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Campaña contra la tortura

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Basta de Balas

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miércoles, 22 de junio de 2011

si hay salida

Es horroroso y supremamente alarmante, como la inseguridad se multiplica cómodamente en Venezuela en todas sus urbes, en donde los delegados de proteger, todos su organismos, desde la policía, CICPC, dejan mucho que decir de sus funciones, de conducta, valores, como lo denuncia incesantemente los diarios nacionales, la televisión, la radio, señalando que en muchos robos, secuestros, han intervenido policías, al observar como la inseguridad día a día se manifiesta, que es Nuestro principal objetivo, es no tener libertad al andar por las calles, la violencia a llegado a tal niveles; que no es tan solo el ciudadano comun,  quien comete los delitos; el clásico atraco o robo, sino que ya se habla de sicariato, secuestros express, secuestros prolongados. Y la mayoria de las veces son que desde las mismas instituciones los funcionarios perfeccionan los modos operantis, ofreciendo la tecnologia programada para la proteccion de la seguridad social al ciudadano, al servicio del delito(actualizando las formas de delinquir) pues despues de ser usado por o el benericio de algunos funcionarios las transmitr a la delicuencia comun entre ellas podemos emnumera las tecnicas, herramientas, el trafico de influecia convirtiendo al delito en una verdadera profesion, e ironicamente podemos hablar de doctores del delito cuando nos tropezamos con la impunidad.
Nuestra constitución contempla, dentro de los derechos de los venezolanos, la protección por parte del Estado y el deber del Ejecutivo Nacional de mantener y reestablecer el orden público y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley; atraves de los organos competemtes ya antes mencionados la policía, CICPC GUARDIA NACIONAL MINISTERIIO PUBLICO ETC. pero en la realidad los ciudadanos cada vez se ven más agobiados ante la impotencia de verse vulnerables con una delincuencia desatada y a veces protegida y tecnificada por los que deberían combatirla que el gobierno no ha sabido frenar. Es algo que hay que razonarlo, por los múltiples factores que intervienen dentro del conflicto de seguridad social. El más reciente informe sobre derechos humanos, publicado por Amnistía Internacional (AI) destaca la violencia por "el uso de armas de fuego para cometer homicidios y otros delitos violentos siguió estando muy extendido, incluso en las cárceles". Sin olvidar que solo Venezuela es quien aporta datos para tales fines ya no podemos obviar al vecino país colombiano, Brasil, Méjico y aun los estados unidos que vende la violencia, a través de su programas de guerra invadiendo naciones en nombre de la libertad y no estamos excusando a nadie cada quien sabrá cual es la cuota que debe tomar en el asunto
Esta realidad se torna cada vez más catastrófica, que uno no sabe hasta lo que puede pasarle
 es la agresión que cobra el mayor número de víctimas en el país, es un negocio acaudalado con cuantiosas ivisiones, por su extensión económico-político-social, es un problema de interés legal ordinario de igual, o mayor magnitud, que el narcotráfico, tiene ramificaciones internacionales, y requiere la aplicación de medidas efectivas para proteger a los ciudadanos, con acciones eficaces para prevenir el delito, perseguir y castigar a sus autores y penar a los funcionarios corruptos cómplices o conniventes.
es necesario asegurar la coordinación estrecha de todos los cuerpos de seguridad y otros funcionarios que intervienen en la lucha contra el  robo y todo tipo de delito, que las autoridades policiales actúen con más eficiencia en la resolución de los delitos y que no se conformen solo con amedrentar al ciudadano común, a trabajadores de la economía informal. Por cierto que ocurrió otro caso en las inmediaciones del boulevard Pérez Almarza de Maracay, entre un buhonero y policía municipal, que por poco no le pega a este por estar trabajando ante dantesca circunstancia en plena vía pública, en momentos que el gobierno central pide al privado de libertad que deponga su actitud sin utilizar la violencia, con todo que estos están procesados por delitos, los  policía municipales, tratan al pueblo como animales, provocándoles para incitarlos a la violencia, y levantarles un expediente que tal vez lo haga llegar hasta el hacinamiento carcelario será este el aporte de la alcaldía municipal de Girardot, al conflicto de las cárceles en el país. Se debe  ofrecer al público mejor trato simplificar las diligencias y celeridad en los procedimientos según la constitución de la república bolivariana de Venezuela
Por último, considérenos, que cada día se transgreden la ley. En la mayoría de los casos quienes facilitan la tarea a los delicuentes. Es La falta de precaución, el exceso de confianza, los descuidos y otras conductas similares que permiten a los delincuentes realizar sus fechorías.mas la colaboracion e incitacion de algunos fucionarios como es caso el antes mencionado por los policias municipales. Además, es un hecho comprobado, que hoy día prácticamente ninguno de los dispositivos supuestamente inventados para proteger disponen de todos lo recursos para suprimirlos. En el peor de los casos con la ayuda y protección de los órganos competentes para combatirlos por medio de funcionarios corruptos e inconscientes de sus verdaderas funciones.



