ANTE PROYECTO DE CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE ABOGADOS BOLIVARIANOS CELEBRADO EN CIUDAD GUAYANA SOBRE EL SISTEMA
DE JUSTICIA
El Primer
Encuentre de Abogados Bolivariano, a realizarse en Ciudad Guayana, Municipio
Caroní del Estado Bolívar, entre los días Viernes 18 y Sábado 19, ambos del mes
de Marzo del 2011, tiene como meta ser el primero de unas series de encuentros
nacionales del sector más consecuente y radical de los operadores del sistema
judicial venezolano que propugna y propone una constituyente judicial
(Reestructuración del sistema de justicia, órganos del poder ciudadano y
administrativos del ejecutivo nacional), con el fin de adecuar la conducta y
accionar de estos órganos de aplicación de justicia a nuestra carta magna la
cual es de carácter socialista.
Nuestra novísima
constitución está inscrita dentro del “Derecho Socialista”, principio este que
aunque no está reconocido por la academia formal, de carácter burgués, pero que
debemos luchar para que sea reconocido, sobretodo por el colectivo social, ya
que ella está inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar,
pensamiento anti-imperialista y social (El “Bolívar Social” de Angostura y la
mayor suma de felicidad), en un estado democrático social de derecho y de
justicia que implica un estado no neo-liberal, no-capitalista que son los
mayores promotores de la injusticia y desigualdad en el mundo, por lo tanto que
favorezca al débil jurídico, al pobre, al trabajador frente al patrón; y nuestra
constitución se sustenta en otros principios y valores que solo son logrables
bajo un sistema socialista.
Pero nuestra
Constitución Bolivariana de avanzada y socialista, no está siendo llevado a la
práctica por quienes les toca administrar justicia y quienes son auxiliares y
co-responsable de esa administración de justicia, en donde incluimos no solo a
los tribunales y defensorías o poder judicial, también al ministerio público,
defensoría del pueblo y contraloría general y los órganos administrativos del
ejecutivo tales como Inspectorías del Trabajo INPSASEL, Policías,
Penitenciarias, Notarias y Registros, quienes se han apartado de la doctrina
inmersa en la constitución y vienen aplicando no un estado democrático social y
justiciero sino un derecho pro-burgués y pro-patronal, en donde reina la
impunidad con el fuerte, con el golpista que atenta en contra del país, del
especulador que aumenta delictualmente el costo de la vida y es el verdadero
culpable de la alta inflación en Venezuela, criminalizando las protestas
populares y las luchas obreras, ya el código penal, en la reforma del 2005,
cuando era Presidente de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro penalizó a las
invasiones y muchas formas de protestas populares, aparte que le redujo la pena
al delito del narco tráfico en Cinco (5) años, en la reforma de la ley
anti-drogas de ese mismo año; por otro lado no se reforma integralmente el
código penal para incluir la actualización de los delitos de conspiración,
subversión, insurrección, en donde muchas conductas de los capitalistas que
juegan a la desestabilización económica y política, el terrorismo mediático
deberían ser sancionados con penas largas de prisión y no meras sanciones
administrativas o multas como existen hasta ahora.
Por otro lado
tenemos un poder judicial, un ministerio público, una defensoría del pueblo y
una contraloría general en donde se ha vuelto al amiguismo y al partidismo
(Algunos consideran que el término es impreciso porque “nunca se han ido”), en
donde por intermedio de “cursitos” o alegando “carrera” que disimulan el
“dedazo” y le cierran oportunidades a profesionales jóvenes, honestos,
competentes y sobretodo que vienen de los estratos sociales más bajos, a quienes
precisamente la revolución bolivariana viene a reivindicar; son nombrados,
repito, amigotes y personas que le son fiel a un partido político, que cuando
escrudiñamos, vemos que esa fidelidad no es a un ideal socialista ni
anti-imperialista ni bolivariano sino a grupos de poder (Macoyas, mafias)
enquistadas en esos partidos, supuestamente revolucionarios; volviéndose a
crear, al igual que en el puntofijismo, una capa de jueces, fiscales y demás
funcionarios públicos afines y conexos con la administración de justicia, con
precaria formación académica y bajo nivel ético que liberan al criminal fuerte
(Al pudiente burgués especulador o terrorista mediático y al sicario que tiene
varios homicidios pero pertenece al hampa organizada), pero que son implacable
con el débil, el que hurta o roba por necesidad o al dirigente social que por
falta de techo invadió un terreno baldío o inútil con fines de engorde (En la
mayoría de las veces recién adquiridos) o con el dirigente social que por falta
de servicios públicos trancó una calle y sobretodo, para favorecer a patronos
(En algunos casos en donde el patrón es el estado caso que se repite mucho en
Guayana), han venido dándole carácter penal a luchas obreras y sindicales,
aparte que las policías no investigan a fondo los casos de sicariato sindicales
ni de ninguna otra índole. Nuestras cárceles, al igual que en el puntofijismo,
se han vuelto a hacinar de pobres, en donde prácticamente ese es su único
delito, el ser pobre.
