Campaña contra la tortura
Basta de Balas
martes, 17 de mayo de 2011
En la UCV se realizó el “Encuentro Nacional por el Derecho a Defender Derechos”
En la UCV se realizó el “Encuentro Nacional por el Derecho a Defender Derechos”
Enviado por pasantemedios2 en Jueves, 12 de mayo de 2011 – 6:19 PM Sin comentarios. En la lucha por la defensa de los derechos humanos, en horas de la mañana, en la sala E de la Universidad Central de Venezuela se realizó el Encuentro Nacional por el Derecho a Defender Derechos. El Encuentro contó con la participación de:
Marianna Bellalba de la organización Espacio Público, quien expuso un análisis sobre las protestas en Venezuela durante los últimos 10 años. “El cierre de calle es el método más utilizado para manifestar”, “en los últimos dos años vemos una radicalización de la protesta”, “se obstaculizan las movilizaciones que están en contra del Gobierno”,”los sectores de menos recursos son los que más protestan”, señaló.
Posteriormente tomó la palabra el presidente de la Asociación de Jubilados de la CANTV, José Chacón, que explicó la situación de los jubilados de esta empresa. “Nuestra lucha es larga, desde el año 1991″.
En defensa al Derecho a la Educación habló Diego Scharifker, presidente de la FCU de la UCV. “El Gobierno lo que hace es imponer pensamientos y líneas de trabajo.”
En representación de los pueblos indígenas y la defensa de sus derechos intervino el defensor de DDHH Lusbi Portillo. “Hay varios convenios internacionales en la defensa de los pueblos indígenas como con la ONU y la OEA”.
Seguidamente, defendiendo los Derechos Laborales, participó Leonel Grissett, quien es dirigente sindical de SIDOR (Siderúrgica del Orinoco). “El sindicalismo y la lucha social es un sentimiento”.
Defendiendo el Derecho a la Salud se presentaron miembros de la Cooperativa Centro Integral Comunitario de Salud (Cecosesola), donde comentaron sobre la creación de este centro. “Cecosesola cuenta con varias áreas de atención médica”.
Por último, expuso el presidente de la Internacional de Resistentes a la Guerra (organización con experiencias exitosas en manifestaciones pacíficas en cultura de paz), Charles Howard Clark. “La democracia va más allá de la elección de representantes”, “una de las funciones más importantes de la protesta es la edcuación popular”.
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Covicil: Sentenciados 18 funcionarios policiales por violación al derecho a la vida
Enviado por investigacion en Lunes, 16 de mayo de 2011 – 9:39 AM Sin comentarios.
Logo CVCI-Lara
El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL) informa sobre los juicios y sentencias condenatorias, en primera instancia, contra funcionarios policiales condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, lo cual constituye, tal como ha sido denunciado, una clara violación a los DDHH de estos humildes ciudadanos cuyos familiares debieron soportar durante años un sinnúmero de atropellos por parte del Circuito Judicial Penal del estado Lara y luchar contra viento y marea para alcanzar dichas sentencias.
El Circuito Judicial Penal del estado Lara es un mamotreto de concreto absolutamente deshumanizado, una verdadera bolsa mercantil donde en vez de justicia se trafica con la libertad del detenido, donde las victimas y quienes acuden a las audiencias orales y públicas deben permanecer durante largas horas de pie a la espera de que se realice una audiencia, que en la mayoría de los casos es diferida en beneficio de los acusados. Cuando éstos son funcionarios policiales se llega al descaro de suspender audiencias y justificar su negativa a comparecer al juicio sin que ningún juez emita un mandato de conducción para obligarles a presentarse ante el tribunal.
Las audiencias se extienden hasta altas horas de la noche mientras victimas y acusados permanecen en el mismo pasillo, muchas veces sin iluminación y sin ningún resguardo que garantice su seguridad. Los baños son un verdadero monumento a la desidia, la mayoría clausurados por falta de agua y los pocos que se pueden utilizar por el olor putrefacto que emana hacia los pasillos adyacentes dan cuenta del estado de higiene, en correspondencia directa con la descomposición del sistema judicial del estado Lara.
Las largas colas en los ascensores- cuando sirven- terminan por hacer desistir a los usuarios para subir a pie los seis, siete u ocho pisos que conducen a las calurosas salas de audiencias, donde hacerse de una silla para presenciar los juicios orales y públicos depende de la suerte y del ánimo de alguaciles que disfrutan oprimiendo y humillando a las víctimas. Es común ver a los jueces despachando como si de una bodega se tratara. En medio de cualquier audiencia se presentan las partes de otra causa y son atendidas de manera apresurada e improvisada, mientras por su parte los fiscales saltan de un piso a otro en vano intento por estar en dos lugares al mismo tiempo.
