Ruptura
Domingo 20 de Marzo de 2011 09:58
ANTE PROYECTO DE CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ABOGADOS BOLIVARIANOS CELEBRADO EN CIUDAD GUAYANA SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA
El Primer Encuentre de Abogados Bolivariano, a realizarse en Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, entre los días Viernes 18 y Sábado 19, ambos del mes de Marzo del 2011, tiene como meta ser el primero de unas series de encuentros nacionales del sector más consecuente y radical de los operadores del sistema judicial venezolano que propugna y propone una constituyente judicial (Reestructuración del sistema de justicia, órganos del poder ciudadano y administrativos del ejecutivo nacional), con el fin de adecuar la conducta y accionar de estos órganos de aplicación de justicia a nuestra carta magna la cual es de carácter socialista.
Nuestra novísima constitución está inscrita dentro del “Derecho Socialista”, principio este que aunque no está reconocido por la academia formal, de carácter burgués, pero que debemos luchar para que sea reconocido, sobretodo por el colectivo social, ya que ella está inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, pensamiento anti-imperialista y social (El “Bolívar Social” de Angostura y la mayor suma de felicidad), en un estado democrático social de derecho y de justicia que implica un estado no neo-liberal, no-capitalista que son los mayores promotores de la injusticia y desigualdad en el mundo, por lo tanto que favorezca al débil jurídico, al pobre, al trabajador frente al patrón; y nuestra constitución se sustenta en otros principios y valores que solo son logrables bajo un sistema socialista.
Pero nuestra Constitución Bolivariana de avanzada y socialista, no está siendo llevado a la práctica por quienes les toca administrar justicia y quienes son auxiliares y co-responsable de esa administración de justicia, en donde incluimos no solo a los tribunales y defensorías o poder judicial, también al ministerio público, defensoría del pueblo y contraloría general
y los órganos administrativos del ejecutivo tales como Inspectorías del Trabajo INPSASEL, Policías, Penitenciarias, Notarias y Registros, quienes se han apartado de la doctrina inmersa en la constitución y vienen aplicando no un estado democrático social y justiciero sino un derecho pro-burgués y pro-patronal, en donde reina la impunidad con el fuerte, con el golpista que atenta en contra del país, del especulador que aumenta delictualmente el costo de la vida y es el verdadero culpable de la alta inflación en Venezuela, criminalizando las protestas populares y las luchas obreras, ya el código penal, en la reforma del 2005, cuando era Presidente de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro penalizó a las invasiones y muchas formas de protestas populares, aparte que le redujo la pena al delito del narco tráfico en Cinco (5) años, en la reforma de la ley anti-drogas de ese mismo año; por otro lado no se reforma integralmente el código penal para incluir la actualización de los delitos de conspiración, subversión, insurrección, en donde muchas conductas de los capitalistas que juegan a la desestabilización económica y política, el terrorismo mediático deberían ser sancionados con penas largas de prisión y no meras sanciones administrativas o multas como existen hasta ahora.
