Coordinacion Red Amnistia Aragua 2 1- ).

Coordinacion  Red Amnistia Aragua 2

1- ). Jorge  Leon Garcia                           CI     5.609.604   Area  Educacion  D.D.H.H

2- ). Carlos Alberto  Cabrera                   CI     3.375.371   Area  Educacion  D.D.H.H

3- ). Carlos javier rodriguez  gomez          CI   18.854.736  Area  Educacion  D.D.H.H

4- ). Ivan     Antonio    cañizales               CI     1.987.312  Area  Educacion  D.D.H.H

5- ). Rodrigo Polentino  perez                  CI   15.275.913  Area Violencia de Genero
6-).    Palima  Leonelson                             CI     14.926.161 Area de Comunicación 
7-).   Emilio Ferrera                                   CI     4.253.880 Area de Comunicación

Colaboradores

1.       Rosmary  Figuera                                     CI     2.244.318

2.       Yusmary   katiuska Diaz                          CI   14.355.042

3.       Carlosmagno  sanz  grissol                       CI     6.908.883

4.       Jose  matias cruz bastardo                       CI   10.043.430

6.       Cona  de Dominguez euda  moreno         CI   10.285.321

7.       Carmen Eloisa  Felia Bolivar                     CI     7.261.215

8.       Luis Gabriel Petrocelli salazar                    CI   17.295.845

9.   Maigualida calama guevara                        CI     7.213.981

10.   Rafael del valle nuñez calvo                       CI    5.696.232

11.   Arg  Tarek Haidon                                   CI    7.250.768 

Todavía se tortura en Venezuela

nota de prensa
Caracas, 22 de junio de 2011. En el marco del Día Internacional de Solidaridad con Víctimas de Tortura que se conmemora el próximo 26 de junio, denunciamos que la tortura no es sólo un asunto del pasado, sino que está presente en nuestro país y en el mundo y, por tanto, exigimos a las autoridades tomar medidas contundentes para acabar con esta abominable práctica.
Exigimos que la tortura sea erradicada de nuestro país, que sean sancionados los torturadores y las torturadoras, que se les brinde atención médica y psicológica a las víctimas hasta su plena rehabilitación, así como justa reparación y compensación de los daños causados a las víctimas, a sus familias y comunidades. Es indispensable re instruir a todos los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de la tortura, a través de la promulgación de una ley que la prevenga. En tal sentido, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz evalúa como positiva la discusión que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional para sancionar las torturas cometidas entre 1958 y 1998; sin embargo, recordamos que la tortura no es historia y que aún está presente en el país.
Asimismo, exhortamos a la Asamblea Nacional a que cumpla el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la elaboración de una ley contra la tortura, pues la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 estableció que “Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: 1) La legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del Código Penal”.
Por otra parte, solicitamos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia que diseñe un plan para la prevención de la tortura en Venezuela, y realice una campaña de concientización general sobre la problemática de la tortura en Venezuela y su absoluta prohibición
Balance sobre la tortura 2003-2011
Desde enero de 2003 a junio de 2011, hemos brindado atención integral (médica, psicológica y jurídica) a 243 personas víctimas de tortura, quienes presentan un patrón característico: 190 son del sexo masculino y 50 del sexo femenino. Además, más del 65% poseen edades comprendidas entre 18 y 38 años, siendo los y las estudiantes, obreros y obreras y oficios varios las ocupaciones que agrupan a más del 40% de las víctimas.
La tortura es practicada por algunos funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y militares, con el objetivo de castigar, obtener información o amedrentar a las víctimas. Según nuestras investigaciones, en cuanto policías nacionales, el CICPC es el cuerpo más denunciado (con 24.69% de los casos; es decir, 60 casos de 243), mientras que de las policías regionales, el primer lugar en denuncias lo obtiene la Policía Metropolitana (con 12,35% de los casos; es decir, 30 casos de 243). En cuanto a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la Guardia Nacional Bolivariana tiene más del 12% de las denuncias (30 de 243), seguido del Ejército con 5,76% (14 casos de 243).
El método de tortura más común es el de golpear o patear a las víctimas, seguido de la agresión verbal o de amenazas de muerte y/o de tortura a un familiar.
Los lugares desde donde se nos han reportado más denuncias ha sido el Distrito Capital, con 48,56% de los casos, seguido por el estado Miranda con 11,93%. Si bien son significativas estas cifras, no podemos tomarlas en términos absolutos puesto que, por temor o desconocimiento, no todas las personas denuncian y a otras tantas víctimas se les dificulta acceder a la justicia.
La tortura, que es el conjunto de maltratos físicos y psicológicos causados de forma deliberada por funcionarios o funcionarias de los cuerpos de seguridad del Estado, deja secuelas físicas y psicológicas que se traducen en sufrimientos del largo alcance. Al evaluar a las 243 personas víctimas de tortura o maltratos que hemos atendido, encontramos la presencia de una o varias secuelas, siendo “mialgias” o dolores musculares los más reportados, que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo; contusiones, hematomas, cicatrices y heridas, entre otras.

