Carta Abierta a los Candidatos y Candidatas a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Publicado por Amnistía Internacional en 19 / 09 / 2012 a la(s) 5:03pmVer blog. Venezuela se prepara para elegir, el próximo 7 de octubre, al Presidente de la República que tendrá la responsabilidad de liderar el país durante los próximos seis años, desde 2013 hasta 2019.
Con motivo de la celebración de estas elecciones, Amnistía Internacional se dirige a los candidatos y las candidatas a la Presidencia de Venezuela para hacerles llegar las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos e instarles a que den la máxima prioridad en sus programas de gobierno a la protección y promoción de los derechos humanos.
La promoción y protección de los derechos humanos de todos y todas sin discriminación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho y constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los estados para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.
Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, es así que con frecuencia aquellos que ven vulnerado su derecho a la integridad física o se les niega el acceso a la justicia, pertenecen a los sectores más excluidos y son los mismos a los cuales se les niega el derecho a la salud, la educación o la vivienda.
Es por tanto esencial que cualquier estado que esté seriamente comprometido con la creación y consolidación de una sociedad más justa, tome medidas para garantizar que todas las personas, sin discriminación, tengan acceso a todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En Venezuela, Amnistía Internacional ha visto con beneplácito los avances realizados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en particular en materia de acceso a servicios de salud y a la educación para los sectores más desfavorecidos. Existen programas sociales que han contribuido a que la sociedad venezolana, especialmente aquellos sectores más excluidos, sea ahora en general más consciente de sus derechos y de cómo demandarlos. Asimismo, la organización saludó la entrada en vigor de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las medidas adoptadas para reforzar el control sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional también reconoce que se han tomado medidas para dar respuesta a la situación de inseguridad ciudadana, así como acciones para avanzar en el control efectivo de las armas de fuego y municiones en el país.
Sin embargo, la organización estima que para avanzar hacia un país más justo, en el que todos y todas puedan vivir con dignidad y disfrutar de todos sus derechos, sin discriminación, es necesario dar la debida prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos y continuar avanzando para acabar con las violaciones que continúan produciéndose en el país, en algunos casos con total impunidad o con la aquiescencia de las autoridades.
Preocupa a Amnistía Internacional como cada año miles de personas en las ciudades de Venezuela continúa perdiendo la vida como consecuencia del grave problema de la violencia delictiva. Violencia que azota también a las cárceles del país, donde las condiciones de reclusión continúan violando estándares internacionales. La gran mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluidas aquellas que padecen abusos a manos de oficiales de las fuerzas públicas, así como las mujeres víctima de violencia, siguen viendo negado su derecho a acceder a la justicia. Una justicia que no siempre actúa con independencia e imparcialidad y en ocasiones ha dejado de ser un instrumento para proteger a aquéllos que han visto vulnerados sus derechos, para convertirse en instrumento para procesar a quienes expresan opiniones o emprenden acciones que se consideraron contrarias a los intereses del gobierno. Además, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, y trabajadores de medios de comunicación siguen siendo objeto de amenazas y actos de intimidación por ejercer su legítima labor.
En este contexto, Amnistía Internacional se permite exhortar a cada uno de los candidatos y las candidatas a la presidencia de Venezuela, a que se comprometan públicamente a hacer de los Derechos Humanos uno de los ejes centrales de su gestión.
Amnistía Internacional confía en que los candidatos y las candidatas a la presidencia de Venezuela den la debida prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos y realicen propuestas claras y especificas en esta materia con miras a continuar avanzando hacia un país más justo en el que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y todas, sin discriminación, se convierta en una realidad.
En particular, la organización insta a los candidatos y las candidatas a comprometerse a:
Enfrentar la crisis de la seguridad ciudadana, respetando los derechos humanos y tomar medidas urgentes para dar respuesta a la situación de armas de fuego y municiones
La seguridad ciudadana en la actualidad es uno de los desafíos más grandes en Venezuela. Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a poner en práctica una política integral que incluya a todas las instituciones con responsabilidad al respecto, con el fin de enfrentar esta problemática garantizando, al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos, específicamente al derecho a la vida e integridad personal.
Instituciones como las fuerzas policiales juegan un papel esencial en la seguridad pública y pueden ser determinantes en garantizar el derecho a la vida e integridad personal. Sin embargo, en caso de utilizarse de forma indebida, pueden conducir a graves violaciones de los derechos humanos. Para garantizar el buen funcionamiento de estas instituciones y para que sus agentes puedan cumplir con su papel de proteger a la sociedad respetando los derechos humanos, es importante restaurar la confianza de la sociedad en el cuerpo policial, de modo que se promueva el acudir a denunciar ante estas instituciones.
En este sentido, Amnistía Internacional considera que es imprescindible que cualquier denuncia de una presunta violación cometida por miembros de las fuerzas de seguridad del estado sea investigada y sancionada con todo rigor, demostrando así que nadie está por encima de la ley y que los encargados de vigilar la seguridad ciudadana también son responsables de respetar los derechos humanos.