Por otro lado tenemos un poder judicial, un ministerio público, una defensoría del pueblo y una contraloría general en donde se ha vuelto al amiguismo y al partidismo (Algunos consideran que el término es impreciso porque “nunca se han ido”), en donde por intermedio de “cursitos” o alegando “carrera” que disimulan el “dedazo” y le cierran oportunidades a profesionales jóvenes, honestos, competentes y sobretodo que vienen de los estratos sociales más bajos, a quienes precisamente la revolución bolivariana viene a reivindicar; son nombrados, repito, amigotes y personas que le son fiel a un partido político, que cuando escrudiñamos, vemos que esa fidelidad no es a un ideal socialista ni anti-imperialista ni bolivariano sino a grupos de poder (Macoyas, mafias) enquistadas en esos partidos, supuestamente revolucionarios; volviéndose a crear, al igual que en el puntofijismo, una capa de jueces, fiscales y demás funcionarios públicos afines y conexos con la administración de justicia, con precaria formación académica y bajo nivel ético que liberan al criminal fuerte (Al pudiente burgués especulador o terrorista mediático y al sicario que tiene varios homicidios pero pertenece al hampa organizada), pero que son implacable con el débil, el que hurta o roba por necesidad o al dirigente social que por falta de techo invadió un terreno baldío o inútil con fines de engorde (En la mayoría de las veces recién adquiridos) o con el dirigente social que por falta de servicios públicos trancó una calle y sobretodo, para favorecer a patronos (En algunos casos en donde el patrón es el estado caso que se repite mucho en Guayana), han venido dándole carácter penal a luchas obreras y sindicales, aparte que las policías no investigan a fondo los casos de sicariato sindicales ni de ninguna otra índole. Nuestras cárceles, al igual que en el puntofijismo, se han vuelto a hacinar de pobres, en donde prácticamente ese es su único delito, el ser pobre. En otras palabras, nuestra Constitución Nacional, es ineficaz, hoy, y por eso se requiere de un Tsunami que la haga eficaz y ese Tsunami debemos ser nosotros, los Abogados Bolivarianos, por intermedio de una constituyente judicial; única forma de ser útiles y no grandes como lo instruyó el Libertador. Por ello, la coordinación del evento (La cual es horizontal y abierta a cualquier otra propuesta), propone que se den Cinco (5) Mesas: La primera seria el poder judicial y la defensoría publica; la segunda mesa seria el ministerio publico; la tercera la defensoría del pueblo, la cuarta serian los órganos administrativos del ejecutivo nacional relacionados con la administración de justicia (Notarias, Registros, Inspectorías del Trabajo, INPSASEL, Policías tales como GNB, CICPC y las policías regionales y nacional); y como quinta mesa seria la constituyente judicial en sí.
TRIBUNALES Y DEFENSORIAS PÚBLICAS
Aproximación a Conclusiones
Nombramiento de Jueces, por parte de Luisa Estela Morales de Acosta (Y una macolla que amparada en Chávez, a quien lo satisfacen en todo a título personal, es la nueva “dueña” del poder judicial), alegando elementos tecnocráticos como “meritos”, currículo y en donde más vale la experiencia como juez o jueza (Que favorece a los puntofijistas quienes bastante oportunidad tuvieron de medrar en el poder judicial), por intermedio de “cursitos” efectuados por la Escuela de la Magistratura cuyos cursos son de carácter del derecho burgués, en donde se ensalza a las vacas sagradas del derecho, en su mayoría enemigos del país y de la revolución como Brewer Carias, Alberto Arteaga Sánchez, aparte de ser el “genio de la escuela” el ex-magistrado, abiertamente derechista, Cabrera Romero Jesús Eduardo quien al decir de Bolívar “La inteligencia sin probidad es un azote”. En el poder judicial la revolución bolivariana no ha tenido suerte. En la presidencia anterior de Omar Mora Díaz venia nombrando Jueces por intermedio de “cursitos”, en donde le dieron “estabilidad” a todos los jueces puntofijistas, quienes han debido ser más bien expulsados de la administración de justicia porque de lo contrario no tuvo razón de ser la revolución bolivariana y la nueva constitución que de ella se derivó; se hubiesen dejado las cosas como estaban, cuestión esta que no es cierta, pero que por la forma de actuar los nuevos dueños del poder judicial pareciere que fuese así. Este proceso de enraizamiento y estabilidad de todos los jueces, aparte de ser un petitorio bastante vehemente de FEDECAMARAS, enemiga de la nación y del progreso, por intermedio de cursitos, Omar Mora Díaz, quien forma parte, conjuntamente con Rafael Perdomo, Luis Franceschi, Nicolás Maduro, el Chino Khan, María Cristina Iglesias, Francisco Rangel Gómez, Cilia Flores y José Ramón Rivero de la fracción que agrede a Guayana y sabotea el plan Guayana Socialista 2009-2019 y al control obrero y motoriza la criminalización de las luchas obreras y el desconocimiento de los sindicatos y dirigentes clasistas y por el contrario propugna por la creación y el fortalecimiento de una central obrera paralela, sectaria, patronal, oficialista, gobiernera y mafiosa. Con Luisa Estela Morales se eliminó el nombramiento masivo (Lo hacen en algunas circunstancias) de jueces y juezas por “cursitos” y está implantando el dedo directamente, en donde, en dicho nombramiento solo influye una fracción del Psuv (La derecha endógena o pumalaca), y aquí se ha eliminado el control social, hasta en su elección, ha eliminado el control social de dichos nombramientos hasta en algo tan sencillo como elemental, cual era publicar el nombramiento del juez en la prensa, antes de que tomara el cargo, para que la ciudadanía hiciese reparos o denuncia a dicho nombramiento, y estas denuncias paralizaban el nombramiento por intermedio de una investigación sumaria respetando el derecho a la defensa del aspirante a Juez esta buena práctica de transparencia judicial la implantó la Comisión de Reestructuración para el Poder Judicial de rango constituyente, desaparecida, en mala hora, por Iván Rincón Urdaneta, Oberto Vélez y Omar Mora Díaz, con fines de quedarse ellos, en aquel momento, en la cúpula del poder judicial, esta buena praxis, repito, impidió que muchos vagabundos reconocidos llegasen a ocupar la judicatura.