La tortura es maltrato a toda la sociedad

26/06/2011, Diario La Voz
“Cada vez que existe un caso de tortura están maltratando a toda la sociedad. Este flagelo debe ser erradicado en el país, no disminuido”, expresó Fiorella Perrone, doctora del Programa de Atención a Integral a Persona Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La tortura es todo acto por el cual un funcionario público o una funcionaria pública, u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación (Convención Contra la Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes). La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad, es por ello que en 1997, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 26 de Junio como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, para la erradicación de tan repugnante práctica que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de la humanidad.
En el marco de la conmemoración de ese día, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz presentó un balance sobre la situación de tortura en Venezuela, basado en el total de personas víctimas de tortura o maltratos atendidas por nuestra organización entre 2003 y 2011. Según este informe, existe una tipología del torturado en Venezuela. Esas características indican que las personas víctimas de tortura son en su mayoría hombres, estudiantes, con edades comprendidas entre 18 y 28 años. Generalmente, estas víctimas viven en el Distrito Capital y, en segundo lugar, provienen del estado Miranda, y pertenecen a sectores populares.
La tortura es practicada por algunos funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y militares, con el objetivo de castigar, obtener información o amedrentar a las víctimas. De 243 personas víctimas de tortura o maltratos atendidas por la Red de Apoyo entre 2003 y 2011, el CICPC aparece como el cuerpo de seguridad más involucrado en estas violaciones a los derechos humanos, registrando 60 casos. En cuanto a las policías regionales, es la Policía Metropolitana (PM) la que registra la mayor cantidad de denuncias, con 30 casos. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana también está involucrada en la misma cantidad de denuncias que la PM. En el ámbito local, la Policía del Municipio Libertador está implicada en once denuncias.
La tortura es un hecho devastador en la vida de cualquier ser humano; siempre afecta y deja secuelas, tanto físicas como psicológicas, y tiene consecuencias sobre quien la padece directamente y sobre el grupo familiar y en su comunidad. Al evaluar a las 243 personas víctimas de tortura o maltratos que hemos atendido, encontramos la presencia de una o varias secuelas físicas, siendo “mialgias” o dolores musculares los más reportados, que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo; contusiones, hematomas, cicatrices y heridas, entre otras. Las secuelas psicológicas más comunes son miedo, ansiedad y angustia, alteraciones del sueño, sentimiento de rabia e impotencia, inapetencia, pensamiento recurrente del evento de tortura, tristeza y estado de hipervigilancia permanente. Por ello, es fundamental que estas personas, así como sus familiares, reciban atención médica y psicológica, para poder redimensionar la experiencia traumática, aliviar los sufrimientos y reconstruir su proyecto de vida.
¿A dónde acudir si eres víctima de tortura o maltrato?
Organismos gubernamentales:
Ministerio Público. Unidad de Atención a la Víctima: 0212 509 7211/ 509 7464/ 0- 800-FISCA-00 (0-200-34722-00)/ mp@fiscalia.gov.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Defensoría del Pueblo: 0212 575 4703/ 0-8000-PUEBLO (0-8000-783256)/ denuncias@defensoria.gov.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Organizaciones de derechos humanos:
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz: 0212 574 1949/ 574 8005/ secretaria@redapoyo.org.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC): 0212 572 9912/ 572 6220/ 572 9631/ cofavic@cofavic.org.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
¿Qué dice la ley?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la obligación del Estado de investigar las denuncias, indemnizar y dar protección a las víctimas, así como identificar y sancionar a los responsables de los delitos y violaciones de derechos humanos. Desde 1998, la legislación penal reconoce derechos a las víctimas. En este sentido, el Ministerio Público está obligado a velar por los intereses de la sociedad y de la víctima en todo el proceso penal y los jueces o juezas tienen la responsabilidad de garantizar a la víctima el respeto, la protección y reparación del daño ocasionado.
Asimismo, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el estado venezolano y que está comprometido a cumplir, señala que no hay razón o circunstancia alguna que justifique el delito de tortura, inclusive cuando se trate de estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Así como tampoco la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario.