lunes, 20 de junio de 2011

reflexion de veraz

por rodrigo polentino(proviar)

Motivados por lo que actualmente ocurre en la cárcel el Rodeo debemos hacer una profunda reflexión sobre las cárceles en general y por el sistema judicial venezolano

Muchas veces y con razón criticados, por tantas personas que han sido carentes de un apego positivo en la limitación de conocimientos en la materia, y en el recurso de supervivencia que ha venido ser más violentos que lo que los demás se pueden imaginar.
Que no habitan en ese ambiente social y físico. Nunca han podido desarrollar una adecuada capacidad de raciocinio lógico. En algunos casos solo se limitan a criticar la conducta de los privados de libertad, como si solo ellos fueran los culpable del deterioro social, entre otros que se abstienen de comentario soluble, para explotar su coviniencia politiqueras, con trasfondos mezquinos, por otra parte: los que han sido víctimas de ambos casos en la calle para ellos solamente hay sufrimiento. Sin una objetiva consideración de la justicia.
Una vez que se les encarcelan y que se encuentran en una población de personas igualmente privadas de afecto y impedimento. Se instruyen allí con reglas  para las destrezas más eficientes y seguir coexistiendo en una sobrevivencia, en un universo asentado en el poder sanguinario. Luego salen, ágiles en reproducir el resentimiento que han cultivado. Asimismo detrás de su encierro han abierto una red de individuos equivalentes a ellos mismos. Que han aprendido el delito como una profesión, en muchos casos no saben que otra cosa hacer. Devuelta en las calles, se encuentra con un capitalismo salvaje, que consume a la sociedad y se convierte en sus esbirros, cobrándoles al prójimo la cuota que la estructura social, les ha obligado aceptar pasándole la factura de todos
¿Esta es la sociedad que queremos? ¿No sería mejor enseñar la empatía que les hace falta? ¿Proveer terapia psicológica, cárceles con trato amable, comida nutritiva, cuartos y camas cómodas, escuelas y bibliotecas provistas de oportunidades de pensar de otro modo, entrenamiento para poder trabajar afuera y vivir bien en base a este trabajo? ¿Pero sobre todo por que no educar a las nuevas generaciones con un legado apegado a la justicia y al  derechos de todos y para todos? No estaríamos más seguros asi.







amnistia



El "Tratado de la Gente" para el control de armas tiene que ser a prueba de balas

Una persona muere cada minuto como consecuencia de la violencia armada. Y cada día varios miles sufren lesiones, violaciones, brutales represiones y traumas o son obligadas a huir de sus hogares. A finales de 2008, 26 millones de personas fueron internamente desplazadas como consecuencia de conflicto armado. Se destruyen familias y millones de hombres, mujeres, niños y niñas viven con miedo.
Los gobiernos tienen que acabar con el comercio irresponsable de armas
Las armas son los únicos artículos expresamente concebidos para matar y herir. El comercio mundial de numerosos artículos, hasta el de los plátanos y los huesos de dinosaurio, está regulado por tratados, pero no el de las armas y las balas.
Gracias a los esfuerzos de la campaña Armas bajo Control, los gobiernos por fin van a empezar las negociaciones en julio de 2010. Es el momento de decirles la clase de tratado que la gente necesita.