Aunado a lo anterior, la institución de la denuncia ha perdido vigencia, ya el pueblo no se atreve (Ni quiere) denunciar jueces y otros funcionarios judiciales corruptos o que cometen irregularidades, como lo hacía espontanea y entusiastamente al inicio del gobierno bolivariano (1.999-2.000), creyendo en la institución de la denuncia y que esa denuncia iba a surtir sus efectos, iba a tener resultados, se escuchan opiniones hasta de tomar la justicia por sus propias manos o “dejar eso así”, porque la magistratura de Luisa Estela, al igual que la anterior de Omar Mora, al denunciado no le hacen nada, más bien muchas veces “lo premian”, y ellos quedan burlados y con un enemigo “de cuidado” encima. Esto es grave y delicado, porque se pierde la credibilidad en las instituciones y que ellas puedan autorregularse o auto corregirse, dándole un caldo de cultivo favorable a la oposición más rancia y golpista.
Estos nombramientos a dedo y tendenciosos (Macolleros), de Luisa Estela, aparte que se han nombrado personas que no cumplen con el requisito mínimo para ser jueces, han traído como consecuencia, adicionalmente en la provincia, “Jueces Foráneos” de Caracas o no compenetrados con la región y hasta con el litigio sin calidad académica y con muy poca ética, en desmedro ya no solo de la administración de justicia sino del derecho mismo.
Impera una reestructuración a fondo del poder judicial, el cual forma parte de la constituyente judicial.
LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Aproximación a Conclusiones:
El organismo donde menos movilidad laboral (Cambio de personal viejo por uno nuevo) de la IV República ha habido ha sido la Fiscalía del Ministerio Publico, en donde los que se han ido, o ha sido por su cuenta o porque han sido jubilados, y el nuevo personal ingresado, viene “cortado por la tijera antigua” (Puntofijista), conservando su estirpe acomodaticia y de arrime al poder, típico de la época de “Doña Lola” de Serpa Arcas, el Fiscal General del nefasto Lusinchi, prófugo de la justicia Venezolana y refugiado en la academia Bogotana de la Colombia Santaderiana y anti-Bolivariana, al igual que Pedro Carmona Estanga.
Producto de la pésima labor desempeñada por Julián Isaías Rodríguez, quien en buena hora no llegó al TSJ, porque con-nacionales se quejaron públicamente como el estado Fascista-Falangista y Franquista Español, hoy disfrazado de democracia y que pisotea los derechos políticos del milenario pueblo Vasco, humillaba y hasta los “carajeaban”, en el Aeropuerto de Barajas de Madrid, bajo la mirada complaciente y permisiva del “poeta”, quien es el padre de impunidad de la V República, y jamás la Fiscalía estuvo en peores manos, superado solo por el prófugo marido de “Doña Lola”, amparado por el gobierno Santo-Uribista; tenemos una fiscalía que es muy diligente cuando se trata de un caso personal o de “interés personal” (Claro esta ligado con lo político) del Comandante o cuando, al decir de Alí Primera, se trata de los pobres.