En otras
palabras, nuestra Constitución Nacional, es ineficaz, hoy, y por eso se requiere
de un Tsunami que la haga eficaz y ese Tsunami debemos ser nosotros, los
Abogados Bolivarianos, por intermedio de una constituyente judicial; única forma
de ser útiles y no grandes como lo instruyó el Libertador.
Por ello, la
coordinación del evento (La cual es horizontal y abierta a cualquier otra
propuesta), propone que se den Cinco (5) Mesas: La primera seria el poder
judicial y la defensoría publica; la segunda mesa seria el ministerio publico;
la tercera la defensoría del pueblo, la cuarta serian los órganos
administrativos del ejecutivo nacional relacionados con la administración de
justicia (Notarias, Registros, Inspectorías del Trabajo, INPSASEL, Policías
tales como GNB, CICPC y las policías regionales y nacional); y como quinta mesa
seria la constituyente judicial en sí.
TRIBUNALES Y DEFENSORIAS
PÚBLICAS
Aproximación a
Conclusiones
Nombramiento de
Jueces, por parte de Luisa Estela Morales de Acosta (Y una macolla que amparada
en Chávez, a quien lo satisfacen en todo a título personal, es la nueva “dueña”
del poder judicial), alegando elementos tecnocráticos como “meritos”, currículo
y en donde más vale la experiencia como juez o jueza (Que favorece a los
puntofijistas quienes bastante oportunidad tuvieron de medrar en el poder
judicial), por intermedio de “cursitos” efectuados por la Escuela de la
Magistratura cuyos cursos son de carácter del derecho burgués, en donde se
ensalza a las vacas sagradas del derecho, en su mayoría enemigos del país y de
la revolución como Brewer Carias, Alberto Arteaga Sánchez, aparte de ser el
“genio de la escuela” el ex-magistrado, abiertamente derechista, Cabrera Romero
Jesús Eduardo quien al decir de Bolívar “La inteligencia sin probidad es un
azote”.
En el poder
judicial la revolución bolivariana no ha tenido suerte. En la presidencia
anterior de Omar Mora Díaz venia nombrando Jueces por intermedio de “cursitos”,
en donde le diero “estabilidad” a todos los jueces puntofijistas, quienes han
debido ser más bien expulsados de la administración de justicia porque de lo
contrario no tuvo razón de ser la revolución bolivariana y la nueva constitución
que de ella se derivó; se hubiesen dejado las cosas como estaban, cuestión esta
que no es cierta, pero que por la forma de actuar los nuevos dueños del poder
judicial pareciere que fuese así. Este proceso de enraizamiento y estabilidad de
todos los jueces, aparte de ser un petitorio bastante vehemente de FEDECAMARAS,
enemiga de la nación y del progreso, por intermedio de cursitos, Omar Mora Díaz,
quien forma parte, conjuntamente con Rafael Perdomo, Luis Franceschi, Nicolás
Maduro, el Chino Khan, María Cristina Iglesias, Francisco Rangel Gómez, Cilia
Flores y José Ramón Rivero de la fracción que agrede a Guayana y sabotea el plan
Guayana Socialista 2009-2019 y al control obrero y motoriza la criminalización
de las luchas obreras y el desconocimiento de los sindicatos y dirigentes
clasistas y por el contrario propugna por la creación y el fortalecimiento de
una central obrera paralela, sectaria, patronal, oficialista, gobiernera y
mafiosa.
