26/06/2011, Diario La Voz
Cada vez que existe un caso de tortura están maltratando a toda la sociedad. Este flagelo debe ser erradicado en el país, no disminuido, expresó Fiorella Perrone, doctora del Programa de Atención a Integral a Persona Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La tortura es todo acto por el cual un funcionario público o una funcionaria pública, u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación (Convención Contra la Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).
La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad, es por ello que en 1997, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 26 de Junio como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, para la erradicación de tan repugnante práctica que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de la humanidad.
En el marco de la conmemoración de ese día, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz presentó un balance sobre la situación de tortura en Venezuela, basado en el total de personas víctimas de tortura o maltratos atendidas por nuestra organización entre 2003 y 2011.
Según este informe, existe una tipología del torturado en Venezuela. Esas características indican que las personas víctimas de tortura son en su mayoría hombres, estudiantes, con edades comprendidas entre 18 y 28 años. Generalmente, estas víctimas viven en el Distrito Capital y, en segundo lugar, provienen del estado Miranda, y pertenecen a sectores populares.
La tortura es practicada por algunos funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y militares, con el objetivo de castigar, obtener información o amedrentar a las víctimas. De 243 personas víctimas de tortura o maltratos atendidas por la Red de Apoyo entre 2003 y 2011, el CICPC aparece como el cuerpo de seguridad más involucrado en estas violaciones a los derechos humanos, registrando 60 casos. En cuanto a las policías regionales, es la Policía Metropolitana (PM) la que registra la mayor cantidad de denuncias, con 30 casos. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana también está involucrada en la misma cantidad de denuncias que la PM. En el ámbito local, la Policía del Municipio Libertador está implicada en once denuncias.
La tortura es un hecho devastador en la vida de cualquier ser humano; siempre afecta y deja secuelas, tanto físicas como psicológicas, y tiene consecuencias sobre quien la padece directamente y sobre el grupo familiar y en su comunidad. Al evaluar a las 243 personas víctimas de tortura o maltratos que hemos atendido, encontramos la presencia de una o varias secuelas físicas, siendo mialgias o dolores musculares los más reportados, que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo; contusiones, hematomas, cicatrices y heridas, entre otras. Las secuelas psicológicas más comunes son miedo, ansiedad y angustia, alteraciones del sueño, sentimiento de rabia e impotencia, inapetencia, pensamiento recurrente del evento de tortura, tristeza y estado de hipervigilancia permanente. Por ello, es fundamental que estas personas, así como sus familiares, reciban atención médica y psicológica, para poder redimensionar la experiencia traumática, aliviar los sufrimientos y reconstruir su proyecto de vida.
¿A dónde acudir si eres víctima de tortura o maltrato?
Organismos gubernamentales:
Ministerio Público. Unidad de Atención a la Víctima: 0212 509 7211/ 509 7464/ 0- 800-FISCA-00 (0-200-34722-00)/ mp@fiscalia.gov.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Defensoría del Pueblo: 0212 575 4703/ 0-8000-PUEBLO (0-8000-783256)/ denuncias@defensoria.gov.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Organizaciones de derechos humanos:
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz: 0212 574 1949/ 574 8005/ secretaria@redapoyo.org.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC): 0212 572 9912/ 572 6220/ 572 9631/ cofavic@cofavic.org.veThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
¿Qué dice la ley?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la obligación del Estado de investigar las denuncias, indemnizar y dar protección a las víctimas, así como identificar y sancionar a los responsables de los delitos y violaciones de derechos humanos. Desde 1998, la legislación penal reconoce derechos a las víctimas. En este sentido, el Ministerio Público está obligado a velar por los intereses de la sociedad y de la víctima en todo el proceso penal y los jueces o juezas tienen la responsabilidad de garantizar a la víctima el respeto, la protección y reparación del daño ocasionado.
Asimismo, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el estado venezolano y que está comprometido a cumplir, señala que no hay razón o circunstancia alguna que justifique el delito de tortura, inclusive cuando se trate de estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Así como tampoco la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario.