En nuestro Estado ha sido la Fiscalía, principalmente, la que se ha prestado para criminalizar a dirigentes obreros que han impulsado luchas laborales, conjuntamente con Jueces y Juezas que se prestan hasta para soltar sicarios, como han sido casos reseñados por la prensa, de personas que después de asesinadas y denunciarse que eran “ajustes de cuentas”, resulta que a pesar de tener varios homicidios encima gozaban de beneficio procesal, algo inaudito. En el estado Bolívar, impera la destitución o traslado a otra zona de la Fiscala Superiora que su gestión ha sido de genuflexión a los pumalacas en su labor de acabar con el plan “Guayana Socialista 2009-2019” y el “Control Obrero” y los sindicatos y dirigentes clasistas, en primer orden, y que se de una poda de muchos Fiscales que no cumplen su función ni son cónsonos con el estado socialista prescrito en nuestra carta magna.
La Fiscalía del Estado Bolívar, conjuntamente con el CICPC y la policía regional, tienen un record de impunidad de centenas de actos de sicariatos, que no han pasado de la fase de investigación, casos que son “resueltos mediáticamente” con la palabrita “ajustes de cuentas”.
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Aproximación a Conclusiones:
Este organismo ha sido el mas desvirtuado de todas las figuras constitucionales, y quizás por ser un organismo nuevo a los pumalacas se les hizo muy fácil convertirlo en un “Elefante Blanco”, inservible y bueno para nada.
Inspirado en la figura del Ombudsman Europeo, quien es una especie de “abogado popular” defensor del consumidor a quien representa hasta las instancias judiciales, si es preciso, función esta que se pudo haber adicionado con la defensa publica integral (Penal, civil, laboral, niños y adolescentes y comunitaria o municipal), y así hubiese quedado como un ente defensor del pueblo y a la vez generador, promotor de una sociedad civil verdadera con autonomía verdadera y no sujeta a manipulación politiquera como lo hace la derecha, porque el Ombudsman hubiese sido la mejor universidad para la conformación de comités de consumidores y usuarios, así como comités de defensa de diferentes especies con asesoramiento técnico serio del estado y apoyo de este, pero nada que ver.
La Defensoría es un ente morrocoy uno, burocrático, bastante formal, siempre buscando a quien descargarle su responsabilidad para no hacer nada y de hecho es un ente “mandador de correspondencia”. En Guayana los nombramientos de estos entes corresponden a la burocracia quien le manda una “lista” a Gabriela Ramírez, en donde se nombra los pocos cargos existentes; pero en verdad este organismo es tan ineficaz e infuncional que casi ni se siente, solo sirve, para de una forma política-partidista, muy poco técnica y no constitucional avalar al gobierno en materia de derechos humanos; pero es que ni siquiera para eso es eficaz.
Las ONGs de DDHH financiadas por la CIA superan en eficacia y efectividad y se sienten mas (No pueden alegar la parte mediática en su descargo puesto que tienen a sus pies al sistema de medios públicos), que la propia Defensoría del Pueblo.
Este ente con Gabriela Ramírez, ha caído en un error garrafal típico del puntofijismo adeco-copeyano, de confundir solidaridad con el gobierno bolivariano revolucionario y socialista, (Ojo: que la debe haber), pero en función de ideología y principios y del actuar en función de esa ideología y principios, con las “solidaridades automáticas”, (Al partido hay que defenderlo así lo esté haciendo mal) de los adecos, que era una alcahuetería o complicidad. Al ser solidario con ideología y principios cuando el gobierno lo hace mal se reprende.
Se propone que este organismo asuma las funciones de defensor del consumidor y usuario y absorba la Defensa Publica Integral, hoy incorrectamente adscrita al Poder Judicial, en donde la defensa no se hace de forma consecuente, por ser el mismo patrón tanto del Juez como del Defensor, lo cual muchas veces inhibe al defensor o defensora llegar hasta las ultimas consecuencias como debe ser y por eso el estado le paga. Igualmente este organismo debe asumir la defensa de intereses colectivos y difusos de comunidades, gremios y personas desvalidas.