Con Luisa Estela
Morales se eliminó el nombramiento masivo (Lo hacen en algunas circunstancias)
de jueces y juezas por “cursitos” y está implantando el dedo directamente, en
donde, en dicho nombramiento solo influye una fracción del Psuv (La derecha
endógena o pumalaca), y aquí se ha eliminado el control social, hasta en su
elección, ha eliminado el control social de dichos nombramientos hasta en algo
tan sencillo como elemental, cual era publicar el nombramiento del juez en la
prensa, antes de que tomara el cargo, para que la ciudadanía hiciese reparos o
denuncia a dicho nombramiento, y estas denuncias paralizaban el nombramiento por
intermedio de una investigación sumaria respetando el derecho a la defensa del
aspirante a Juez esta buena práctica de transparencia judicial la implantó la
Comisión de Reestructuración para el Poder Judicial de rango constituyente,
desaparecida, en mala hora, por Iván Rincón Urdaneta, Oberto Vélez y Omar Mora
Díaz, con fines de quedarse ellos, en aquel momento, en la cúpula del poder
judicial, esta buena praxis, repito, impidió que muchos vagabundos reconocidos
llegasen a ocupar la judicatura.
Aunado a lo
anterior, la institución de la denuncia ha perdido vigencia, ya el pueblo no se
atreve (Ni quiere) denunciar jueces y otros funcionarios judiciales corruptos o
que cometen irregularidades, como lo hacía espontanea y entusiastamente al
inicio del gobierno bolivariano (1.999-2.000), creyendo en la institución de la
denuncia y que esa denuncia iba a surtir sus efectos, iba a tener resultados, se
escuchan opiniones hasta de tomar la justicia por sus propias manos o “dejar eso
así”, porque la magistratura de Luisa Estela, al igual que la anterior de Omar
Mora, al denunciado no le hacen nada, más bien muchas veces “lo premian”, y
ellos quedan burlados y con un enemigo “de cuidado” encima. Esto es grave y
delicado, porque se pierde la credibilidad en las instituciones y que ellas
puedan autoregularse o autocorregirse, dándole un caldo de cultivo favorable a
la oposición más rancia y golpista.
Estos
nombramientos a dedo y tendenciosos (Macolleros), de Luisa Estela, aparte que se
han nombrado personas que no cumplen con el requisito mínimo para ser jueces,
han traído como consecuencia, adicionalmente en la provincia, “Jueces Foráneos”
de Caracas o no compenetrados con la región y hasta con el litigio sin calidad
académica y con muy poca ética, en desmedro ya no solo de la administración de
justicia sino del derecho mismo.
Impera una
reestructuración a fondo del poder judicial, el cual forma parte de la
constituyente judicial.
LA FISCALIA DEL MINISTERIO
PUBLICO
Aproximación a
Conclusiones:
El organismo
donde menos movilidad laboral (Cambio de personal viejo por uno nuevo) de la IV
República ha habido ha sido la Fiscalía del Ministerio Publico, en donde los que
se han ido, o ha sido por su cuenta o porque han sido jubilados, y el nuevo
personal ingresado, viene “cortado por la tijera antigua” (Puntofijista),
conservando su estirpe acomodaticia y de arrime al poder, típico de la época de
“Doña Lola” de Serpa Arcas, el Fiscal General del nefasto Lusinchi, prófugo de
la justicia Venezolana y refugiado en la academia Bogotana de la Colombia
Santaderiana y anti-Bolivariana, al igual que Pedro Carmona
Estanga.
Producto de la
pésima labor desempeñada por Julián Isaías Rodríguez, quien en buena hora no
llegó al TSJ, porque con-nacionales se quejaron públicamente como el estado
Fascista-Falangista y Franquista Español, hoy disfrazado de democracia y que
pisotea los derechos políticos del milenario pueblo Vasco, humillaba y hasta los
“carajeaban”, en el Aeropuerto de Barajas de Madrid, bajo la mirada complaciente
y permisiva del “poeta”, quien es el padre de impunidad de la V República, y
jamás la Fiscalía estuvo en peores manos, superado solo por el prófugo marido de
“Doña Lola”, amparado por el gobierno Santo-Uribista; tenemos una fiscalía que
es muy diligente cuando se trata de un caso personal o de “interés personal”
(Claro esta ligado con lo político) del Comandante o cuando, al decir de Alí
Primera, se trata de los pobres.
En nuestro Estado
ha sido la Fiscalía, principalmente, la que se ha prestado para criminalizar a
dirigentes obreros que han impulsado luchas laborales, conjuntamente con Jueces
y Juezas que se prestan hasta para soltar sicarios, como han sido casos
reseñados por la prensa, de personas que después de asesinadas y denunciarse que
eran “ajustes de cuentas”, resulta que a pesar de tener varios homicidios encima
gozaban de beneficio procesal, algo inaudito.