TALLER MANUAL EDUCATIVO PARA LA DIVERSIDAD en Maracay


20 / 06 / 2011 de 3pm to 6pm – Escuela Basíca Estada "José María Benítez", ubicada en la Av. 107, La Coromoto Maracay Edo. Aragua
La intención es de cubrir el vacío que hasta los actuales momentos ha habido y que debe ser llenado. Se trata de la primera guía educativa pensada para que maestros, profesores, orientadores y educad…
Organizado por Fundación Reflejos de Venezuela
Tipo: charla., obra, de, teatro, y, más



. 20 DE JUNIO "DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO"Publicado por Francisco Jose Hurtado Singer en 19 / 06 / 2011 a la(s) 11:02pmVer el blog de Francisco Jose Hurtado Singer.

¿Quien es un Refugiado?

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él"..
En busca de la seguridad
La práctica de conceder asilo a personas que huyen de la persecución en tierras extranjeras es uno de los primeros hitos de la civilización. Referencias a ella se han encontrado en los textos escritos hace 3.500 años, durante el florecimiento de los grandes imperios a principios del Oriente Medio tales como los hititas, babilonios, asirios y los egipcios antiguos.
Más de tres mil años después, protección de los refugiados se hizo el mandato principal de la agencia de refugiados de la ONU, que fue creada para ocuparse de los refugiados, especialmente de los que esperaban para regresar a casa al final de la Segunda Guerra Mundial.
La Convención de Refugiados de 1951 que es el mandato principal del ACNUR explica que un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".
Desde entonces, el ACNUR ha ofrecido protección y asistencia a decenas de millones de refugiados, buscando soluciones duraderas para muchos de ellos. Los patrones globales de migración se han vuelto cada vez más complejas en los tiempos modernos, con la participación no sólo de los refugiados, sino también a millones de inmigrantes económicos.
Los migrantes, especialmente los migrantes económicos, deciden mudarse con el fin de mejorar las perspectivas de futuro de sí mismos y sus familias. Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado - de hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros países no les brindan la protección necesaria, y no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenándolos a muerte - o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos.
Ponte en los Zapatos de un Refugiado
y da el Primer Paso para  Entender su Situación
En el marco de la campaña adelantada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR-, la Red Táchira de Amnistía Internacional coordina esfuerzos para extender una mano a las personas en situación de refugio del estado. Para ello se estarán recolectando alimentos no perecederos, ropa o calzado en buen estado y lencería que pueda servir a las familias en los campos de refugiados que se encuentran en el Táchira. Las donaciones serán recibidas durante la semana del 20 al 24 de junio por los miembros de la Red Táchira con quienes podrán estar en contacto para la entrega. Posterior a la recolección se fijara una fecha para realizar una visita a los campos y hacer entrega de las donaciones percibidas a estas familias.