Para las víctimas de este viacrucis someterse a tan irracional mecanismo trastorna todos los ámbitos de su mundo familiar, laboral y emocional, mucho más si tomamos en cuenta el tiempo infinito que estas diligencias ocupan. Por ejemplo las víctimas de los dos adolescentes asesinados en el barrio San Juan de Barquisimeto, tuvieron que soportarlo durante diez años para finalmente lograr la sentencia condenatoria contra los cuatro funcionarios policiales acusados por el homicidio calificado de Luis Javier Alvarado y Danner Pastor Barreto en el año 2001.
Similar vía crucis debió transitar la familia Iafrati luego de nueve años ininterrumpidos en los tribunales del estado Falcón, para que el último de los autores del crimen de sus padres, Virgilio Iafrate y su esposa Ilda Battista de Iafrate, fuese sentenciado. En todos los casos la lucha por la anhelada justicia conduce a un estado permanente de zozobra signado por la persecución y el acoso por parte de todos los actores del sistema judicial y policial venezolano: las víctimas son amenazadas, los testigos coaccionados y en el peor de los casos también son asesinados, los juicios radicados en otros estados, y en la opinión pública los medios de comunicación privilegian la versión oficial y los familiares, al igual que los activistas de DDHH, son criminalizados por “defender delincuentes”.
Como si todo lo anterior fuese poco, una vez concluido el juicio, los jueces no se ocupan de motivar la sentencia y su publicación obliga a las víctimas a una espera que las mantiene en un limbo durante largos meses, lo que conduce a extender el tránsito del viacrucis de la impunidad hasta que el expediente algún día aterrice en la siempre complaciente corte de apelaciones, que suele borrar de un plumazo la mayoría de las condenas a los policías asesinos, tal y como ocurrió en los casos del asesinato del joven Juan Carlos Mellizo, asesinado por un Guardia Nacional y Elpidio Hernández asesinado por un funcionario de la policía de Lara, crímenes que continúan en la impunidad al igual que los cientos de casos acumulados en los despachos fiscales destinados a permanecer en la eterna y conveniente “fase de investigación”.
Además de ello, y aun cuando se ha demostrado la autoría del acto delictivo por parte del policía, el Estado dispensa un abierto trato preferencial a los funcionarios y ex funcionarios que aun cuando has sido condenados, se les mantiene cumpliendo la pena en sus respectivos comandos, amparado en la solidaridad de otros funcionarios activos del cuerpo policial.
Como es sabido, es un hecho público y notorio la violación de la medida privativa de libertad por funcionarios y ex funcionarios del estado Lara que han sido sorprendidos en flagrancia fuera de la comandancia de la policía, incluso cometiendo delitos, situación lógica de entender, tomando en cuenta que el personal de custodia pertenece al mismo cuerpo policial para el cual laboraban, lo cual constituye un abuso descarado y una burla para las víctimas, además de dar cuenta del mal circo que es el sistema de administración de justicia en este país.
Los miembros del COVICIL y principalmente las víctimas, exigimos tanto a la presidenta del Circuito Judicial de Lara, a la Comandante de la Policía y al mismo gobernador del estado, como a los responsables de la reclusión y custodia de los ex funcionarios, que tomen de manera inmediata las medidas necesarias designando la cárcel nacional de Uribana como centro de reclusión donde estos delincuentes cumplan la pena aplicada. No hacerlo es convertirse en cómplices y suscribir un fraude de las decisiones que emanan del llamado mandato de ley.
Desde el COVICIL hoy presentamos cinco casos en los cuales, gracias a la perseverancia y determinación de las víctimas organizadas en la lucha contra la impunidad, se ha logrado la condena en primera instancia de 18 funcionarios de distintos cuerpos policiales de la región, cuya acción criminal le arrebató la vida a 11 venezolanos. Balance que está muy lejos de exhibir algún ánimo triunfalista por parte de quienes jamás lograrán recuperar a sus seres queridos que les fueron arrebatados por la violencia policial y Estatal, más sin embargo constituye una prueba formal ante la opinión pública de que lo que estas madres y demás familiares han venido denunciando hasta el cansancio era una verdad y quedó demostrada, lo que constituye de alguna manera un resarcimiento moral a la memoria de las víctimas de la criminalidad policial.
Caso: MASACRE DE LOMA DE LEON (04 de febrero de 2008)
Victimas:
Jorge L. Parra, Jorge Liscano, Julio C. Escalona, Carlos A. Quintero.
Sentenciados: tres ex funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara: Wilmer Perdomo, Julio Perozo, Luis Camacaro, (este último también procesado por el asesinato de los hermanos Pérez Heredia y en dos homicidios mas incluyendo una masacre ocurrida dos meses antes de la muerte de los hermanos Pérez Heredia) Condenados a 15 años de prisión por homicidio calificado y uso indebido de arma de reglamento.