La tortura es maltrato a toda la sociedad

26/06/2011, Diario La Voz
Cada vez que existe un caso de tortura están maltratando a toda la sociedad. Este flagelo debe ser erradicado en el país, no disminuido, expresó Fiorella Perrone, doctora del Programa de Atención a Integral a Persona Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La tortura es todo acto por el cual un funcionario público o una funcionaria pública, u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación (Convención Contra la Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).
La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad, es por ello que en 1997, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 26 de Junio como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, para la erradicación de tan repugnante práctica que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de la humanidad.
En el marco de la conmemoración de ese día, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz presentó un balance sobre la situación de tortura en Venezuela, basado en el total de personas víctimas de tortura o maltratos atendidas por nuestra organización entre 2003 y 2011.
Según este informe, existe una tipología del torturado en Venezuela. Esas características indican que las personas víctimas de tortura son en su mayoría hombres, estudiantes, con edades comprendidas entre 18 y 28 años. Generalmente, estas víctimas viven en el Distrito Capital y, en segundo lugar, provienen del estado Miranda, y pertenecen a sectores populares.
La tortura es practicada por algunos funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y militares, con el objetivo de castigar, obtener información o amedrentar a las víctimas. De 243 personas víctimas de tortura o maltratos atendidas por la Red de Apoyo entre 2003 y 2011, el CICPC aparece como el cuerpo de seguridad más involucrado en estas violaciones a los derechos humanos, registrando 60 casos. En cuanto a las policías regionales, es la Policía Metropolitana (PM) la que registra la mayor cantidad de denuncias, con 30 casos. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana también está involucrada en la misma cantidad de denuncias que la PM. En el ámbito local, la Policía del Municipio Libertador está implicada en once denuncias.
La tortura es un hecho devastador en la vida de cualquier ser humano; siempre afecta y deja secuelas, tanto físicas como psicológicas, y tiene consecuencias sobre quien la padece directamente y sobre el grupo familiar y en su comunidad. Al evaluar a las 243 personas víctimas de tortura o maltratos que hemos atendido, encontramos la presencia de una o varias secuelas físicas, siendo mialgias o dolores musculares los más reportados, que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo; contusiones, hematomas, cicatrices y heridas, entre otras. Las secuelas psicológicas más comunes son miedo, ansiedad y angustia, alteraciones del sueño, sentimiento de rabia e impotencia, inapetencia, pensamiento recurrente del evento de tortura, tristeza y estado de hipervigilancia permanente. Por ello, es fundamental que estas personas, así como sus familiares, reciban atención médica y psicológica, para poder redimensionar la experiencia traumática, aliviar los sufrimientos y reconstruir su proyecto de vida.
¿A dónde acudir si eres víctima de tortura o maltrato?
Organismos gubernamentales:
Ministerio Público. Unidad de Atención a la Víctima: 0212 509 7211/ 509 7464/ 0- 800-FISCA-00 (0-200-34722-00)/ mp@fiscalia.gov.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Defensoría del Pueblo: 0212 575 4703/ 0-8000-PUEBLO (0-8000-783256)/ denuncias@defensoria.gov.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Organizaciones de derechos humanos:
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz: 0212 574 1949/ 574 8005/ secretaria@redapoyo.org.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC): 0212 572 9912/ 572 6220/ 572 9631/ cofavic@cofavic.org.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
¿Qué dice la ley?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la obligación del Estado de investigar las denuncias, indemnizar y dar protección a las víctimas, así como identificar y sancionar a los responsables de los delitos y violaciones de derechos humanos. Desde 1998, la legislación penal reconoce derechos a las víctimas. En este sentido, el Ministerio Público está obligado a velar por los intereses de la sociedad y de la víctima en todo el proceso penal y los jueces o juezas tienen la responsabilidad de garantizar a la víctima el respeto, la protección y reparación del daño ocasionado.
Asimismo, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el estado venezolano y que está comprometido a cumplir, señala que no hay razón o circunstancia alguna que justifique el delito de tortura, inclusive cuando se trate de estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Así como tampoco la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario.

