Enviado por investigacion en Lunes, 16 de mayo de 2011 – 9:39 AM Sin comentarios.
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El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL) informa sobre los juicios y sentencias condenatorias, en primera instancia, contra funcionarios policiales condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, lo cual constituye, tal como ha sido denunciado, una clara violación a los DDHH de estos humildes ciudadanos cuyos familiares debieron soportar durante años un sinnúmero de atropellos por parte del Circuito Judicial Penal del estado Lara y luchar contra viento y marea para alcanzar dichas sentencias.
El Circuito Judicial Penal del estado Lara es un mamotreto de concreto absolutamente deshumanizado, una verdadera bolsa mercantil donde en vez de justicia se trafica con la libertad del detenido, donde las victimas y quienes acuden a las audiencias orales y públicas deben permanecer durante largas horas de pie a la espera de que se realice una audiencia, que en la mayoría de los casos es diferida en beneficio de los acusados. Cuando éstos son funcionarios policiales se llega al descaro de suspender audiencias y justificar su negativa a comparecer al juicio sin que ningún juez emita un mandato de conducción para obligarles a presentarse ante el tribunal.
Las audiencias se extienden hasta altas horas de la noche mientras victimas y acusados permanecen en el mismo pasillo, muchas veces sin iluminación y sin ningún resguardo que garantice su seguridad. Los baños son un verdadero monumento a la desidia, la mayoría clausurados por falta de agua y los pocos que se pueden utilizar por el olor putrefacto que emana hacia los pasillos adyacentes dan cuenta del estado de higiene, en correspondencia directa con la descomposición del sistema judicial del estado Lara.
Las largas colas en los ascensores- cuando sirven- terminan por hacer desistir a los usuarios para subir a pie los seis, siete u ocho pisos que conducen a las calurosas salas de audiencias, donde hacerse de una silla para presenciar los juicios orales y públicos depende de la suerte y del ánimo de alguaciles que disfrutan oprimiendo y humillando a las víctimas. Es común ver a los jueces despachando como si de una bodega se tratara. En medio de cualquier audiencia se presentan las partes de otra causa y son atendidas de manera apresurada e improvisada, mientras por su parte los fiscales saltan de un piso a otro en vano intento por estar en dos lugares al mismo tiempo.
Para las víctimas de este viacrucis someterse a tan irracional mecanismo trastorna todos los ámbitos de su mundo familiar, laboral y emocional, mucho más si tomamos en cuenta el tiempo infinito que estas diligencias ocupan. Por ejemplo las víctimas de los dos adolescentes asesinados en el barrio San Juan de Barquisimeto, tuvieron que soportarlo durante diez años para finalmente lograr la sentencia condenatoria contra los cuatro funcionarios policiales acusados por el homicidio calificado de Luis Javier Alvarado y Danner Pastor Barreto en el año 2001.
Similar vía crucis debió transitar la familia Iafrati luego de nueve años ininterrumpidos en los tribunales del estado Falcón, para que el último de los autores del crimen de sus padres, Virgilio Iafrate y su esposa Ilda Battista de Iafrate, fuese sentenciado. En todos los casos la lucha por la anhelada justicia conduce a un estado permanente de zozobra signado por la persecución y el acoso por parte de todos los actores del sistema judicial y policial venezolano: las víctimas son amenazadas, los testigos coaccionados y en el peor de los casos también son asesinados, los juicios radicados en otros estados, y en la opinión pública los medios de comunicación privilegian la versión oficial y los familiares, al igual que los activistas de DDHH, son criminalizados por “defender delincuentes”.
Como si todo lo anterior fuese poco, una vez concluido el juicio, los jueces no se ocupan de motivar la sentencia y su publicación obliga a las víctimas a una espera que las mantiene en un limbo durante largos meses, lo que conduce a extender el tránsito del viacrucis de la impunidad hasta que el expediente algún día aterrice en la siempre complaciente corte de apelaciones, que suele borrar de un plumazo la mayoría de las condenas a los policías asesinos, tal y como ocurrió en los casos del asesinato del joven Juan Carlos Mellizo, asesinado por un Guardia Nacional y Elpidio Hernández asesinado por un funcionario de la policía de Lara, crímenes que continúan en la impunidad al igual que los cientos de casos acumulados en los despachos fiscales destinados a permanecer en la eterna y conveniente “fase de investigación”.
Además de ello, y aun cuando se ha demostrado la autoría del acto delictivo por parte del policía, el Estado dispensa un abierto trato preferencial a los funcionarios y ex funcionarios que aun cuando has sido condenados, se les mantiene cumpliendo la pena en sus respectivos comandos, amparado en la solidaridad de otros funcionarios activos del cuerpo policial.
Como es sabido, es un hecho público y notorio la violación de la medida privativa de libertad por funcionarios y ex funcionarios del estado Lara que han sido sorprendidos en flagrancia fuera de la comandancia de la policía, incluso cometiendo delitos, situación lógica de entender, tomando en cuenta que el personal de custodia pertenece al mismo cuerpo policial para el cual laboraban, lo cual constituye un abuso descarado y una burla para las víctimas, además de dar cuenta del mal circo que es el sistema de administración de justicia en este país.
Los miembros del COVICIL y principalmente las víctimas, exigimos tanto a la presidenta del Circuito Judicial de Lara, a la Comandante de la Policía y al mismo gobernador del estado, como a los responsables de la reclusión y custodia de los ex funcionarios, que tomen de manera inmediata las medidas necesarias designando la cárcel nacional de Uribana como centro de reclusión donde estos delincuentes cumplan la pena aplicada. No hacerlo es convertirse en cómplices y suscribir un fraude de las decisiones que emanan del llamado mandato de ley.
