismar Carolina Alzul
García”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha citado a los representantes del caso, al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las audiencias públicas sobre este caso, que se realizarán el 29 y 30 de junio de 2011. Por lo que hasta el 23 de junio se podrán remitir declaraciones de testigos y peritos en este asunto para ser analizados por el tribunal interamericano.
Las organizaciones firmantes y defensores de derechos humanos que suscribimos este comunicado, expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de indefensión en la que permanecen los miembros de la familia Barrios y exigimos al Estado venezolano, de manera inmediata, sin dilaciones, investigar los hechos y sancionar a los responsables, así como adoptar con carácter de urgencia las medidas
necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros sobrevivientes de la Familia Barrios. Un hecho demostrativo de este grave esquema de impunidad y de ensañamiento que se ha desarrollado en contra de esta familia es que, en un número creciente, los integrantes de la familia Barrios se han visto obligados a desplazarse de sus hogares, dejar sus trabajos y separarse de sus seres queridos por efecto directo de las diversas amenazas y hostigamientos, lo cual ha configurado un daño irreparable para la integridad personal de sus integrantes. Por todo lo precedente, exigimos a las autoridades competentes lo siguiente:1. Al Ministerio Público, que inicie de manera inmediata una  investigación exhaustiva sobre los hechos que dieron origen al asesinato de Juan Barrios y que dé un efectivo impulso procesal al resto de las investigaciones que comprenden los diversos ataques que ha recibido la familia Barrios desde 1998 y que ya están bajo su conocimiento, sin ningún resultado hasta la fecha.
2. Al Presidente de la República y al Gobernador del Estado Aragua, que ordenen un mecanismo de protección especial para la familia Barrios, con la previa participación y aquiescencia de los beneficiarios y sus representantes, para evitar que se repita un nuevo atentado contra alguno de los integrantes sobrevivientes de la familia Barrios y en acatamiento de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Al Gobernador del Estado Aragua, que ordene la inmediata intervención de la Policía del Estado Aragua y tome todas las medidas conducentes para facilitar las investigaciones que se deriven de las responsabilidades administrativas, civiles y penales en las que puedan haber incurrido los integrantes de este
cuerpo policial, implicados en las gravísimas violaciones de los derechos humanos en contra de la familia Barrios.
4. Al Presidente de la República que, desde el Ejecutivo Nacional, se ofrezcan todas las facilidades necesarias para que los testigos y peritos en este caso puedan ofrecer sus testimonios y dictámenes a la Corte Interamericana, sin ninguna obstrucción ni consecuencias ulteriores.
ONG firmantes:
-Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).
-Acción Solidaria (ACSOL).
-Caritas los Teques.
-Casa de la Mujer Juana Ramírez “La Avanzadora” de Maracay.
-Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV.
-Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
-Comité de familiares de víctimas de los sucesos ocurridos entre febrero y marzo de
1989 (COFAVIC)-Comité de Familiares y Víctimas de Atropellos Policiales y Militares del estado
Anzoátegui (COFIVANZ).
-Comité de Víctimas Bruzual Yaracuy.
-Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara.
-Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos del estado Barinas.
-Comité Pro-defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón
(COPRODEH).
-CONVITE A.C.
-Espacio Público.
-Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal de Venezuela
-Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres.
-Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
-Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).
-Vicaría Episcopal de Derechos Humanos (Vicaría).
Personales:
- Dra. Isolda Heredia de Salvatierra, Activista de Derechos Humanos.
-Andrés Cañizales, Profesor universitario.
-Dr. Jesús María Casal, Profesor universitario.
-Dr. Luis Alfonso Herrera, Profesor universitario.
-Miriam Núñez, Activista de Derechos Humanos.
-Raúl Cubas, Activista de Derechos Humanos

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