si hay salida

Es horroroso y supremamente alarmante, como la inseguridad se multiplica cómodamente en Venezuela en todas sus urbes, en donde los delegados de proteger, todos su organismos, desde la policía, CICPC, dejan mucho que decir de sus funciones, de conducta, valores, como lo denuncia incesantemente los diarios nacionales, la televisión, la radio, señalando que en muchos robos, secuestros, han intervenido policías, al observar como la inseguridad día a día se manifiesta, que es Nuestro principal objetivo, es no tener libertad al andar por las calles, la violencia a llegado a tal niveles; que no es tan solo el ciudadano comun,  quien comete los delitos; el clásico atraco o robo, sino que ya se habla de sicariato, secuestros express, secuestros prolongados. Y la mayoria de las veces son que desde las mismas instituciones los funcionarios perfeccionan los modos operantis, ofreciendo la tecnologia programada para la proteccion de la seguridad social al ciudadano, al servicio del delito(actualizando las formas de delinquir) pues despues de ser usado por o el benericio de algunos funcionarios las transmitr a la delicuencia comun entre ellas podemos emnumera las tecnicas, herramientas, el trafico de influecia convirtiendo al delito en una verdadera profesion, e ironicamente podemos hablar de doctores del delito cuando nos tropezamos con la impunidad.
Nuestra constitución contempla, dentro de los derechos de los venezolanos, la protección por parte del Estado y el deber del Ejecutivo Nacional de mantener y reestablecer el orden público y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley; atraves de los organos competemtes ya antes mencionados la policía, CICPC GUARDIA NACIONAL MINISTERIIO PUBLICO ETC. pero en la realidad los ciudadanos cada vez se ven más agobiados ante la impotencia de verse vulnerables con una delincuencia desatada y a veces protegida y tecnificada por los que deberían combatirla que el gobierno no ha sabido frenar. Es algo que hay que razonarlo, por los múltiples factores que intervienen dentro del conflicto de seguridad social. El más reciente informe sobre derechos humanos, publicado por Amnistía Internacional (AI) destaca la violencia por "el uso de armas de fuego para cometer homicidios y otros delitos violentos siguió estando muy extendido, incluso en las cárceles". Sin olvidar que solo Venezuela es quien aporta datos para tales fines ya no podemos obviar al vecino país colombiano, Brasil, Méjico y aun los estados unidos que vende la violencia, a través de su programas de guerra invadiendo naciones en nombre de la libertad y no estamos excusando a nadie cada quien sabrá cual es la cuota que debe tomar en el asunto
Esta realidad se torna cada vez más catastrófica, que uno no sabe hasta lo que puede pasarle
 es la agresión que cobra el mayor número de víctimas en el país, es un negocio acaudalado con cuantiosas ivisiones, por su extensión económico-político-social, es un problema de interés legal ordinario de igual, o mayor magnitud, que el narcotráfico, tiene ramificaciones internacionales, y requiere la aplicación de medidas efectivas para proteger a los ciudadanos, con acciones eficaces para prevenir el delito, perseguir y castigar a sus autores y penar a los funcionarios corruptos cómplices o conniventes.
es necesario asegurar la coordinación estrecha de todos los cuerpos de seguridad y otros funcionarios que intervienen en la lucha contra el  robo y todo tipo de delito, que las autoridades policiales actúen con más eficiencia en la resolución de los delitos y que no se conformen solo con amedrentar al ciudadano común, a trabajadores de la economía informal. Por cierto que ocurrió otro caso en las inmediaciones del boulevard Pérez Almarza de Maracay, entre un buhonero y policía municipal, que por poco no le pega a este por estar trabajando ante dantesca circunstancia en plena vía pública, en momentos que el gobierno central pide al privado de libertad que deponga su actitud sin utilizar la violencia, con todo que estos están procesados por delitos, los  policía municipales, tratan al pueblo como animales, provocándoles para incitarlos a la violencia, y levantarles un expediente que tal vez lo haga llegar hasta el hacinamiento carcelario será este el aporte de la alcaldía municipal de Girardot, al conflicto de las cárceles en el país. Se debe  ofrecer al público mejor trato simplificar las diligencias y celeridad en los procedimientos según la constitución de la república bolivariana de Venezuela
Por último, considérenos, que cada día se transgreden la ley. En la mayoría de los casos quienes facilitan la tarea a los delicuentes. Es La falta de precaución, el exceso de confianza, los descuidos y otras conductas similares que permiten a los delincuentes realizar sus fechorías.mas la colaboracion e incitacion de algunos fucionarios como es caso el antes mencionado por los policias municipales. Además, es un hecho comprobado, que hoy día prácticamente ninguno de los dispositivos supuestamente inventados para proteger disponen de todos lo recursos para suprimirlos. En el peor de los casos con la ayuda y protección de los órganos competentes para combatirlos por medio de funcionarios corruptos e inconscientes de sus verdaderas funciones.