En el estado
Bolívar, impera la destitución o traslado a otra zona de la Fiscala Superiora
que su gestión ha sido de genuflexión a los pumalacas en su labor de acabar con
el plan “Guayana Socialista 2009-2019” y el “Control Obrero” y los sindicatos y
dirigentes clasistas, en primer orden, y que se de una poda de muchos Fiscales
que no cumplen su función ni son cónsonos con el estado socialista prescrito en
nuestra carta magna.
La Fiscalía del
Estado Bolívar, conjuntamente con el CICPC y la policía regional, tienen un
record de impunidad de centenas de actos de sicariatos, que no han pasado de la
fase de investigación, casos que son “resueltos mediáticamente” con la palabrita
“ajustes de cuentas”.
DEFENSORIA DEL
PUEBLO
Aproximación a
Conclusiones:
Este organismo ha
sido el mas desvirtuado de todas las figuras constitucionales, y quizás por ser
un organismo nuevo a los pumalacas se les hizo muy fácil convertirlo en un
“Elefante Blanco”, inservible y bueno para nada.
Inspirado en la
figura del Ombudsman Europeo, quien es una especie de “abogado popular” defensor
del consumidor a quien representa hasta las instancias judiciales, si es
preciso, función esta que se pudo haber adicionado con la defensa publica
integral (Penal, civil, laboral, niños y adolescentes y comunitaria o
municipal), y así hubiese quedado como un ente defensor del pueblo y a la vez
generador, promotor de una sociedad civil verdadera con autonomía verdadera y no
sujeta a manipulación politiquera como lo hace la derecha, porque el Ombudsman
hubiese sido la mejor universidad para la conformación de comités de
consumidores y usuarios, así como comités de defensa de diferentes especies con
asesoramiento técnico serio del estado y apoyo de este, pero nada que
ver.
La Defensoría es
un ente morrocoyuno, burocrático, bastante formal, siempre buscando a quien
descargarle su responsabilidad para no hacer nada y de hecho es un ente
“mandador de correspondencia”.
En Guayana los
nombramientos de estos entes corresponden a la burocracia quien le manda una
“lista” a Gabriela Ramírez, en donde se nombra los pocos cargos existentes; pero
en verdad este organismo es tan ineficaz e infuncional que casi ni se siente,
solo sirve, para de una forma política-partidista, muy poco técnica y no
constitucional avalar al gobierno en materia de derechos humanos; pero es que ni
siquiera para eso es eficaz.
Las ONGs de DDHH
financiadas por la CIA superan en eficacia y efectividad y se sienten mas (No
pueden alegar la parte mediática en su descargo puesto que tienen a sus pies al
sistema de medios públicos), que la propia Defensoría del
Pueblo.
Este ente con
Gabriela Ramírez, ha caído en un error garrafal típico del puntofijismo
adeco-copeyano, de confundir solidaridad con el gobierno bolivariano
revolucionario y socialista, (Ojo: que la debe haber), pero en función de
ideología y principios y del actuar en función de esa ideología y principios,
con las “solidaridades automáticas”, (Al partido hay que defenderlo así lo esté
haciendo mal) de los adecos, que era una alcahuetería o complicidad. Al ser
solidario con ideología y principios cuando el gobierno lo hace mal se
reprende.
Se propone que este organismo
asuma las funciones de defensor del consumidor y usuario y absorba la Defensa
Publica Integral, hoy incorrectamente adscrita al Poder Judicial, en donde la
defensa no se hace de forma consecuente, por ser el mismo patrón tanto del Juez
como del Defensor, lo cual muchas veces inhibe al defensor o defensora llegar
hasta las ultimas consecuencias como debe ser y por eso el estado le paga.
Igualmente este organismo debe asumir la defensa de intereses colectivos y
difusos de comunidades, gremios y personas desvalidas.
