Que los poderes fácticos ejercen su poder no queda la menor duda, como nos lo prueba el duopolio televisivo con una firmeza inequívoca.
Que los poderes fácticos ejercen su poder no queda la menor duda, como nos lo prueba el duopolio televisivo con una firmeza inequívoca. En cuanto ven una leve amenaza en el firmamento a su hegemonía, ponen en marcha sus múltiples recursos e influencia para neutralizar esa posibilidad, antes de que comience a perfilarse como una realidad concreta. ¿Puede afirmarse entonces que exista en México una irrestricta libertad, cuando las reglas están claramente establecidas en la práctica por quienes tienen un control total del mercado? Obviamente, sería imposible aceptarlo.
Así lo constatamos con las presiones de que ha sido objeto, en los últimos días, el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, según denuncia que hizo a medios impresos. El motivo es que dicho organismo está obligado a desaprobar o autorizar la asociación entre las empresas Televisa y Iusacell, propiedad de Televisión Azteca, operación valuada en mil 600 millones de dólares, mediante la cual la empresa de Emilio Azcárraga Jean, podría participar en el negocio telefónico con un 40 por ciento del total de la empresa de la que es propietario Ricardo Salinas Pliego.
Tales presiones obedecen a que “el duopolio televisivo exige autorización de la Cofeco para ser monopolio”, como dijo Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Grupo MVS. Si el organismo regulador autorizara las pretensiones de los señores Azcárraga y Salinas Pliego, estaría actuando en contra de sus objetivos fundamentales, pues se creó precisamente con la finalidad de evitar el surgimiento de prácticas monopólicas en el mercado. Visto el asunto con la mayor objetividad, no hay argumentos válidos que justificaran tal asociación, que apuntalaría en los hechos un monopolio televisivo disfrazado de “competencia” entre dos empresas.
La realidad muestra que lo que han hecho ambas firmas es acordar una distribución del mercado que les permita operar con beneficios mutuos. En cuanto ven riesgos en el horizonte, cierran filas firmemente para neutralizarlos, como sucedió en el año 2006, cuando el empresario Isaac Saba quiso abrir una tercera cadena televisiva en asociación con una empresa estadounidense. La guerra de ambas contra este malogrado inversionista fue total, hasta obligarlo a desistir de su intentona. Luego moriría, víctima de las consecuencias de un infortunado empujón, literalmente hablando, en un acto político, más que suficiente debido a su avanzada edad.
¿Podría entonces hablarse de democracia en una nación donde los poderes fácticos son los que realmente inclinan la balanza de las políticas públicas? Esto lo constatamos en el modo de actuar de funcionarios cuyas responsabilidades los hacen víctimas propiciatorias de quienes controlan fuertes intereses. Tal es el caso de Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quien será citado por la Cámara de Diputados para que comparezca ante la Comisión de la Función Pública, para que aclare los contratos que por cerca de 3 millones de pesos entregó a dos amigos cercanos, por concepto de asesorías.
Desde que se hizo cargo de la Cofetel, De Swaan ha estado implicado en sospechas de malos manejos en el organismo, debido a su proclividad en favorecer a Televisa, principalmente, en una etapa fundamental para la conformación de negocios de telecomunicaciones con grandes perspectivas futuras. Sin embargo, ante la actitud laxa del Congreso, ha seguido en sus funciones sin más molestias que una que otra comparecencia, cuyos resultados son inocuos. Ahora se le cita para que “aclare” un posible tráfico de influencias, o inclusive un peculado si llegara a configurarse el delito con las pruebas correspondientes.
En el momento de escribir estas líneas no se sabía aún el fallo de la CFC. Es claro que está en juego el futuro de dicha comisión, pues en caso de autorizar la asociación que pretenden Azcárraga y Salinas Pliego, sería por demás evidente la inutilidad del organismo regulador, en cuanto que no tiene la fuerza suficiente para imponer decisiones que convengan a la sociedad. Sería muy lamentable que tal situación se hiciera efectiva, en un momento histórico muy delicado, que exige cerrar filas para frenar una más acelerada descomposición del tejido social, una más grave exclusión de las clases mayoritarias, una marcha más firme hacia la monopolización de los medios de comunicación.
Urge sentar un sano precedente, que abone en favor de la esperanza de que aún es posible salvar al país, y de manera pacífica como conviene a toda la sociedad, una vez que los poderes fácticos se quedaran sin apoyos en Los Pinos. Eso tendrá que suceder porque de otro modo no habría salvación.