reflexion de veraz

por rodrigo polentino(proviar)

Motivados por lo que actualmente ocurre en la cárcel el Rodeo debemos hacer una profunda reflexión sobre las cárceles en general y por el sistema judicial venezolano

Muchas veces y con razón criticados, por tantas personas que han sido carentes de un apego positivo en la limitación de conocimientos en la materia, y en el recurso de supervivencia que ha venido ser más violentos que lo que los demás se pueden imaginar.
Que no habitan en ese ambiente social y físico. Nunca han podido desarrollar una adecuada capacidad de raciocinio lógico. En algunos casos solo se limitan a criticar la conducta de los privados de libertad, como si solo ellos fueran los culpable del deterioro social, entre otros que se abstienen de comentario soluble, para explotar su coviniencia politiqueras, con trasfondos mezquinos, por otra parte: los que han sido víctimas de ambos casos en la calle para ellos solamente hay sufrimiento. Sin una objetiva consideración de la justicia.
Una vez que se les encarcelan y que se encuentran en una población de personas igualmente privadas de afecto y impedimento. Se instruyen allí con reglas  para las destrezas más eficientes y seguir coexistiendo en una sobrevivencia, en un universo asentado en el poder sanguinario. Luego salen, ágiles en reproducir el resentimiento que han cultivado. Asimismo detrás de su encierro han abierto una red de individuos equivalentes a ellos mismos. Que han aprendido el delito como una profesión, en muchos casos no saben que otra cosa hacer. Devuelta en las calles, se encuentra con un capitalismo salvaje, que consume a la sociedad y se convierte en sus esbirros, cobrándoles al prójimo la cuota que la estructura social, les ha obligado aceptar pasándole la factura de todos
¿Esta es la sociedad que queremos? ¿No sería mejor enseñar la empatía que les hace falta? ¿Proveer terapia psicológica, cárceles con trato amable, comida nutritiva, cuartos y camas cómodas, escuelas y bibliotecas provistas de oportunidades de pensar de otro modo, entrenamiento para poder trabajar afuera y vivir bien en base a este trabajo? ¿Pero sobre todo por que no educar a las nuevas generaciones con un legado apegado a la justicia y al  derechos de todos y para todos? No estaríamos más seguros asi.

amnistia

El "Tratado de la Gente" para el control de armas tiene que ser a prueba de balas

Una persona muere cada minuto como consecuencia de la violencia armada. Y cada día varios miles sufren lesiones, violaciones, brutales represiones y traumas o son obligadas a huir de sus hogares. A finales de 2008, 26 millones de personas fueron internamente desplazadas como consecuencia de conflicto armado. Se destruyen familias y millones de hombres, mujeres, niños y niñas viven con miedo.
Los gobiernos tienen que acabar con el comercio irresponsable de armas
Las armas son los únicos artículos expresamente concebidos para matar y herir. El comercio mundial de numerosos artículos, hasta el de los plátanos y los huesos de dinosaurio, está regulado por tratados, pero no el de las armas y las balas.
Gracias a los esfuerzos de la campaña Armas bajo Control, los gobiernos por fin van a empezar las negociaciones en julio de 2010. Es el momento de decirles la clase de tratado que la gente necesita.