2. Caso: Del mal llamado “Chispiao” (17 de abril de 2009) Un caso de extorsión y privación ilegítima de libertad que terminó en el cuádruple homicidio de: Jorge Arturo Figueroa, Carlos Enrique Ladino, Eleazar Noguera, Smith Sánchez González.
Por este caso fueron condenados por los delitos de extorsión y privación ilegítima de libertad dos funcionarios de las Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, el distinguido Ramón Rojas Rubio y el inspector José Rafael Guillén. Sin embargo hasta la fecha el asesinato de estos cuatro ciudadanos continúa impune.
Las consecuencias de este caso, donde se demostró una vez más las alianzas y lazos entre las bandas delictivas y cuerpos policiales del estado Lara, origino todo un conjunto de ejecuciones y masacres entre abril y agosto del 2008 que produjo la muerte de 18 personas donde resultaron implicados más de veinte funcionarios policiales, en una investigación que termino en el ya conocido archivo judicial de los expedientes
3. Caso: ASESINATO DE LUIS ALBERTO GUEDEZ CORDERO (26 de noviembre de 2005)
Sentenciados: 4 ex funcionarios de las FAPL: Juan Carlos Jiménez, Joan José Lobatón y Yohander Marín. Condenados a 15 años y 8 meses por homicidio calificado en grado de cooperadores inmediatos. Y Wilmer Rafael Campos, autor material del asesinato fue condenado a 17 años con ochos meses de prisión
Caso: ASESINATO DE DOS MENORES EN EL BARRIO SAN JUAN (5 de junio de 2001)
Víctimas: Luis Javier Alvarado, Danner Pastor Barreto
Funcionarios sentenciados: Cruz Mario Vásquez Medina (GNB), Ego Enrique Mosquera Altuve. (GNB), Omar Elías Lucena Naveda. (GNB), Rafael Armando Bolivar (CICPC)
Condenados a diez años y nueve meses de prision
5. Caso: Comisión policial involucrada en tres hechos sucedidos entre el 06/06/2003 y el 18/01/2004
Victimas: Wildemar Jose Gonzalez Pereira, Luis Alberto Orellana, Argenis Jose Crespo Sanchez, Wladimir Oviedo Tona, Ali Coromoto Garcia Torres y Julio Cesar Hernandez Garcia Condenados con penas entre los 12 y 18 años de prisión a cinco funcionarios de la policía de Lara: Víctor José Leal, José Luis Quintero Falcón, José Ramón López, Lisandro Antonio Ruiz, por los delitos de homicidio intencional con premeditación y alevosía y uso indebido de arma de fuego.
En este caso es bueno destacar la acción de un grupo de familiares de estos funcionarios hoy detenidos, que con el apoyo de Rodríguez Figueras y Luis Reyes Reyes se dedicaron a toda una labor difamatoria y de sabotajes contra la acciones del comité, logrando por espacio de ocho años retardar un proceso que hoy con la sentencia dictada comprueba la justeza de nuestras denuncias.
Hay que recalcar que estos funcionarios en todo este tiempo siguen detenidos en la comandancia de policía del estado, gozando de todos los privilegios y prerrogativas que dicha situación implica, incluyendo el cobro regular de sus salarios y salidas regulares de dicha comandancia, como en reiteradas oportunidades lo han comprobado los fiscales del estado Lara.
Si observamos la fecha en que ocurrieron los hechos aquí narrados junio del 2001 hasta abril del 2009 se verá con claridad, que el retardo procesal en beneficio de los funcionarios imputados, arroja un promedio superior a los cinco años de duración y en ningún caso estos funcionarios fueron acusados de violación de los DD.HH como lo demuestran los hechos.
Todas estas sentencias comprueban y ratifican no solo la continua violación de los DDHH en el estado Lara por parte de los diferentes cuerpos policiales de la región, sino el hecho lamentable de la burla, humillación y desprecio a que son sometidos los familiares de las victimas por parte organismos llamados supuestamente a protegerlos en su seguridad y hacer cumplir la justicia. En esta situación, los familiares no solo pierden a sus seres queridos, sino que ellos luego son convertidos en nuevas víctimas del sistema policial y judicial del Estado Venezolano que han hecho de la impunidad su política oficial hacia la gran mayoría de la población.
GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
LA IMPUNIDAD JUDICIAL Y POLICIAL ESTIMULAN LA INSEGURIDAD
¡¡SÓLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VÍCTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
15 DE MAYO 2011
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Logo CVCI-Lara
El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL) informa sobre los juicios y sentencias condenatorias, en primera instancia, contra funcionarios policiales condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, lo cual constituye, tal como ha sido denunciado, una clara violación a los DDHH de estos humildes ciudadanos cuyos familiares debieron soportar durante años un sinnúmero de atropellos por parte del Circuito Judicial Penal del estado Lara y luchar contra viento y marea para alcanzar dichas sentencias.