Desde el COVICIL hoy presentamos cinco casos en los cuales, gracias a la perseverancia y determinación de las víctimas organizadas en la lucha contra la impunidad, se ha logrado la condena en primera instancia de 18 funcionarios de distintos cuerpos policiales de la región, cuya acción criminal le arrebató la vida a 11 venezolanos. Balance que está muy lejos de exhibir algún ánimo triunfalista por parte de quienes jamás lograrán recuperar a sus seres queridos que les fueron arrebatados por la violencia policial y Estatal, más sin embargo constituye una prueba formal ante la opinión pública de que lo que estas madres y demás familiares han venido denunciando hasta el cansancio era una verdad y quedó demostrada, lo que constituye de alguna manera un resarcimiento moral a la memoria de las víctimas de la criminalidad policial.
Caso: MASACRE DE LOMA DE LEON (04 de febrero de 2008)
Victimas:
Jorge L. Parra, Jorge Liscano, Julio C. Escalona, Carlos A. Quintero.
Sentenciados: tres ex funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara: Wilmer Perdomo, Julio Perozo, Luis Camacaro, (este último también procesado por el asesinato de los hermanos Pérez Heredia y en dos homicidios mas incluyendo una masacre ocurrida dos meses antes de la muerte de los hermanos Pérez Heredia) Condenados a 15 años de prisión por homicidio calificado y uso indebido de arma de reglamento.
2. Caso: Del mal llamado “Chispiao” (17 de abril de 2009) Un caso de extorsión y privación ilegítima de libertad que terminó en el cuádruple homicidio de: Jorge Arturo Figueroa, Carlos Enrique Ladino, Eleazar Noguera, Smith Sánchez González.
Por este caso fueron condenados por los delitos de extorsión y privación ilegítima de libertad dos funcionarios de las Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, el distinguido Ramón Rojas Rubio y el inspector José Rafael Guillén. Sin embargo hasta la fecha el asesinato de estos cuatro ciudadanos continúa impune.
Las consecuencias de este caso, donde se demostró una vez más las alianzas y lazos entre las bandas delictivas y cuerpos policiales del estado Lara, origino todo un conjunto de ejecuciones y masacres entre abril y agosto del 2008 que produjo la muerte de 18 personas donde resultaron implicados más de veinte funcionarios policiales, en una investigación que termino en el ya conocido archivo judicial de los expedientes
3. Caso: ASESINATO DE LUIS ALBERTO GUEDEZ CORDERO (26 de noviembre de 2005)
Sentenciados: 4 ex funcionarios de las FAPL: Juan Carlos Jiménez, Joan José Lobatón y Yohander Marín. Condenados a 15 años y 8 meses por homicidio calificado en grado de cooperadores inmediatos. Y Wilmer Rafael Campos, autor material del asesinato fue condenado a 17 años con ochos meses de prisión
Caso: ASESINATO DE DOS MENORES EN EL BARRIO SAN JUAN (5 de junio de 2001)
Víctimas: Luis Javier Alvarado, Danner Pastor Barreto
Funcionarios sentenciados: Cruz Mario Vásquez Medina (GNB), Ego Enrique Mosquera Altuve. (GNB), Omar Elías Lucena Naveda. (GNB), Rafael Armando Bolivar (CICPC)
Condenados a diez años y nueve meses de prision
5. Caso: Comisión policial involucrada en tres hechos sucedidos entre el 06/06/2003 y el 18/01/2004
Victimas: Wildemar Jose Gonzalez Pereira, Luis Alberto Orellana, Argenis Jose Crespo Sanchez, Wladimir Oviedo Tona, Ali Coromoto Garcia Torres y Julio Cesar Hernandez Garcia Condenados con penas entre los 12 y 18 años de prisión a cinco funcionarios de la policía de Lara: Víctor José Leal, José Luis Quintero Falcón, José Ramón López, Lisandro Antonio Ruiz, por los delitos de homicidio intencional con premeditación y alevosía y uso indebido de arma de fuego.
En este caso es bueno destacar la acción de un grupo de familiares de estos funcionarios hoy detenidos, que con el apoyo de Rodríguez Figueras y Luis Reyes Reyes se dedicaron a toda una labor difamatoria y de sabotajes contra la acciones del comité, logrando por espacio de ocho años retardar un proceso que hoy con la sentencia dictada comprueba la justeza de nuestras denuncias.
Hay que recalcar que estos funcionarios en todo este tiempo siguen detenidos en la comandancia de policía del estado, gozando de todos los privilegios y prerrogativas que dicha situación implica, incluyendo el cobro regular de sus salarios y salidas regulares de dicha comandancia, como en reiteradas oportunidades lo han comprobado los fiscales del estado Lara.
Si observamos la fecha en que ocurrieron los hechos aquí narrados junio del 2001 hasta abril del 2009 se verá con claridad, que el retardo procesal en beneficio de los funcionarios imputados, arroja un promedio superior a los cinco años de duración y en ningún caso estos funcionarios fueron acusados de violación de los DD.HH como lo demuestran los hechos.
Todas estas sentencias comprueban y ratifican no solo la continua violación de los DDHH en el estado Lara por parte de los diferentes cuerpos policiales de la región, sino el hecho lamentable de la burla, humillación y desprecio a que son sometidos los familiares de las victimas por parte organismos llamados supuestamente a protegerlos en su seguridad y hacer cumplir la justicia. En esta situación, los familiares no solo pierden a sus seres queridos, sino que ellos luego son convertidos en nuevas víctimas del sistema policial y judicial del Estado Venezolano que han hecho de la impunidad su política oficial hacia la gran mayoría de la población.
GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
LA IMPUNIDAD JUDICIAL Y POLICIAL ESTIMULAN LA INSEGURIDAD
¡¡SÓLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VÍCTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
15 DE MAYO 2011
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