ORGANOS ADMINISTRATIVOS
DEL PODER EJECUTIVO INHERENTES Y CONEXOS AL SISTEMA DE
JUSTICIA
Inspectorías del Trabajo y órganos de
INPSASEL
Registros
y Notarias
Policías
(CICPC, GNB, Cárceles)
Inspectorías del Trabajos
y Órganos de INPSASEL:
Aproximación a
conclusiones:
Por intermedio de
María Cristina Iglesias quien es de pensamiento neoliberal y actitudes
abiertamente patronal; la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT-Central
paralela de Maduro, Khan y Rivero), las Inspectorías del Trabajo han sido
utilizadas para avalar despidos de dirigentes clasistas y la ilegalización o
mejor dicho no-legalización de sindicatos clasistas y a la vez para convalidar
sindicatos, no solo de la FBT (Muchos de ellos con dirigentes adecos y copeyanos
de muy malas mañas quienes sin ton ni son se colocaron una cachucha roja), sino
también de sindicatos y dirigentes adecos y copeyanos y de primero justicia; en
detrimento de corrientes clasistas que están con el proceso
revolucionario.
Las Inspectorías,
paralelamente a ser oficinas favorecedoras de la burocracia sindical y de la
derecha, han venido tejiendo una doctrina pro-patronal que beneficia al
capitalista, quienes jamás habían gozado de tanta prerrogativas y privilegios
como ahora con el Ministerio del Trabajo de María Cristina y todos estos
privilegios son a costa de una “imparcialidad” que beneficia al patrono, como
dice el Comandante Chávez, parafraseando a Montesquieu; “la igualdad entre el
pobre y el rico, oprime”. De esta “imparcialidad” también participan en la Sala
Social Omar Mora Díaz, Rafael Perdomo y Luis Eduardo Franceschi, inspirados en
los institutos de derecho del trabajo, pro-burgués de la
UCV-UCAB.
Si existen
algunos funcionarios dentro del gobierno bolivariano que se parcializan a favor
del mas fuerte, en detrimento del débil jurídico, que es el trabajador, son los
inspectores del trabajo y demás funcionarios de este Ministerio y muchas veces
cuando son increpados, se esconden en la, ya mencionada, “imparcialidad” y no
pocos alegan el hecho de ser “técnicos”, para justificar su parcialización hacia
el patrón.
UNA NUEVA LEY ORGANICA DEL
TRABAJO QUE CONTEMPLE EL CONTROL OBRERO.
El control
obrero, figura de rango constitucional, prevista en el artículo 70 y en Titulo
VI, relativo al sistema socio-económico, ya que la co-gestión y la autogestión,
hoy por hoy, es un término meramente político, no existe una norma que lo regule
y amplíe. Esa norma debió ser la nueva ley orgánica del trabajo revolucionaria,
que la asamblea nacional anterior, la de Maduro y Cilia, pasó Cinco (5) años sin
aprobar este instrumento tan importante para la clase obrera.
Por ello Los
Abogados Bolivarianos, como forma de ser útiles a la sociedad, a la vez que nos
consolidamos y contribuimos a adecentar al poder judicial, debemos proponer, la
reforma a la ley orgánica del trabajo, en específico, la inclusión de un titulo
especial, con sus capítulos, referente al control obrero o autogestión y/o
cogestión industrial o administrativa (Caso de entes públicos), en donde se
incluya la democratización u horizontalización del poder de la fabrica y la
producción colectiva.
NULIDAD DE TODOS LOS
CONTRATOS DE VENTA DE MATERIA PRIMA A FUTURO POR SER LESIVOS A LA
NACION.
Uno de los peores
enemigos que tiene el control obrero en Guayana y el plan Guayana socialista,
son las ventas de materia prima a futuro; firmadas por las administraciones
anteriores, se da el caso del aluminio en Alcasa y Venalum, en donde estas
empresas están prácticamente amarradas por un contrato de venta de aluminio
primario, a precios viles y en condiciones desventajosa para la nación que
obligan a venderle ajuro a empresas sobretodo Francesas (Glencore y Noble),
quienes están amenazando a la nación con demandas ante organismos
internacionales por incumplimiento. (Aparte de ser otro tema de discusión más
adelante, para los Abogados Bolivarianos como la CIADI y la CIDH de la
OEA)
Estos convenios
aparte que se debe abrir investigaciones administrativas de sus firmantes y por
qué lo firmaron en las condiciones en que los firmaron y sobretodo de los
ex-ministros de MIBAM y del actual también, en el sentido de por qué no anula
esos convenios, ya. Aparte de la investigación que debe abrirse, repetimos,
estos convenios son resacas fondomonetaristas, en donde se obligaban a estados
prácticamente fallidos (Republicas bananeras), que no es el caso de la Venezuela
Bolivariana, a firmar convenios de venta de materia prima a futuro, a países
industrializados, para así estos tener materia prima barata y segura a largo
plazo en detrimento de la nación firmante.