El Circuito Judicial Penal del estado Lara es un mamotreto de concreto absolutamente deshumanizado, una verdadera bolsa mercantil donde en vez de justicia se trafica con la libertad del detenido, donde las victimas y quienes acuden a las audiencias orales y públicas deben permanecer durante largas horas de pie a la espera de que se realice una audiencia, que en la mayoría de los casos es diferida en beneficio de los acusados. Cuando éstos son funcionarios policiales se llega al descaro de suspender audiencias y justificar su negativa a comparecer al juicio sin que ningún juez emita un mandato de conducción para obligarles a presentarse ante el tribunal.
Las audiencias se extienden hasta altas horas de la noche mientras victimas y acusados permanecen en el mismo pasillo, muchas veces sin iluminación y sin ningún resguardo que garantice su seguridad. Los baños son un verdadero monumento a la desidia, la mayoría clausurados por falta de agua y los pocos que se pueden utilizar por el olor putrefacto que emana hacia los pasillos adyacentes dan cuenta del estado de higiene, en correspondencia directa con la descomposición del sistema judicial del estado Lara.
Las largas colas en los ascensores- cuando sirven- terminan por hacer desistir a los usuarios para subir a pie los seis, siete u ocho pisos que conducen a las calurosas salas de audiencias, donde hacerse de una silla para presenciar los juicios orales y públicos depende de la suerte y del ánimo de alguaciles que disfrutan oprimiendo y humillando a las víctimas. Es común ver a los jueces despachando como si de una bodega se tratara. En medio de cualquier audiencia se presentan las partes de otra causa y son atendidas de manera apresurada e improvisada, mientras por su parte los fiscales saltan de un piso a otro en vano intento por estar en dos lugares al mismo tiempo.
Para las víctimas de este viacrucis someterse a tan irracional mecanismo trastorna todos los ámbitos de su mundo familiar, laboral y emocional, mucho más si tomamos en cuenta el tiempo infinito que estas diligencias ocupan. Por ejemplo las víctimas de los dos adolescentes asesinados en el barrio San Juan de Barquisimeto, tuvieron que soportarlo durante diez años para finalmente lograr la sentencia condenatoria contra los cuatro funcionarios policiales acusados por el homicidio calificado de Luis Javier Alvarado y Danner Pastor Barreto en el año 2001.
Similar vía crucis debió transitar la familia Iafrati luego de nueve años ininterrumpidos en los tribunales del estado Falcón, para que el último de los autores del crimen de sus padres, Virgilio Iafrate y su esposa Ilda Battista de Iafrate, fuese sentenciado. En todos los casos la lucha por la anhelada justicia conduce a un estado permanente de zozobra signado por la persecución y el acoso por parte de todos los actores del sistema judicial y policial venezolano: las víctimas son amenazadas, los testigos coaccionados y en el peor de los casos también son asesinados, los juicios radicados en otros estados, y en la opinión pública los medios de comunicación privilegian la versión oficial y los familiares, al igual que los activistas de DDHH, son criminalizados por “defender delincuentes”.
Como si todo lo anterior fuese poco, una vez concluido el juicio, los jueces no se ocupan de motivar la sentencia y su publicación obliga a las víctimas a una espera que las mantiene en un limbo durante largos meses, lo que conduce a extender el tránsito del viacrucis de la impunidad hasta que el expediente algún día aterrice en la siempre complaciente corte de apelaciones, que suele borrar de un plumazo la mayoría de las condenas a los policías asesinos, tal y como ocurrió en los casos del asesinato del joven Juan Carlos Mellizo, asesinado por un Guardia Nacional y Elpidio Hernández asesinado por un funcionario de la policía de Lara, crímenes que continúan en la impunidad al igual que los cientos de casos acumulados en los despachos fiscales destinados a permanecer en la eterna y conveniente “fase de investigación”.
Además de ello, y aun cuando se ha demostrado la autoría del acto delictivo por parte del policía, el Estado dispensa un abierto trato preferencial a los funcionarios y ex funcionarios que aun cuando has sido condenados, se les mantiene cumpliendo la pena en sus respectivos comandos, amparado en la solidaridad de otros funcionarios activos del cuerpo policial.
Como es sabido, es un hecho público y notorio la violación de la medida privativa de libertad por funcionarios y ex funcionarios del estado Lara que han sido sorprendidos en flagrancia fuera de la comandancia de la policía, incluso cometiendo delitos, situación lógica de entender, tomando en cuenta que el personal de custodia pertenece al mismo cuerpo policial para el cual laboraban, lo cual constituye un abuso descarado y una burla para las víctimas, además de dar cuenta del mal circo que es el sistema de administración de justicia en este país.