Derechos humanos y función policial

Francisco Martínez //

10/06/2011, Correo del Orinoco
Al revisar la historia de los derechos humanos, parece existir como elemento común un gran vacío en cuanto a la incorporación de este enfoque como ideología en el quehacer cotidiano de las instituciones o cuerpos de seguridad de los diferentes Estados que conforman la comunidad internacional; tanto así que, al preguntarle a cualquier persona sobre quién viola mas los derechos humanos, la respuesta es generalmente “la policía”, ignorando casi por completo a otros actores que forman parte del Estado y que también pueden incurrir en vulneraciones a los derechos.
Sin embargo, este tipo de respuestas no son gratuitas. Es bien sabido que, tradicionalmente, las instituciones policiales han sido utilizadas como cuerpos uniformados y de represión por parte de los y las gobernantes de turno, obviando su verdadero rol de garante de la seguridad y el orden en una determinada sociedad y eso ha conllevado a tener, en nuestro país por ejemplo, un modelo policial caracterizado por prácticas negligentes y corruptas, distante del pueblo, con poco nivel de profesionalización, imbuido de visiones discriminatorias (xenófobo, clasista, racista, misógino), al servicio de grupos económicos, o de poder, y esencialmente represivo.
Por tanto, este esquema policial es percibido negativamente por la población debido a dos factores fundamentalmente: el primero, por considerarse que los cuerpos policiales resultan ineficientes en garantizar la seguridad; y segundo, porque se percibe que la policía en sí misma está involucrada en la comisión de muchos de los delitos que debería combatir. En pocas palabras, como violadores y violadoras de los derechos humanos.
Pero la verdad es que el mundo policial y el de los derechos humanos, pese a parecer contradictorio (por una realidad histórica), necesariamente están unidos. Lo importante es iniciar por deslastrar la noción tradicional con la que concebimos la función policial, desde dentro y fuera de los cuerpos de seguridad, y dar paso a una visión más progresista y acorde con el enfoque de derechos humanos.
Desde adentro, los cuerpos policiales deben asumirse como promotores y garantes de los derechos humanos. Como establece la misión de la Policía Nacional Bolivariana, la policía es: “un órgano de carácter civil, profesional, predominantemente preventivo, cuya misión es garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgo o daños a la integridad física, sus propiedades, el libre ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley… y facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación, conforme a los estándares nacionales establecidos”.
Debemos y merecemos tener cuerpos policiales que, lejos de reprimir, prevengan el delito; que sean controlados, pero que sobre todo se autoncontrolen y se limiten a actuar apegados a las leyes en nuestro país, y no de acuerdo a intereses personales que, en muchas ocasiones, conllevan a la vulneración de derechos. Asimismo, cuerpos policiales que no discriminen, que asuman a todas las personas que forman parte de la sociedad como un ser humano, como un par que siente y padece igual que cualquier funcionario o funcionaria policial, pero que sobre todo tiene los mismos derechos que los policías uniformados y uniformadas.
Desde afuera, la colectividad, organizada o no, debe asumir un rol de corresponsabilidad, respeto por el estado de derecho, contralor de la función policial, actor principal en la prevención del delito; denunciar, construir, en fin, fungir como apoyo en la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad.
En pocas palabras, los derechos humanos encuentran allí en los cuerpos policiales un espacio natural donde insertarse como parte de su vida institucional y procedimental; por tanto, estos deben abrir sus puertas a este enfoque como un mecanismo para mejorar su actuación, recordar la ética policial, actuar apegados a los parámetros normativos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y, especialmente, convertirse en una policía cercana a la población y a sus necesidades, que se asuma como parte de ella, y no por encima del resto de las personas, como suelen hacerlo.
Este no es un proceso sencillo ni rápido, pero debe iniciarse el camino de construcción colectiva que permita solidificar los puentes entre el mundo de los derechos humanos y el de la función policial; puentes, como los que desde hace dos décadas tiende la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y, más recientemente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), a través de la formación en derechos humanos para funcionarios y funcionarias policiales y también para las comunidades, que sirvan para promover una policía más respetuosa que, además de exigir sus propios derechos, pueda defender los de la ciudadanía en general; una policía al servicio de la sociedad y una sociedad al servicio de la policía.
Acerca de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y genera procesos de educación en derechos humanos. Estamos en Parque Central, Avenida Lecuna. Edif. Caroata, Nivel oficina 2, ofic.220. Telefax: 574 19 49 / 574 80 05 www.redapoyo.org.ve.