Venezuela tiene uno de los índices de asesinatos más elevados de la región debido, entre otros factores, a las numerosas armas de fuego ilegales que hay en circulación. En este sentido, Amnistía Internacional insta a los candidatos y las candidatas a que concreten la creación de una política de control de armas, municiones y explosivos, control de la producción e importación de balas, así como un programa de atención a familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia.
Asimismo, es fundamental que se den pasos hacia la creación de un sistema de registro de datos de lesiones por armas de fuego, que sea actualizado de manera obligatoria y continua. De esta forma se contará con datos precisos sobre la extensión del problema, con el fin de tener un diagnóstico claro de la problemática y así responder a la misma con políticas efectivas. La información de dicho registro ha de ser pública, garantizando así la transparencia y el derecho a la información.
Cumplir con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
Los sistemas de protección a los derechos humanos a niveles regional e internacional fueron creados para garantizar a su población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no ha obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia internos. Este derecho está garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que todos tienen el derecho a dirigir peticiones ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El escrutinio internacional por mecanismos regionales e internacionales conlleva desafíos para todos los estados involucrados, pero contar con estos órganos es esencial para garantizar los derechos humanos de todos y todas, en especial para las personas en situaciones más vulnerables.
En especial, Amnistía Internacional lamenta la decisión de Venezuela de denunciar formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 6 de septiembre de este año, iniciando así su retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La organización considera esta acción una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a las futuras generaciones de venezolanos y venezolanas que no tendrán la posibilidad de acceder a la instancia más alta de justicia del continente americano.
En este sentido, es imprescindible que los programas de gobierno de los candidatos y las candidatas reflejen de manera concreta y sin restricciones los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por Venezuela; reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Sistema de Naciones Unidas; y asegurándose de no tomar medidas que vulneren las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.
En términos concretos, el Estado venezolano debe demostrar que tiene un compromiso verdadero con los derechos humanos, retirando su denuncia a la Convención Americana de forma inmediata y extendiendo una invitación abierta a todos los Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
Sería asimismo importante que se ratificaran una serie de tratados pendientes que garantizarían la protección y defensa de los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de firmar y ratificar la Convención y el Protocolo Facultativo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Estas acciones permitirán que personas en Venezuela puedan enviar peticiones individuales a los órganos de vigilancia de dichos tratados, así haciendo valer el derecho constitucional de todos y todas de solicitar el amparo internacional en defensa de sus derechos humanos.
También es crucial que Venezuela ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el cual establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial para que todos y todas tengan acceso a la justicia sin discriminación
Todos los gobiernos tienen el derecho y el deber de procesar a los responsables de la comisión de crímenes. Sin embargo, cuando se somete a las personas a procedimientos injustos o se hace uso del sistema judicial para acallar a aquellos que opinan de forma diferente o cuestionan políticas o acciones gubernamentales, no se hace justicia.
El uso indebido del sistema judicial puede llevar a graves violaciones de derechos humanos. Un ejemplo de esta problemática sería el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni, quien a dos años de su detención y a pesar de que aún no se han presentado pruebas fehacientes en su contra, todavía se encuentra bajo arresto domiciliario. Amnistía Internacional considera que su detención es arbitraria y que debe ser liberada inmediatamente.
Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y a las candidatas a garantizar la separación de poderes, a tomar medidas que contribuyan a que los órganos del poder judicial puedan funcionar de manera independiente, autónoma y transparente, garantizando así el acceso a la justicia para todos y todas en Venezuela, sin discriminación; absteniéndose de realizar cualquier acción que constituyan una intromisión indebida en el poder judicial.
Declarar pública e inequívocamente su respeto por el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión de todos y todas
El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión permite que todos y todas puedan buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión afecta a una amplia gama de personas, como por ejemplo: periodistas que sacan a la luz violaciones de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras comunitarios que imparten educación en derechos sociales, mujeres que trabajan por la promoción de los derechos reproductivos, sindicalistas que defienden los derechos laborales, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero que denuncian la discriminación, ambientalistas que ponen de manifiesto la destrucción de la naturaleza, pueblos indígenas que buscan reparación por el impacto que los proyectos de desarrollo han tenido sobre sus derechos colectivos, entre otros.
Dada la importancia de la libertad de expresión para toda la sociedad, es importante que todos y todas en Venezuela puedan difundir información e ideas sin temor a represalias. Los candidatos y las candidatas deben comprometerse a respetar el derecho a la libertad de expresión y de asociación, garantizando que nadie sea procesado ni privado de libertad por su actitud crítica a las autoridades ni por participar en protestas pacíficas.