TALLER MANUAL EDUCATIVO PARA LA DIVERSIDAD en Maracay


20 / 06 / 2011 de 3pm to 6pm – Escuela Basíca Estada "José María Benítez", ubicada en la Av. 107, La Coromoto Maracay Edo. Aragua
La intención es de cubrir el vacío que hasta los actuales momentos ha habido y que debe ser llenado. Se trata de la primera guía educativa pensada para que maestros, profesores, orientadores y educad…
Organizado por Fundación Reflejos de Venezuela
Tipo: charla., obra, de, teatro, y, más



. 20 DE JUNIO "DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO"Publicado por Francisco Jose Hurtado Singer en 19 / 06 / 2011 a la(s) 11:02pmVer el blog de Francisco Jose Hurtado Singer.

¿Quien es un Refugiado?

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él"..
En busca de la seguridad
La práctica de conceder asilo a personas que huyen de la persecución en tierras extranjeras es uno de los primeros hitos de la civilización. Referencias a ella se han encontrado en los textos escritos hace 3.500 años, durante el florecimiento de los grandes imperios a principios del Oriente Medio tales como los hititas, babilonios, asirios y los egipcios antiguos.
Más de tres mil años después, protección de los refugiados se hizo el mandato principal de la agencia de refugiados de la ONU, que fue creada para ocuparse de los refugiados, especialmente de los que esperaban para regresar a casa al final de la Segunda Guerra Mundial.
La Convención de Refugiados de 1951 que es el mandato principal del ACNUR explica que un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".
Desde entonces, el ACNUR ha ofrecido protección y asistencia a decenas de millones de refugiados, buscando soluciones duraderas para muchos de ellos. Los patrones globales de migración se han vuelto cada vez más complejas en los tiempos modernos, con la participación no sólo de los refugiados, sino también a millones de inmigrantes económicos.
Los migrantes, especialmente los migrantes económicos, deciden mudarse con el fin de mejorar las perspectivas de futuro de sí mismos y sus familias. Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado - de hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros países no les brindan la protección necesaria, y no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenándolos a muerte - o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos.
Ponte en los Zapatos de un Refugiado
y da el Primer Paso para  Entender su Situación
En el marco de la campaña adelantada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR-, la Red Táchira de Amnistía Internacional coordina esfuerzos para extender una mano a las personas en situación de refugio del estado. Para ello se estarán recolectando alimentos no perecederos, ropa o calzado en buen estado y lencería que pueda servir a las familias en los campos de refugiados que se encuentran en el Táchira. Las donaciones serán recibidas durante la semana del 20 al 24 de junio por los miembros de la Red Táchira con quienes podrán estar en contacto para la entrega. Posterior a la recolección se fijara una fecha para realizar una visita a los campos y hacer entrega de las donaciones percibidas a estas familias.