El Desarme: Una necesidad vital

Liliana Cadena //

12/06/11, Diario la Voz
En el mundo de hoy, donde la violencia ha tomado el lugar del diálogo y de los acuerdos para solucionar los conflictos, cada día mueren más personas por armas pequeñas y ligeras que por guerras entre naciones o pueblos.
Al hablar de “armas pequeñas”, nos referimos a las de uso personal como los revólveres, pistolas, rifles, carabinas, ametralladoras ligeras, rifles de asalto, ametralladoras de pequeño calibre y material policial represivo; mientras que “armas ligeras” son aquellas pensadas para el uso de varias personas, como ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, lanzadores portátiles, misiles, etc.
El empleo de armas pequeñas y ligeras deja a su paso una estela de dolor y sufrimiento para un gran número de familias. Si citamos estadísticas oficiales, recientemente, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, señaló que Venezuela es uno de los países con mayor número de asesinatos en Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes; en 2010, 94% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Por su parte, Amnistía Internacional (AI), en su capítulo sobre Venezuela, señala que en este país hay 12 millones de armas ilegales, según cifras del 2010, y la situación es de "total descontrol".
¿Qué hacer ante esta grave situación?
Es urgente comenzar y acelerar el proceso de desarme, lo que implica la participación directa y activa del Estado; pues si bien cada año las autoridades decomisan y destruyen armas ilegales, esto no ha sido suficiente para frenar el incremento de las mismas. Hace casi un mes, las autoridades comenzaron la destrucción de 65 mil 380 armas de fuego incautadas por los diferentes cuerpos de seguridad del país durante el todo el 2010. Esta cantidad representa un incremento de 102% con relación al año pasado, según señaló el director general de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, general Julio César Morales: “eso significa que cada ocho minutos en nuestro país un organismo de seguridad decomisa un arma de fuego ilegal". Por ende, estos datos sugieren que no basta solo con incautar y quemar armas de fuego, sino que hace falta tomar medidas integrales, que se reflejen en una política pública nacional para recuperar y controlar las armas y municiones, presentes en el país.
Trabajo en equipo: Gobierno - sociedad civil
El pasado 13 de mayo de 2011, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ, Tareck El Aissami, anunció la creación de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme (COPREDE) que será "la encargada de fomentar el diseño, construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones y el desarme", según lo establece la Gaceta Oficial 39.673.
Dicha instancia, presidida El Ministro El Aissami, reúne a 19 personas más, entre ellas los viceministros del MPPRIJ, Néstor Reverol, Edgar Barrientos y Edwin Rojas; el director del Seniat, José David Cabello; el presidente de la Federación Nacional de Tiro, Gerardo Trotta; el director de Armas y Explosivos de Ministerio de la Defensa, Julio Morales; el director de Delitos Comunes del Ministerio Público, Orlando Padrón; las profesoras Verónica Zubillaga, Ana María San Juan; los profesores Andrés Antillano y Reinaldo Hidalgo; el diputado del PSUV Freddy Bernal, y el diputado opositor Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), Fernando Giuliani del Centro Gumilla; y el coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, quien es el secretario técnico de dicha comisión.
Para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la participación en la COPREDE “es una tarea prioritaria… que ayuda a reducir los mecanismos que facilitan la mortandad y la violencia armada en nuestra sociedad y fortalece los aportes para la construcción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”. Esto además, se vincula directamente con la razón de ser de nuestra organización, que es promover y defender los derechos humanos en Venezuela, especialmente el derecho a la vida, la libertad personal, la seguridad e integridad personal e inviolabilidad del hogar, prioritariamente de los sectores populares.
¿Cómo trabajará la COPREDE?
La recién creada COPREDE funcionará a través de cinco coordinaciones que hasta ahora se han planteado:
• Fortalecer el plan de desarme y revertir la matriz de opinión que refiere que “estar armado es estar más seguro”.
• Sistematizar las investigaciones y documentales sobre la tenencia de armas y consulta de experiencias previas sobre desarme y control de armas.
• Realizar una campaña en medios, para promover la paz y la resolución no violenta de los conflictos.
• Aplicar medidas especiales, como el marcaje de municiones, fabricación y comercialización de las armas y destrucción de armas de fuego.
• Desarrollar el tema jurídico y normativo de la Ley de Desarme y Control de Armas y Municiones.
El trabajo para el desarme ya está en marcha, falta ahora la ejecución, evaluación y la participación de la sociedad civil.
¡Estamos llamados a participar!
Si bien el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y todas y todos los expertos y expertas que hacen parte de dicha comisión están haciendo un esfuerzo para reducir el problema de la inseguridad, esto no es posible sin la participación de toda la sociedad y todas las instancias públicas. Todas y todos estamos llamados a colaborar en la materia de desarme.
Una manera de hacerlo es participar en la consulta pública que se va a realizar con la finalidad de que la Ley del Desarme y Control de Armas y Municiones, que está en discusión, recoja los intereses de todas y todas; es decir, la voluntad popular. Si desean pueden enviar sus sugerencias y opiniones a la dirección Twitter @leydesarme2011 y al correo electrónico leydesarme2011@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Fuentes:
Derechos Humanos en la Pared. Año VII, Enero- junio 2001, Nº 13. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Caracas. Venezuela.
Y de las páginas web http://www.redapoyojusticiaypaz.org.ve , http://www.canaldenoticias.com.ve/ma%C3%B1ana-inician-consulta-sobre-ley-desarme