Los miembros del COVICIL y principalmente las víctimas, exigimos tanto a la presidenta del Circuito Judicial de Lara, a la Comandante de la Policía y al mismo gobernador del estado, como a los responsables de la reclusión y custodia de los ex funcionarios, que tomen de manera inmediata las medidas necesarias designando la cárcel nacional de Uribana como centro de reclusión donde estos delincuentes cumplan la pena aplicada. No hacerlo es convertirse en cómplices y suscribir un fraude de las decisiones que emanan del llamado mandato de ley.
Desde el COVICIL hoy presentamos cinco casos en los cuales, gracias a la perseverancia y determinación de las víctimas organizadas en la lucha contra la impunidad, se ha logrado la condena en primera instancia de 18 funcionarios de distintos cuerpos policiales de la región, cuya acción criminal le arrebató la vida a 11 venezolanos. Balance que está muy lejos de exhibir algún ánimo triunfalista por parte de quienes jamás lograrán recuperar a sus seres queridos que les fueron arrebatados por la violencia policial y Estatal, más sin embargo constituye una prueba formal ante la opinión pública de que lo que estas madres y demás familiares han venido denunciando hasta el cansancio era una verdad y quedó demostrada, lo que constituye de alguna manera un resarcimiento moral a la memoria de las víctimas de la criminalidad policial.
Caso: MASACRE DE LOMA DE LEON (04 de febrero de 2008)
Victimas:
Jorge L. Parra, Jorge Liscano, Julio C. Escalona, Carlos A. Quintero.
Sentenciados: tres ex funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara: Wilmer Perdomo, Julio Perozo, Luis Camacaro, (este último también procesado por el asesinato de los hermanos Pérez Heredia y en dos homicidios mas incluyendo una masacre ocurrida dos meses antes de la muerte de los hermanos Pérez Heredia) Condenados a 15 años de prisión por homicidio calificado y uso indebido de arma de reglamento.
2. Caso: Del mal llamado “Chispiao” (17 de abril de 2009) Un caso de extorsión y privación ilegítima de libertad que terminó en el cuádruple homicidio de: Jorge Arturo Figueroa, Carlos Enrique Ladino, Eleazar Noguera, Smith Sánchez González.
Por este caso fueron condenados por los delitos de extorsión y privación ilegítima de libertad dos funcionarios de las Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, el distinguido Ramón Rojas Rubio y el inspector José Rafael Guillén. Sin embargo hasta la fecha el asesinato de estos cuatro ciudadanos continúa impune.
Las consecuencias de este caso, donde se demostró una vez más las alianzas y lazos entre las bandas delictivas y cuerpos policiales del estado Lara, origino todo un conjunto de ejecuciones y masacres entre abril y agosto del 2008 que produjo la muerte de 18 personas donde resultaron implicados más de veinte funcionarios policiales, en una investigación que termino en el ya conocido archivo judicial de los expedientes
3. Caso: ASESINATO DE LUIS ALBERTO GUEDEZ CORDERO (26 de noviembre de 2005)
Sentenciados: 4 ex funcionarios de las FAPL: Juan Carlos Jiménez, Joan José Lobatón y Yohander Marín. Condenados a 15 años y 8 meses por homicidio calificado en grado de cooperadores inmediatos. Y Wilmer Rafael Campos, autor material del asesinato fue condenado a 17 años con ochos meses de prisión
Caso: ASESINATO DE DOS MENORES EN EL BARRIO SAN JUAN (5 de junio de 2001)
Víctimas: Luis Javier Alvarado, Danner Pastor Barreto
Funcionarios sentenciados: Cruz Mario Vásquez Medina (GNB), Ego Enrique Mosquera Altuve. (GNB), Omar Elías Lucena Naveda. (GNB), Rafael Armando Bolivar (CICPC)
Condenados a diez años y nueve meses de prision
5. Caso: Comisión policial involucrada en tres hechos sucedidos entre el 06/06/2003 y el 18/01/2004
Victimas: Wildemar Jose Gonzalez Pereira, Luis Alberto Orellana, Argenis Jose Crespo Sanchez, Wladimir Oviedo Tona, Ali Coromoto Garcia Torres y Julio Cesar Hernandez Garcia Condenados con penas entre los 12 y 18 años de prisión a cinco funcionarios de la policía de Lara: Víctor José Leal, José Luis Quintero Falcón, José Ramón López, Lisandro Antonio Ruiz, por los delitos de homicidio intencional con premeditación y alevosía y uso indebido de arma de fuego.
En este caso es bueno destacar la acción de un grupo de familiares de estos funcionarios hoy detenidos, que con el apoyo de Rodríguez Figueras y Luis Reyes Reyes se dedicaron a toda una labor difamatoria y de sabotajes contra la acciones del comité, logrando por espacio de ocho años retardar un proceso que hoy con la sentencia dictada comprueba la justeza de nuestras denuncias.