Derechos humanos y función policial

Francisco Martínez //

10/06/2011, Correo del Orinoco
Al revisar la historia de los derechos humanos, parece existir como elemento común un gran vacío en cuanto a la incorporación de este enfoque como ideología en el quehacer cotidiano de las instituciones o cuerpos de seguridad de los diferentes Estados que conforman la comunidad internacional; tanto así que, al preguntarle a cualquier persona sobre quién viola mas los derechos humanos, la respuesta es generalmente “la policía”, ignorando casi por completo a otros actores que forman parte del Estado y que también pueden incurrir en vulneraciones a los derechos.
Sin embargo, este tipo de respuestas no son gratuitas. Es bien sabido que, tradicionalmente, las instituciones policiales han sido utilizadas como cuerpos uniformados y de represión por parte de los y las gobernantes de turno, obviando su verdadero rol de garante de la seguridad y el orden en una determinada sociedad y eso ha conllevado a tener, en nuestro país por ejemplo, un modelo policial caracterizado por prácticas negligentes y corruptas, distante del pueblo, con poco nivel de profesionalización, imbuido de visiones discriminatorias (xenófobo, clasista, racista, misógino), al servicio de grupos económicos, o de poder, y esencialmente represivo.
Por tanto, este esquema policial es percibido negativamente por la población debido a dos factores fundamentalmente: el primero, por considerarse que los cuerpos policiales resultan ineficientes en garantizar la seguridad; y segundo, porque se percibe que la policía en sí misma está involucrada en la comisión de muchos de los delitos que debería combatir. En pocas palabras, como violadores y violadoras de los derechos humanos.
Pero la verdad es que el mundo policial y el de los derechos humanos, pese a parecer contradictorio (por una realidad histórica), necesariamente están unidos. Lo importante es iniciar por deslastrar la noción tradicional con la que concebimos la función policial, desde dentro y fuera de los cuerpos de seguridad, y dar paso a una visión más progresista y acorde con el enfoque de derechos humanos.
Desde adentro, los cuerpos policiales deben asumirse como promotores y garantes de los derechos humanos. Como establece la misión de la Policía Nacional Bolivariana, la policía es: “un órgano de carácter civil, profesional, predominantemente preventivo, cuya misión es garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgo o daños a la integridad física, sus propiedades, el libre ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley… y facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación, conforme a los estándares nacionales establecidos”.
Debemos y merecemos tener cuerpos policiales que, lejos de reprimir, prevengan el delito; que sean controlados, pero que sobre todo se autoncontrolen y se limiten a actuar apegados a las leyes en nuestro país, y no de acuerdo a intereses personales que, en muchas ocasiones, conllevan a la vulneración de derechos. Asimismo, cuerpos policiales que no discriminen, que asuman a todas las personas que forman parte de la sociedad como un ser humano, como un par que siente y padece igual que cualquier funcionario o funcionaria policial, pero que sobre todo tiene los mismos derechos que los policías uniformados y uniformadas.
Desde afuera, la colectividad, organizada o no, debe asumir un rol de corresponsabilidad, respeto por el estado de derecho, contralor de la función policial, actor principal en la prevención del delito; denunciar, construir, en fin, fungir como apoyo en la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad.
En pocas palabras, los derechos humanos encuentran allí en los cuerpos policiales un espacio natural donde insertarse como parte de su vida institucional y procedimental; por tanto, estos deben abrir sus puertas a este enfoque como un mecanismo para mejorar su actuación, recordar la ética policial, actuar apegados a los parámetros normativos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y, especialmente, convertirse en una policía cercana a la población y a sus necesidades, que se asuma como parte de ella, y no por encima del resto de las personas, como suelen hacerlo.
Este no es un proceso sencillo ni rápido, pero debe iniciarse el camino de construcción colectiva que permita solidificar los puentes entre el mundo de los derechos humanos y el de la función policial; puentes, como los que desde hace dos décadas tiende la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y, más recientemente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), a través de la formación en derechos humanos para funcionarios y funcionarias policiales y también para las comunidades, que sirvan para promover una policía más respetuosa que, además de exigir sus propios derechos, pueda defender los de la ciudadanía en general; una policía al servicio de la sociedad y una sociedad al servicio de la policía.
Acerca de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y genera procesos de educación en derechos humanos. Estamos en Parque Central, Avenida Lecuna. Edif. Caroata, Nivel oficina 2, ofic.220. Telefax: 574 19 49 / 574 80 05 www.redapoyo.org.ve.