Solicitamos la revisión y evaluación del Poder Judicial del Edo. Zulia


13/06/2011
Este lunes 13 de junio, cuando esperábamos que finalmente se diera inicio al juicio oral y público por la violación del derecho a la integridad personal de José Francisco Matheus, el juez provisional Liexcer Díaz, del Tribunal Cuarto de Juicio del Edo. Zulia, decretó sobreseimiento por prescripción de los delitos de lesiones intencionales gravísimas y abuso de autoridad, presuntamente cometidos por funcionarios de la Policía del Edo. Zulia.
El juez hizo errónea aplicación del Derecho, al desconocer que por mandato del Artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles; es decir, los responsables pueden ser juzgados y sancionados en cualquier momento, sin importar el paso del tiempo. La prescripción es la extinción de la acción penal y la imposibilidad de perseguir penalmente al autor de un delito, en virtud del paso del tiempo. El desconocimiento de esta norma constitucional y de este principio básico de derechos humanos es inaceptable y constituye un mecanismo que consolida la impunidad y la injusticia. Es alarmante que tengamos operadores de justicia que cometan errores de esta índole.
Este episodio se suma a la larga cadena de irregularidades y vicios que han acontecido a lo largo de once años en el acompañamiento que ha realizado la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, junto con José Francisco Matheus, en la búsqueda de justicia. Entre esos vicios se puede nombrar que en un periodo de dos años el Tribunal 4 de Juicio de Zulia ha tenido siete jueces distintos y que en el año 2009 introdujimos un recurso de amparo que ordenó la apertura de juicio, y que fue desacatado por la Corte de Apelaciones del edo. Zulia.
El irrespeto a la Constitución de la República es indignante, por lo que pedimos la revisión y evaluación del Poder Judicial del Edo. Zulia, así como la investigación y sanción del juez Liexcer Díaz, por la Inspectoría General de Tribunales. Seguiremos en la búsqueda de justicia, acudiendo a las máximas instancias nacionales e internacionales.
Síntesis del caso Matheus
El 1 de Marzo del 2000, una comisión de la Policía del Estado Zulia (integrada por Luis Oswaldo Curiel Fernández, Ingribeth Vanesa Morales Ramírez, Wilmer Enrique Ballesteros Ortigoza, Arquímedes Terán, Jefry Enrique Ríos Mavarez, Wilmer Javier Correa Marín, Eddy Segundo Larrazabal Alvarado, José Eugenio Quintero Barreto, José Ramón Rirela Torres, Alberto Enrique Lubo Selen) irrumpió en el domicilio de José Francisco Matheus, sin orden de detención ni allanamiento, y lo detuvieron. No le informaron el motivo de su detención, ni mucho menos por qué. Ninguno de los doce funcionarios que participaron en este procedimiento llevaba esposas, por lo que Matheus fue amarrado con mecate.
Uno de los vecinos preguntó el motivo de su detención y le respondieron que estaba detenido por el secuestro de la doctora Maritza Serizawa.
Luego, lo llevaron a una serie de sitios como la carretera Palito Blanco, en la intersección del aeropuerto, en el sector Los Dulces, en Maracaibo, estado Zulia; y la División de Investigaciones Penales de la Policía Regional, donde lo torturan una y otra vez, con los mas varios métodos (desde quemaduras en la piel, descargas eléctricas en partes del cuerpo; inhalación de gases tóxicos, lo que le provocó asfixia; y hasta dislocación de sus brazos) para tratar de que confesara su supuesto crimen, así como el paradero de su supuesta víctima. Como Francisco no contestó porque no sabía, siguió la tortura.
Una vez recibido en el Comando Regional Nº 3, tomaron la declaración de Matheus y continuaron “los agotadores interrogatorios”, tras el examen forense. A las 11:30 p.m., el Comandante del Grupo Anti extorsión y Secuestro ordenó su traslado hasta el Retén “El Marite”, sin una orden judicial, ni haber sido puesto a la orden del Ministerio Público o de un juez. José Francisco Matheus González estuvo once días encerrado en una celda oscura, incomunicado, sin luz eléctrica, en condiciones de suciedad y expuesto a los insectos. Sólo se permitió la atención a Matheus por parte de los mismos presos, luego de que estos protestaran a gritos. Días después, fue trasladado a la enfermería y tratado con medicamentos. Finalmente, el prefecto del Municipio, Giancarlo Di Martino, ordenó su libertad.
Las investigaciones sobre el caso del secuestro de la doctora Maritza Serizawa demostraron que José Matheus González no tuvo nada que ver con el caso y que no había nada que lo vinculara a él. Sin embargo, para Matheus ya nada sería lo mismo. Once años después, las consecuencias de la tortura continúan.