Hay que recalcar que estos funcionarios en todo este tiempo siguen detenidos en la comandancia de policía del estado, gozando de todos los privilegios y prerrogativas que dicha situación implica, incluyendo el cobro regular de sus salarios y salidas regulares de dicha comandancia, como en reiteradas oportunidades lo han comprobado los fiscales del estado Lara.
Si observamos la fecha en que ocurrieron los hechos aquí narrados junio del 2001 hasta abril del 2009 se verá con claridad, que el retardo procesal en beneficio de los funcionarios imputados, arroja un promedio superior a los cinco años de duración y en ningún caso estos funcionarios fueron acusados de violación de los DD.HH como lo demuestran los hechos.
Todas estas sentencias comprueban y ratifican no solo la continua violación de los DDHH en el estado Lara por parte de los diferentes cuerpos policiales de la región, sino el hecho lamentable de la burla, humillación y desprecio a que son sometidos los familiares de las victimas por parte organismos llamados supuestamente a protegerlos en su seguridad y hacer cumplir la justicia. En esta situación, los familiares no solo pierden a sus seres queridos, sino que ellos luego son convertidos en nuevas víctimas del sistema policial y judicial del Estado Venezolano que han hecho de la impunidad su política oficial hacia la gran mayoría de la población.
GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
LA IMPUNIDAD JUDICIAL Y POLICIAL ESTIMULAN LA INSEGURIDAD
¡¡SÓLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VÍCTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
15 DE MAYO 2011
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Red de Apoyo por la Justicia y la Paz repudia abusos policiales
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz manifiesta públicamente su repudio a los recientes actos de violencia policial evidenciados en la sede de la Policía de Chacao y denunciados en la Asamblea Nacional, así como la represión violenta por parte de funcionarios de la Policía del Edo. Barinas contra estudiantes en aquella entidad llanera.
Ambos casos, ocurridos en instituciones policiales bajo la responsabilidad política de gobernadores y alcaldes de diferente signo partidista, ponen en evidencia una vez más la necesidad de lograr un compromiso efectivo, concreto y honesto con la reforma policial por parte de todos los y las representantes de los poderes ejecutivos estadales y locales en el país, sin distingo de ninguna naturaleza. Esto implica por parte de ellos y ellas la necesaria asunción de los lineamientos emanados del órgano rector, la adecuación institucional a los estándares y normativas del nuevo modelo policial; la depuración estricta de sus filas; la asimilación de un nuevo paradigma ético de la labor policial; el control interno exhaustivo; la formación adecuada y permanente para el manejo de situaciones de orden público, uso de la fuerza o de trato a personas detenidas; la sanción de toda desviación policial, así como la generación de condiciones para un mayor control social sobre las policías.
Uno de los grandes vicios del viejo modelo policial en Venezuela y América Latina ha sido el desentendimiento de los actores políticos sobre sus responsabilidades directas para con las instituciones policiales a su cargo, dejando éstas a merced de sus propias estructuras jerárquicas y dando muchas veces aval explícito o implícito a la vulneración de derechos humanos como parte de una política de demagogia punitiva, profundamente antidemocrática, contraria a la Constitución, a las leyes, al bien común y adicionalmente ineficiente, violenta y reactiva.
Situaciones como las ocurridas en Polichacao, en la Policía de Barinas o en cualquier otro cuerpo policial de que se tenga conocimiento y que periódicamente son de dominio público (por citar sólo algunos ejemplos: Policaracas, Polisur, Policía de Lara, de Apure, del Táchira, del Zulia, entre otras) no hacen más que reforzar la exigencia para que los poderes del Estado actúen con firmeza y se desmarquen no sólo en el discurso sino en la acción de esas prácticas nefastas que denigran la labor policial y contribuyen a aumentar la brecha y el rechazo social hacia los cuerpos policiales, garantes por naturaleza de la vida e integridad de todas las personas.
Ante los requerimientos de intervención policial que se han manifestado a raíz de los casos citados, es importante recordar que la normativa vigente en el país es muy clara sobre las condiciones que deben darse para aplicar un proceso de intervención a un cuerpo policial (Artículo 75 de la LOSPCPNB: “El Órgano Rector podrá intervenir los cuerpos de policía cuando se determine la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias en violación de los derechos humanos, en redes delictivas o en actividades que atenten contra el orden constitucional, o a solicitud del Ministerio Público, del Gobernador o Gobernadora, el alcalde o alcaldesa correspondiente(…)”). En ese sentido, si las situaciones de vulneración de derechos se vuelven reiteradas y sistemáticas, puede darse pie en el futuro mediato a la aplicación en estas u otras policías de los protocolos de intervención que el Consejo General de Policía se encuentra elaborando. De allí la importancia del seguimiento continuo y de la contraloría social e institucional sobre todos los cuerpos policiales sin excepción para determinar si estas malas prácticas se constituyen en sistemáticas o no y proceder sobre ellas con contundencia.