El Desarme: Una necesidad vital

Liliana Cadena //

12/06/11, Diario la Voz
En el mundo de hoy, donde la violencia ha tomado el lugar del diálogo y de los acuerdos para solucionar los conflictos, cada día mueren más personas por armas pequeñas y ligeras que por guerras entre naciones o pueblos.
Al hablar de “armas pequeñas”, nos referimos a las de uso personal como los revólveres, pistolas, rifles, carabinas, ametralladoras ligeras, rifles de asalto, ametralladoras de pequeño calibre y material policial represivo; mientras que “armas ligeras” son aquellas pensadas para el uso de varias personas, como ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, lanzadores portátiles, misiles, etc.
El empleo de armas pequeñas y ligeras deja a su paso una estela de dolor y sufrimiento para un gran número de familias. Si citamos estadísticas oficiales, recientemente, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, señaló que Venezuela es uno de los países con mayor número de asesinatos en Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes; en 2010, 94% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Por su parte, Amnistía Internacional (AI), en su capítulo sobre Venezuela, señala que en este país hay 12 millones de armas ilegales, según cifras del 2010, y la situación es de "total descontrol".
¿Qué hacer ante esta grave situación?
Es urgente comenzar y acelerar el proceso de desarme, lo que implica la participación directa y activa del Estado; pues si bien cada año las autoridades decomisan y destruyen armas ilegales, esto no ha sido suficiente para frenar el incremento de las mismas. Hace casi un mes, las autoridades comenzaron la destrucción de 65 mil 380 armas de fuego incautadas por los diferentes cuerpos de seguridad del país durante el todo el 2010. Esta cantidad representa un incremento de 102% con relación al año pasado, según señaló el director general de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, general Julio César Morales: “eso significa que cada ocho minutos en nuestro país un organismo de seguridad decomisa un arma de fuego ilegal". Por ende, estos datos sugieren que no basta solo con incautar y quemar armas de fuego, sino que hace falta tomar medidas integrales, que se reflejen en una política pública nacional para recuperar y controlar las armas y municiones, presentes en el país.
Trabajo en equipo: Gobierno - sociedad civil
El pasado 13 de mayo de 2011, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ, Tareck El Aissami, anunció la creación de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme (COPREDE) que será "la encargada de fomentar el diseño, construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones y el desarme", según lo establece la Gaceta Oficial 39.673.
Dicha instancia, presidida El Ministro El Aissami, reúne a 19 personas más, entre ellas los viceministros del MPPRIJ, Néstor Reverol, Edgar Barrientos y Edwin Rojas; el director del Seniat, José David Cabello; el presidente de la Federación Nacional de Tiro, Gerardo Trotta; el director de Armas y Explosivos de Ministerio de la Defensa, Julio Morales; el director de Delitos Comunes del Ministerio Público, Orlando Padrón; las profesoras Verónica Zubillaga, Ana María San Juan; los profesores Andrés Antillano y Reinaldo Hidalgo; el diputado del PSUV Freddy Bernal, y el diputado opositor Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), Fernando Giuliani del Centro Gumilla; y el coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, quien es el secretario técnico de dicha comisión.
Para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la participación en la COPREDE “es una tarea prioritaria… que ayuda a reducir los mecanismos que facilitan la mortandad y la violencia armada en nuestra sociedad y fortalece los aportes para la construcción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”. Esto además, se vincula directamente con la razón de ser de nuestra organización, que es promover y defender los derechos humanos en Venezuela, especialmente el derecho a la vida, la libertad personal, la seguridad e integridad personal e inviolabilidad del hogar, prioritariamente de los sectores populares.
¿Cómo trabajará la COPREDE?
La recién creada COPREDE funcionará a través de cinco coordinaciones que hasta ahora se han planteado:
• Fortalecer el plan de desarme y revertir la matriz de opinión que refiere que “estar armado es estar más seguro”.
• Sistematizar las investigaciones y documentales sobre la tenencia de armas y consulta de experiencias previas sobre desarme y control de armas.
• Realizar una campaña en medios, para promover la paz y la resolución no violenta de los conflictos.
• Aplicar medidas especiales, como el marcaje de municiones, fabricación y comercialización de las armas y destrucción de armas de fuego.
• Desarrollar el tema jurídico y normativo de la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones.
El trabajo para el desarme ya está en marcha, falta ahora la ejecución, evaluación y la participación de la sociedad civil.
¡Estamos llamados a participar!
Si bien el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y todas y todos los expertos y expertas que hacen parte de dicha comisión están haciendo un esfuerzo para reducir el problema de la inseguridad, esto no es posible sin la participación de toda la sociedad y todas las instancias públicas. Todas y todos estamos llamados a colaborar en la materia de desarme.
Una manera de hacerlo es participar en la consulta pública que se va a realizar con la finalidad de que la Ley del Desarme y Control de Armas y Municiones, que está en discusión, recoja los intereses de todas y todas; es decir, la voluntad popular. Si desean pueden enviar sus sugerencias y opiniones a la dirección Twitter @leydesarme2011 y al correo electrónico leydesarme2011@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Fuentes:
Derechos Humanos en la Pared. Año VII, Enero- junio 2001, Nº 13. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Caracas. Venezuela.
Y de las páginas web http://www.redapoyojusticiaypaz.org.ve , http://www.canaldenoticias.com.ve/ma%C3%B1ana-inician-consulta-sobre-ley-desarme