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER EJECUTIVO INHERENTES Y CONEXOS AL SISTEMA DE JUSTICIA
Inspectorías del Trabajo y órganos de INPSASEL
Registros y Notarias
Policías (CICPC, GNB, Cárceles)
Inspectorías del Trabajos y Órganos de INPSASEL:
Aproximación a conclusiones:
Por intermedio de María Cristina Iglesias quien es de pensamiento neoliberal y actitudes abiertamente patronal; la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT-Central paralela de Maduro, Khan y Rivero), las Inspectorías del Trabajo han sido utilizadas para avalar despidos de dirigentes clasistas y la ilegalización o mejor dicho no-legalización de sindicatos clasistas y a la vez para convalidar sindicatos, no solo de la FBT (Muchos de ellos con dirigentes adecos y copeyanos de muy malas mañas quienes sin ton ni son se colocaron una cachucha roja), sino también de sindicatos y dirigentes adecos y copeyanos y de primero justicia; en detrimento de corrientes clasistas que están con el proceso revolucionario.
Las Inspectorías, paralelamente a ser oficinas favorecedoras de la burocracia sindical y de la derecha, han venido tejiendo una doctrina pro-patronal que beneficia al capitalista, quienes jamás habían gozado de tanta prerrogativas y privilegios como ahora con el Ministerio del Trabajo de María Cristina y todos estos privilegios son a costa de una “imparcialidad” que beneficia al patrono, como dice el Comandante Chávez, parafraseando a Montesquieu; “la igualdad entre el pobre y el rico, oprime”. De esta “imparcialidad” también participan en la Sala Social Omar Mora Díaz, Rafael Perdomo y Luis Eduardo Franceschi, inspirados en los institutos de derecho del trabajo, pro-burgués de la UCV-UCAB.
Si existen algunos funcionarios dentro del gobierno bolivariano que se parcializan a favor del mas fuerte, en detrimento del débil jurídico, que es el trabajador, son los inspectores del trabajo y demás funcionarios de este Ministerio y muchas veces cuando son increpados, se esconden en la, ya mencionada, “imparcialidad” y no pocos alegan el hecho de ser “técnicos”, para justificar su parcialización hacia el patrón.
UNA NUEVA LEY ORGANICA DEL TRABAJO QUE CONTEMPLE EL CONTROL OBRERO.
El control obrero, figura de rango constitucional, prevista en el artículo 70 y en Titulo VI, relativo al sistema socio-económico, ya que la co-gestión y la autogestión, hoy por hoy, es un término meramente político, no existe una norma que lo regule y amplíe. Esa norma debió ser la nueva ley orgánica del trabajo revolucionaria, que la asamblea nacional anterior, la de Maduro y Cilia, pasó Cinco (5) años sin aprobar este instrumento tan importante para la clase obrera. Por ello Los Abogados Bolivarianos, como forma de ser útiles a la sociedad, a la vez que nos consolidamos y contribuimos a adecentar al poder judicial, debemos proponer, la reforma a la ley orgánica del trabajo, en específico, la inclusión de un titulo especial, con sus capítulos, referente al control obrero o autogestión y/o cogestión industrial o administrativa (Caso de entes públicos), en donde se incluya la democratización u horizontalización del poder de la fabrica y la producción colectiva. sindicatos clasistas y a la vez para convalidar sindicatos, no solo de la FBT (Muchos de ellos con dirigentes adecos y copeyanos de muy malas mañas quienes sin ton ni son se colocaron una cachucha roja), sino también de sindicatos y dirigentes adecos y copeyanos y de primero justicia; en detrimento de corrientes clasistas que están con el proceso revolucionario. Las Inspectorías, paralelamente a ser oficinas favorecedoras de la burocracia sindical y de la derecha, han venido tejiendo una doctrina pro-patronal que beneficia al capitalista, quienes jamás habían gozado de tanta prerrogativas y privilegios como ahora con el Ministerio del Trabajo de María Cristina y todos estos privilegios son a costa de una “imparcialidad” que beneficia al patrono, como dice el Comandante Chávez, parafraseando a Montesquieu; “la igualdad entre el pobre y el rico, oprime”. De esta “imparcialidad” también participan en la Sala Social Omar Mora Díaz, Rafael Perdomo y Luis Eduardo Franceschi, inspirados en los institutos de derecho del trabajo, pro-burgués de la UCV-UCAB.