La experiencia
nos dice que tanto los alimentos como las materias primas, cada día aumentarán,
por eso vender aluminio a futuro, en este caso concreto, pero igual pasa con el
acero, aparte de ser un mal negocio (Por lo general lo firman “técnicos”
neoliberales que presumen de “expertos del negocio”), merma nuestra capacidad
para el desarrollo industrial del aluminio (Cables, rines, papel de envoltura,
auto-partes, etc.), son fuentes de corrupción puesto que estos contratos son
“Comida para hoy, y hambre para mañana”, puesto que la transnacional firmante le
ofrece una cantidad en dólares al país minero, que de momento parece mucho, pero
que a la larga es un pésimo negocio, aparte de ser fuente de corrupción de
funcionarios públicos, empresarios privados y hasta dirigentes sindicales,
agarran un “pedacito de esa torta”.
DESPENALIZACION DE CASOS
DE LUCHAS SOCIALES ARBITRARIAMENTE CRIMINALIZADAS Y POR LA INVESTIGACION A FONDO
Y SU RESOLUCION DE LAS MUERTES POR SICARIATO SINDICAL EN GUAYANA QUE VAN
LLEGANDO A 200
Nos corresponde a
los Abogados Bolivarianos, si queremos ser útiles al colectivo social de
Guayana, profundizar sobre los casos de criminalización, y hacer que estos sean
declarados como “No-Penales” y sean remitidos al Juez competente al del Trabajo
o a las Inspectorías del Trabajo respectivas porque son de naturaleza sindical o
laboral.
Igualmente entre
los Tribunales de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, existen más de 500 personas,
imputadas por delitos de invasiones y tranca de calles, acciones que son
productos de luchas sociales de las comunidades por mejor calidad de vida o por
el buen vivir, producto de la indolencia e ineficacia de Alcaldes y
Gobernadores, incluidos los “bolivarianos”.
Es lamentable ver
como estas normas fueron introducidas en la última reforma penal como un
instrumento en contra de las guarimbas de los “riquitos del este de Carcasa” que
con fines subversivos hacían este tipo de acciones, pero por el contrario
ninguno de ellos está preso, y la burocracia ha utilizado estas normas penales,
anti-subversivas (Subversión de derecha y golpista al estilo 2002-2003), con
fines de criminalizar las luchas populares que merecidamente les reclaman
rendición de cuentas y el cumplimiento de su deber; y al revés gente de nuestro
pueblo presa o imputada indebidamente, dándole un tratamiento penal a asuntos
que son de índole social.
POR ULTIMO: LUCHAR POR LA
CONSTITUYENTE JUDICIAL
Por ello debemos
luchar no solo por la constituyente judicial, entendida ella por la
restructuración del poder judicial y reformas de leyes vitales tanto adjetivas
como substantivas, entre ellas el Código Procesal Civil (CPC), para cumplir con
el mandato constitucional de procesos orales y públicos, de verdad; la reforma
del Código Penal, que adormece desde el 2002 en la asamblea nacional, la nueva
ley orgánica del trabajo, en donde entre otros se incluya un titulo especial del
“control obrero” y las “tomas de fabricas por los trabajadores con sus
consecutivas nacionalizaciones o estatizaciones y posterior control obrero”, la
reforma de la ley de minas, en donde las minas “lomitos” de oro de Guayana se
las están devolviendo a una transnacional judía-canadiense, mafiosa, con bandera
rusa, después que costo tanto sacar a Cristallex, los Cisneros y a empresas
gringas y británicas. Las minas de oro de nuestra Guayana deben explotarse por
empresas colectivas o de producción social, bajo control obrero, con
asesoramiento y financiamiento del estado, bajo un plan de producción,
respetando el medio ambiente, evitando el contrabando de minerales preciosos y
contribuyendo con el buen vivir de los habitantes del sur del estado
bolívar.
Por último, se
debe proponer, como parte de la constituyente judicial, la reforma del código de
comercio, para incluir un nuevo tipo de empresa o empresa de nuevo tipo, que
serian aquellas bajo control obrero. Una nueva empresa diferente a la Sociedad
Anónima y a las Cooperativas.
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