En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas


Convocatoria
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
Invitamos a la rueda de prensa para presentar un balance sobre la situación de la tortura en Venezuela
El miércoles 22 de junio, presentaremos en rueda de prensa un balance sobre la situación de la tortura en Venezuela, las cifras que ha sistematizado la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz durante los últimos nueve años, relacionadas con casos de tortura y malos tratos, así como las recomendaciones que formulamos al Estado para erradicar tan aberrante práctica. Esta rueda de prensa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que es “una ocasión para recalcar el derecho internacionalmente reconocido de todos los hombres y las mujeres a vivir libres de la tortura”, de acuerdo con Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
En cuanto al contexto nacional, esta rueda de prensa se da en el marco de los presuntos hechos de tortura cometidos en las instalaciones de la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Rosal, el pasado 25 de mayo, que a su vez generaron la decisión de aplicar asistencia técnica al CICPC e implementar un proyecto de transformación radical de ese cuerpo.
Día: Miércoles 22 de junio de 2011
Lugar: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Parque Central, edificio Caroata, nivel oficina 2, oficina 211. Caracas.

Tomar ascensor en Nivel Lecuna de Parque Central, diagonal al Banco Provincial y marcar “oficina 2” en el ascensor.

Hora: 10:00 a.m.

Voceras: Laura Roldán, coordinadora del Programa de Atención Integral a Personas Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y Fiorella Perrone, doctora del mismo programa de la Red de Apoyo.