Exhortamos a la Asamblea Nacional a agilizar y dar prioridad legislativa a la normativa pendiente en materia de sanción y prevención de la tortura, en mora desde 1999; al Poder Ejecutivo generar los mecanismos para la atención médica y sicológica a las víctimas de este tipo de violaciones de derechos humanos; finalmente exigimos al Ministerio Público y a todo el sistema de justicia penal actuar con celeridad, transparencia y eficacia en estos casos y en los miles de casos similares que reposan en sus dependencias, para llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones y evitar que, una vez más, la impunidad y el atropello a la justicia, con su consiguiente carga de re victimización de las víctimas, imperen en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de funcionarios policiales.
Caracas, 3 de mayo de 2011
lucha Antiimperialista
lucha Antiimperialista
La lucha por la consolidación de la Democracia Bolivariana
es inseparable de la lucha antiimperialista y por la construcción del
socialismo. Ninguna de estas luchas puede librarse independientemente de las
otras. Son aspectos de un solo combate. En esta etapa la lucha antiimperialista
debe concentrarse en avanzar en la construcción de un bloque de países
socialistas; en levantar el socialismo como alternativa integral frente la
decadencia del capitalismo; en propugnar la construcción de un mundo pluripolar;
en unir los sectores, organizaciones, movimientos sociales y los partidos
antiimperialistas; en promover y fortalecer diversas iniciativas para la
construcción de una nueva arquitectura de alianzas internacionales tales como la ALBA , la Comunidad de países
nuestro americanos y caribeños, UNASUR, PETROSUR, MERCOSUR, ASA, entre otros,
que permitan aislar y debilitar al imperialismo como enemigo principal.
La construcción de esta nueva arquitectura debe acompañarse de
la formación de una conciencia política, prácticas y valores socialistas para
la defensa de la Patria
y los pueblos hermanos, dándole un contenido emancipatorio a los procesos
políticos nacionales, regionales y globales, por lo que es necesario trabajar
intensamente en la construcción, unificación y consolidación de movimientos
sociales, políticas, culturales, económicas y tecnológicas liberadoras, que
trabajen por garantizar el control comunal, popular, nacional, con sentido
revolucionario de todas las riquezas, especialmente las energéticas, hídricas,
la biodiversidad de nuestros países, así como promover la independencia científica y tecnológica en todas las
esferas.
De igual manera es necesario promover la soberanía cultural
mediante el rescate de la memoria histórica colectiva, integrando el carácter
pluricultural y multiétnico de la nación y lo comunicacional y cultural con los
pueblos hermanos. En tal sentido hay que desarrollar redes y servicios de
Tecnologías de Información y Comunicación que sirvan de soporte para adelantar
programas de unidad e integración complementaria de culturas, valores,
economías, sistemas tecnológicos y financieros de Nuestra América, que
propugnen la unidad, el fortalecimiento de nuestros pueblos y gobiernos, en los
ámbitos nacional, binacional, multilateral, regional, continental y global, de
manera que permitan enfrentar como un solo pueblo y una sola fuerza al
imperialismo. Desde esta perspectiva, convocar la Quinta Internacional
es un objetivo de gran importancia que permitiría
articular, coordinar y unir esfuerzos en la lucha contra el imperialismo, en un
contexto internacional que abra perspectivas a las luchas revolucionarias de
los pueblos del mundo.
En particular en nuestra América, encabezados por la Revolución Bolivariana ,
se ha logrado un importante reagrupamiento de fuerzas, una de cuyas expresiones
es la ALBA ,
bloque que, con sus diversos matices internos, apunta a la consolidación de la
unidad y la integración como premisa de la construcción del socialismo,
desafiando abiertamente la hegemonía de EE.UU. En poco más de una década la
región se deslizó drásticamente desde gobiernos serviles y entregados al
imperialismo a través del neoliberalismo del Consenso de Washington, hasta
gobiernos de orientación progresista y socialista que han derrotado dicho
Consenso, confrontado radicalmente el neoliberalismo y sepultado el ALCA. La
conciencia sobre la necesidad histórica de la unidad, la integración y la
solidaridad, así como la necesidad de una economía complementaria, ha
despertado en la región un proceso que reivindica el pensamiento de los héroes
y heroínas que forjaron nuestras identidades como naciones, a 200 años del
inicio de los procesos emancipadores en el continente, y plantea culminar la
obra de la independencia truncada por el dominio imperialista.
El imperialismo capitalista está afectado por una grave crisis
sistémica. Su legitimidad política está erosionada y el paradigma neoliberal
está seriamente cuestionado, pero esto no significa su derrumbe inmediato.