Si existen algunos funcionarios dentro del gobierno bolivariano que se parcializan a favor del mas fuerte, en detrimento del débil jurídico, que es el trabajador, son los inspectores del trabajo y demás funcionarios de este Ministerio y muchas veces cuando son increpados, se esconden en la, ya mencionada, “imparcialidad” y no pocos alegan el hecho de ser “técnicos”, para justificar su parcialización hacia el patrón.
UNA NUEVA LEY ORGANICA DEL TRABAJO QUE CONTEMPLE EL CONTROL OBRERO.
El control obrero, figura de rango constitucional, prevista en el artículo 70 y en Titulo VI, relativo al sistema socio-económico, ya que la co-gestión y la autogestión, hoy por hoy, es un término meramente político, no existe una norma que lo regule y amplíe. Esa norma debió ser la nueva ley orgánica del trabajo revolucionaria, que la asamblea nacional anterior, la de Maduro y Cilia, pasó Cinco (5) años sin aprobar este instrumento tan importante para la clase obrera.
Por ello Los Abogados Bolivarianos, como forma de ser útiles a la sociedad, a la vez que nos consolidamos y contribuimos a adecentar al poder judicial, debemos proponer, la reforma a la ley orgánica del trabajo, en específico, la inclusión de un titulo especial, con sus capítulos, referente al control obrero o autogestión y/o cogestión industrial o administrativa (Caso de entes públicos), en donde se incluya la democratización u horizontalización del poder de la fabrica y la producción colectiva.
colectivo social de Guayana, profundizar sobre los casos de criminalización, y hacer que estos sean declarados como “No-Penales” y sean remitidos al Juez competente al del Trabajo o a las Inspectorías del Trabajo respectivas porque son de naturaleza sindical o laboral.
Igualmente entre los Tribunales de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, existen más de 500 personas, imputadas por delitos de invasiones y tranca de calles, acciones que son productos de luchas sociales de las comunidades por mejor calidad de vida o por el buen vivir, producto de la indolencia e ineficacia de Alcaldes y Gobernadores, incluidos los “bolivarianos”.
Es lamentable ver como estas normas fueron introducidas en la última reforma penal como un instrumento en contra de las guarimbas de los “riquitos del este de Carcasa” que con fines subversivos hacían este tipo de acciones, pero por el contrario ninguno de ellos está preso, y la burocracia ha utilizado estas normas penales, anti-subversivas (Subversión de derecha y golpista al estilo 2002-2003), con fines de criminalizar las luchas populares que merecidamente les reclaman rendición de cuentas y el cumplimiento de su deber; y al revés gente de nuestro pueblo presa o imputada indebidamente, dándole un tratamiento penal a asuntos que son de índole social.
POR ULTIMO: LUCHAR POR LA CONSTITUYENTE JUDICIAL
Por ello debemos luchar no solo por la constituyente judicial, entendida ella por la restructuración del poder judicial y reformas de leyes vitales tanto adjetivas como substantivas, entre ellas el Código Procesal Civil (CPC), para cumplir con el mandato constitucional de procesos orales y públicos, de verdad; la reforma del Código Penal, que adormece desde el 2002 en la asamblea nacional, la nueva ley orgánica del trabajo, en donde entre otros se incluya un titulo especial del “control obrero” y las “tomas de fabricas por los trabajadores con sus consecutivas nacionalizaciones o estatizaciones y posterior control obrero”, la reforma de la ley de minas, en donde las minas “lomitos” de oro de Guayana se las están devolviendo a una transnacional judía-canadiense, mafiosa, con bandera rusa, después que costo tanto sacar a Cristallex, los Cisneros y a empresas gringas y británicas. Las minas de oro de nuestra Guayana deben explotarse por empresas colectivas o de producción social, bajo control obrero, con asesoramiento y financiamiento del estado, bajo un plan de producción, respetando el medio ambiente, evitando el contrabando de minerales preciosos y contribuyendo con el buen vivir de los habitantes del sur del estado bolívar. Por último, se debe proponer, como parte de la constituyente judicial, la reforma del código de comercio, para incluir un nuevo tipo de empresa o empresa de nuevo tipo, que serian aquellas bajo control obrero. Una nueva empresa diferente a la Sociedad
