La niña que se hizo justicia por propia mano ante negligencia de autoridades

Texto de Patricia Chandomí
Twitter: @patriachandomi

Patricia Chandomí.- En octubre del 2004 Margarita López Gómez se presentó ante el Ministerio Público de Chiapa de Corzo para denunciar a su esposo Juan Velasco López por violencia intrafamiliar, las autoridades se limitaron a tomarle su declaración con ayuda de un traductor, como era monolingüe con señas el dijeron que ya habían levantado el acta y que si “pasaba cualquier cosa quedaría un antecedente”.

Margarita fue “apartada” para Juan a los once años de edad por diez botellas de Alcohol que éste entregó a su padre, para obligarla a casarse con él, un año después en el paraje Tojchuctik, municipio de Mitontic, uno de los municipios más pobres y marginados de Chiapas.

Como Juan no tenía tierra en Mitontic, la pareja se fue a buscar trabajo al municipio de Venustiano Carranza, ahí rentan un cuarto, a los dos meses de vivir con su pareja, Margarita acudió a sus autoridades tradicionales en Mitontic para denunciar los maltratos de Juan, quien la golpeaba a diario.

Sin obtener el apoyo de las autoridades y de su familia que le dice “que es su marido y se debe aguantar” la niña de doce años regresa a vivir con su “marido”, éste al poco tiempo consigue trabajo de capataz en el rancho Chincuyal en la colonia Montecristo.

II

Juan consigue otra “esposa”

A pesar de la precariedad del trabajo de Juan y de su adicción al alcohol, éste consigue otra mujer, Juana Santiz Méndez, originaria de Betania, municipio de Teopisca, a quien lleva a vivir al mismo domicilio de Margarita, en el rancho Chincuyal, con cada una Juan procrea 6 hijos.

Margarita y Juana viven aisladas en el rancho, monolingües, pobres y violentadas diariamente sin tener mayor relación con otras personas del lugar, Margarita volvería a acudir al juez de paz de su comunidad en Mitontic para denunciar los golpes de Juan un par de veces más, sin tener mayor respuesta, pese a la responsabilidad de estas autoridades locales, para intervenir y evitar la violencia de género sufrida por Margarita y Juana, toda vez, que los jueces de paz están reconocidos dentro del Código de Procedimientos Civiles como parte del sistema judicial.

Margarita y Juana no serían las únicas olvidadas por el sistema de justicia mexicano y torturadas por Juan, Sonia la hija mayor de Margarita fue violada a los 8 años de edad, a las doce años tuvo una hija derivado de las constantes violaciones sexuales de su padre.

“Yo le preguntaba a mi hija, de quién es ese hijo, y ella me dijo es que un hombre me agarro en el monte cuando iba al río, pero yo no estaba contenta con esa respuesta, porque Juan no la dejaba salir a ninguna parte, empecé a sospechar, hasta que un día con mi poquito español, me puse a platicar con una vecina del rancho que llego a preguntar algo al rancho y yo le dije que si sabía de algún hombre violador y ella me dijo aquí no tenemos esas costumbres, no será que a su hija la agarro su marido” platicó Margarita.

“Desde ahí me entró la duda y una vez obligué a mi hija que me confesara de quien era el hijo y salió cierto que el hijo era de Juan, pero cuando intenté reclamarle casi me mata, ese día nos pegó a puras patadas a las tres” dijo Margarita.

Cuando llegaba borracho Juan obligaba a Margarita y a Juana a tomar con él, Margarita confiesa que se hizo alcohólica, “yo ya no quería vivir, no podía hacer nada por mí, ni por mi hija, ni por mis nietas, yo no era nadie, no sabía hablar el español, la gente no me entendía, la justicia no me hizo caso, ahí fue que agarré vicio de trago”.

A pesar de los reclamos Juan siguió violando a Sonia, al año y medio de haber tenido a su primera hija, Sonia volvió a quedar embarazada de su padre.

III

La justicia por propia mano

A los quince años, Sonia llevaba 7 años de violación constante de parte de su padre, 2 hijos indeseados, vivía aislada y era golpeada con peor salvajismo, sobre todo cuando se resistía a tener relaciones sexuales.

“Un día yo bajé a lavar ropa al río, y vi a lo lejos como mi papá le quitaba la ropa a mi hermanita de 5 años y como la empezaba a manosear, yo sentí una cosa tan fea, tan fea en todo el cuerpo, una impotencia, una rabia, un enojo, que me jure que mi hermanita no pasaría lo mismo que yo” contó Sonia.