De la misma forma, es importante que todos y todas puedan organizar y participar en protestas pacíficas sin temer por su integridad física. Con este fin, los candidatos y las candidatas deben comprometerse tanto a asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para garantizar el derecho a la protesta pacífica, como a garantizar que las fuerzas del orden harán un uso proporcional y progresivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De producirse cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos durante cualquier protesta, estos hechos deben sean investigados y los perpetradores procesados.
Es clave asimismo que todos y todas también puedan buscar y recibir información. La libertad de expresión y el libre acceso a la información contribuyen a empoderar a la población, creando una sociedad más participativa que pueda tomar parte en el debate público y asegurarse de que las instituciones y otros actores rinden cuentas por sus acciones. En este sentido, los candidatos y las candidatas deben comprometerse a dar carácter jurídico y reglamentar el acceso a la información y a la transparencia para promover la transparencia de instituciones públicas y servir de herramienta contra la corrupción.Reiterar públicamente e inequívocamente su compromiso de garantizar que los defensores y las defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su legítima labor
Los defensores y las defensoras de derechos humanos con su trabajo contribuyen de forma esencial a hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales de todos y todas. Actúan de manera diferente y desde distintas competencias para proteger y promover los derechos humanos, pero todos y todas defienden el principio de la universalidad, que establece que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, los defensores deben gozar de pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos, conforme establece la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998.
Dicha Declaración establece la responsabilidad de las autoridades del estado de garantizar que todos y todas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias y hace hincapié en su derechos “a recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos” (Articulo 6) y “a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Articulo 8).
Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a expresar pública e inequívocamente su respeto por la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos y promover el importante trabajo que realizan. Los candidatos y las candidatas deben asimismo comprometerse a abstenerse de tomar medidas que obstaculicen su labor y garantizar que pueden realizar su trabajo en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias. Amenazas o actos de intimidación contra defensores y defensores de derechos humanos deben ser investigados y los responsables deben ser llevados ante la justicia.
Garantizar los derechos humanos de la población recluida en centros de detención
Por su condición, las personas privadas de libertad dependen de otras para satisfacer sus necesidades básicas, lo que les hace vulnerables y las pone en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Pueden ser sometidas a tortura o malos tratos, o pueden permanecer recluidas en condiciones tan duras que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Es por esta razón que es obligación del Estado ejercer control sobre los centros penitenciarios y garantizar que en ellos se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Todo el mundo tiene el derecho a un juicio justo y un principio fundamental de este derecho es que se presuma la inocencia de toda persona acusada de un delito hasta que no se pruebe su culpabilidad. Además, toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En este sentido, Amnistía Internacional insta a resolver con celeridad los procesos pendientes y a que los candidatos y las candidatas pongan en práctica medidas para garantizar que todos los centros de reclusión del país cumplan con estándares básicos en términos de infraestructura, personal y recursos necesarios para lograr el funcionamiento adecuado de un sistema penitenciario, de acuerdo a las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.
Además de las condiciones de detención, los enfrentamientos siguen siendo endémicos en las prisiones y es imprescindible que se tomen acciones concretas para prevenir y controlar estos brotes de violencia. Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a tomar medidas urgentes para prevenir y sancionar la violencia entre reclusos y las violaciones de derechos humanos por las autoridades penitenciarias. Dicho plan debe incluir medidas para poner fin a la posesión de armas de fuego y explosivos por parte de los reclusos. Se debe además asegurar que se investiga y sanciona a los responsables del ingreso de estas armas a las cárceles.
Implementar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, garantizando el acceso de las víctimas a la justicia
Las mujeres juegan un rol esencial en cualquier sociedad y es por tanto de suma importancia que los estados prioricen la toma de medidas para asegurar que puedan disfrutar de todos los derechos y libertades fundamentales, sin discriminación. En este sentido, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha sido un paso positivo. Sin embargo, su aplicación se ha paralizado.
Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a promulgar a la mayor brevedad un reglamento específico destinado a aplicar íntegramente la Ley Orgánica para unificar los procedimientos de atención y manejo de los casos con el fin de permitir que las mujeres puedan denunciar actos de violencia ante las autoridades y así acceder a la justicia.
Asimismo, la organización insta a los candidatos y las candidatas a fortalecer los tribunales especializados en violencia contra la mujer y a construir casas de abrigo para mujeres víctima de violencia, dotándolas de recursos suficientes para responder a los casos que llegan, mientras se tramita el proceso judicial contra los presuntos responsables
Queda menos de un mes y todo parece indicar que el triunfo de Hugo Chávez no se cuestiona. Más allá de la guerra de encuestas, las cartas están sobre la mesa. Aun así, vale la pena recapitular. Siempre hay lugar para imprevisibles. En estas elecciones, Venezuela se juega seguir avanzando en el proyecto popular, nacional, antimperialista y democrático iniciado en 1998. Pero también entra en liza dar un paso de gigantes en la construcción de un proyecto regional cuyo organigrama no contempla la presencia de Estados Unidos.