AGRADECEMOS SU COBERTURA Y DIFUSIÓN





En manos de quién está la administración de justicia


Rafael Garrido Álvarez // ¿En manos de quién está la administración de justicia?
17/06/2011, Correo del Orinoco
La administración de justicia es esencial para la existencia del estado de Derecho y la seguridad jurídica. En lo referente a la justicia penal, es fundamental la actuación del Ministerio Público y de los jueces y juezas, cuya misión es impartir justicia. Sin embargo, en muchos casos, quienes tienen el mandato de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, son quienes se encargan de consolidar la impunidad y re victimizar a las personas víctimas; ésta ha sido la historia de José Matheus durante los últimos once años.
La crueldad de la tortura
Un miércoles 01 de marzo del año 2000, José Matheus estaba en su casa en la ciudad de Maracaibo, cuando una comisión de diez funcionarios de la Policía del Estado Zulia irrumpió en su hogar, sin orden de allanamiento ni de aprehensión, utilizando la violencia para hacer que Matheus les acompañara maniatado con un mecate, a falta de esposas, sin dar ninguna información.
Los funcionarios vendaron a Matheus y lo condujeron a un lugar no identificado, lo interrogaron preguntándole por una persona secuestrada a la que llamaban “La China”, y pedían que les dijera dónde estaba. Matheus no sabía nada, por lo que los funcionarios comenzaron a torturarlo durante varias horas, quemándolo con cigarrillos, colocándole electricidad en los testículos, espalda, cuello, tórax y pies, cubriendo su cabeza con una bolsa plástica para asfixiarlo, detonando sus armas de fuego cerca de su cara y colgándolo de sus brazos por largos períodos.
La intención de los funcionarios policiales era lograr que Matheus les indicara el lugar donde presuntamente tenía a “La China”, aplicando métodos de tortura. La pesadilla no terminó con la tortura, ya que fue trasladado al retén El Marite, donde permaneció durante once días incomunicado y en un precario estado físico y emocional que le impedía valerse por sí mismo.
Revictimización e impunidad
Matheus denunció la tortura en marzo de 2000. En julio de 2002, Carlos Chourio, fiscal 11 del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, presentó su acusación y en octubre del año 2004 se ordenó la apertura de juicio. Hasta ahora, no se ha dado apertura al juicio para juzgar a los funcionarios acusados, situación que se debe principalmente a la negligencia de los órganos de administración de justicia y del Ministerio Público, que nada han hecho para que cese la denegación de justicia. En abril de 2009, se interpuso una acción de amparo que fue declarado con lugar por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del estado Zulia; pese a esto, la apertura de juicio se ha diferido en 47 oportunidades, quedando ilusoria la decisión de amparo.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el súmmum de la impunidad y la negligencia ocurrió el 03 de junio de 2011, cuando el juez Liexcer Díaz Cuba del Tribunal 4 de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia decidió una solicitud de prescripción de la acción penal presentada por el abogado defensor José Gregorio Rondón. Mediante sentencia, el juez decidió declarar con lugar la solicitud planteada, declarando la prescripción penal de la causa y decretando el sobreseimiento de la misma. La prescripción es la extinción de la acción penal por el paso del tiempo, es decir, se extingue la posibilidad de perseguir y sancionar penalmente al autor o autora de un hecho punible luego de transcurrido determinado tiempo después de la comisión del delito.
El juez Liexcer Díaz Cuba hizo una errónea aplicación de la ley, ya que en efecto los delitos comunes están sujetos a la prescripción por el transcurso del tiempo, pero las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles por mandato constitucional. El artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles”.
El desconocimiento de una norma constitucional básica en materia de derechos humanos es alarmante, y además es grave que tengamos operadores de justicia que no son capaces de distinguir un delito común de una violación de derechos humanos. Cabe preguntarse qué criterios se están usando en el Poder Judicial para seleccionar jueces y juezas que, con semejantes falencias, asumen la responsabilidad de dirigir un tribunal. En tal sentido, desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz solicitamos la revisión y evaluación del Poder Judicial del Edo. Zulia, así como la investigación y sanción del juez Liexcer Díaz, por la Inspectoría General de Tribunales.
Las heridas físicas de Matheus han sanado, pero las huellas emocionales persisten y se agravan con la denegación de justicia, ya que tras once años de espera, los funcionarios implicados no han sido juzgados. Sin embargo, es admirable la tenacidad y valentía de José Matheus, quien se ha asumido como defensor de derechos humanos y como tal sigue buscando la justicia activamente, luchando sin perder la esperanza, ni desistir, pese al cansancio, la burla y la decepción del sistema de administración de justicia.
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