EE.UU. mantiene una intrincada red de relaciones
bajo su control, ejerce el dominio militar y tecnológico
global y la utilización del dólar como moneda de compensación y de pagos del
sistema económico internacional, otorgándole grandes ventajas que hace que la
pérdida de su hegemonía sea un proceso mucho más complejo de lo que algunos
piensan. En otras palabras, la crisis por sí misma no va a destruir el
imperialismo, se requiere de un contendor político capaz de disputarle la
hegemonía y es donde la Revolución Bolivariana juega un papel
fundamental.
En términos concretos, en la región vivimos una contraofensiva
imperialista: golpe de estado en Honduras, expansión de las bases militares en
Colombia, guerra mediática global contra Venezuela, medidas que anuncian la
profundización de la lucha de clases en la región. Para que la crisis del
capitalismo tenga una salida revolucionaria se requiere levantar una
alternativa integral al sistema capitalista: una salida revolucionaria y
socialista.
lunes, 16 de mayo de 2011
La salud es un derecho
Enviado por Medios en Sábado, 14 de mayo de 2011 – 7:35 AMSin comentarios
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es decir que para alcanzar ese estado de bienestar, deben estar satisfechas necesidades como vivienda, servicios públicos, empleo, confort, recreación, acceso a servicios de salud, etc.
La salud en Venezuela
La salud en Venezuela es una garantía social y un derecho consagrado en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, caracterizado por: la universalidad, es decir, todos y todas tenemos derecho a la salud, sin distinción de raza, sexo, condición sexual, religión, preferencia política, etc. La interdependencia, pues del derecho a la salud depende que otros derechos estén garantizados, como por ejemplo, la alimentación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano, etc., y la irrenunciabilidad, debido a que nadie puede exigir que se renuncie a ese derecho.
La salud en Venezuela es una garantía social y un derecho consagrado en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, caracterizado por: la universalidad, es decir, todos y todas tenemos derecho a la salud, sin distinción de raza, sexo, condición sexual, religión, preferencia política, etc. La interdependencia, pues del derecho a la salud depende que otros derechos estén garantizados, como por ejemplo, la alimentación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano, etc., y la irrenunciabilidad, debido a que nadie puede exigir que se renuncie a ese derecho.
La Red de Apoyo: aliada de la salud
En la satisfacción del derecho a la salud están comprometidos el Estado, la sociedad en su conjunto y las personas. Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos humanos, damos nuestro aporte a la salud de la población al documentar y proporcionar atención médica, psicológica, jurídica y social a víctimas de tortura y sus familiares.
En la satisfacción del derecho a la salud están comprometidos el Estado, la sociedad en su conjunto y las personas. Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos humanos, damos nuestro aporte a la salud de la población al documentar y proporcionar atención médica, psicológica, jurídica y social a víctimas de tortura y sus familiares.
Mediante el Programa de Atención Integral a Personas Víctimas, atendemos médica, psicológica y socialmente a víctimas de violaciones de derechos humanos y también a sus familiares, y además los y las acompañamos en todo el proceso de denuncia ante la Fiscalía y los otros órganos de administración de justicia.
A las víctimas se les realiza una evaluación médica y psicológica completa, tomando en cuenta no sólo las secuelas presentes en el momento del examen, sino todas aquellas lesiones agudas que presentó el o la paciente luego del acto de tortura; esto es importante ya que en numerosas ocasiones la persona acude a la consulta cuando ya éstas han desaparecido. Para ello, nos basamos en un manual llamado Protocolo de Estambul, que es una guía eficaz y completa para documentar los casos de tortura desde el punto de vista médico, psicológico y jurídico.
A las víctimas se les realiza una evaluación médica y psicológica completa, tomando en cuenta no sólo las secuelas presentes en el momento del examen, sino todas aquellas lesiones agudas que presentó el o la paciente luego del acto de tortura; esto es importante ya que en numerosas ocasiones la persona acude a la consulta cuando ya éstas han desaparecido. Para ello, nos basamos en un manual llamado Protocolo de Estambul, que es una guía eficaz y completa para documentar los casos de tortura desde el punto de vista médico, psicológico y jurídico.
De la adecuada documentación y valoración de las secuelas dependerá en gran parte la posibilidad de poder probar estos hechos ante los órganos de administración de justicia y poder aplicar la pena correspondiente a los y las culpables.
12,05,11 Fiorella Perrone Ciudad CCS/Red de Apoyo
INFORME 2011: EN SU 50 ANIVERSARIO, AMNISTÍA INTERNACIONAL
INFORME 2011: EN SU 50 ANIVERSARIO, AMNISTÍA INTERNACIONAL AFIRMA QUE EL CAMBIO HISTÓRICO PENDE DE
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