Ese mismo día por la noche, Juan llegó directamente a golpear a Margarita quien se encontraba alcoholizada, Juan golpeaba de manera alternada a Margarita y a Juana.

Sin embargo, se entretenía más con Margarita que ya estaba inconsciente, esa noche del 23 de enero de 2005, a sus 15 años de edad, Sonia no tuvo duda, fue al fogón tomó un leño y acabo a golpes a su violador y al torturador de su madre.

A los pocos minutos, Margarita, Juana y Sonia sabrían que el hombre que las había violentado por años estaba muerto.

Lo dejaron tal como había quedado en el último instante de su vida, las tres se fueron con los 14 niños, Juana se fue a la cabecera municipal de Carranza con sus 6 hijos, Margarita y Sonia regresaron a Mitontic.

IV

Huyendo de la violencia

Margarita dijo a los familiares y a las autoridades que habían regresado huyendo de la violencia de Juan, así vivieron 2 meses, sin embargo, pasado este tiempo a Mitontic se presentó Juana, quien no encontró medios de sobrevivencia en Carranza para ella y sus 6 hijos, monolingüe y sin recurso alguno.

Juana llegó con la familia de Juan para ver si éste tenía alguna herencia, así fue que los familiares se enteraron que Juan había muerto; hasta ese momento Juana no había dicho cómo murió, pero al presentar a Juana con las autoridades locales, ésta termino confesando la historia.

V

La “justicia” en su contra

El juez de paz manda a llamar a Margarita y a Sonia quienes aceptan los hechos, las tres mujeres fueron apresadas, al ser juzgadas el Magistrado de la Sala Regional Colegiada en materia penal zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas señala que la declaración de Margarita es absurda, porque no tiene como comprobar que estaba borracha por que la sentencia a ella como culpable del delito de homicidio calificado.

Juana es encarcelada por encubrimiento y Sonia es trasladada al Centro de Readaptación para Menores Villa Crisol, la menor pasa dos años y medio de su vida en este lugar y luego queda libre.

Margarita fue enviada a la cárcel preventiva de Carranza con una sentencia de 15 años, ahí permaneció literalmente enjaulada por ser la única mujer, en esta condición que violentó sus derechos humanos más básicos, permaneció casi 4 años, en el 2008 Margarita fue trasladada al penal 5 de San Cristóbal de las Casas.

A pesar de que Margarita no podía convivir con los reclusos, en este lugar quedó embarazada; en el 2009 por intervención del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se apela su sentencia y ésta queda por 11 años y 8 meses, pese a que nunca se acreditó su participación en la muerte de Juan.

VI

La libertad vale más de 34 mil pesos



Margarita ya cumplió más del 60 por ciento de su sentencia, lleva 7 años privada de su libertad, sin poder ver a sus hijos que están bajo el cuidado de su anciana madre que también vive violencia.

“Me preocupan mis hijitos, me preocupa que ya no puedo recordar bien sus caritas, me preocupa que no tenemos tierras, que mis papás son viejos y pobres y no sé que vaya a ser de mis hijos” dice Margarita en un español que le empieza a ser fluido.

Sonia vive en otro municipio y cuida de sus hijas, producto de la violación, de un hijo que tiene con su actual pareja y de la niña que tuvo su mamá en la cárcel.

Rosa López Santis, indígena tsotsil trilingüe, defensora popular de derechos humanos del CDMCH, lleva el caso de Margarita asentado en la causa penal 30 del 2005, radicada en el Juzgado Mixto de la primera Instancia de Venustiano Carranza.

Por su gestión a Margarita ya le concedieron la suspensión de la sentencia, pero para poder salir libre necesita pagar una multa de reparación de daños por 34 mil 799 pesos, dinero que evidentemente no juntaría en años.

El caso de Margarita está en la mesa de reconciliación y revisión de expedientes del gobierno de Chiapas con el número 379/MR/2010 y la defensa a cargo de la defensora indígena, apela a que el gobierno del estado asuma el pago de esta multa por reparación de daños.

“Este caso ilustra el nivel de discriminación y violencia hacia las mujeres de parte del Estado, hay una discriminación por ser indígenas, pobres, monolingües y analfabetas; existe un racismo de las autoridades, deficiencias en la impartición de justicia, la historia de estas tres mujeres no debe volverse a repetir nunca” concluye la defensora.