La Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez y la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido proponen una ley para reparar económica y moralmente a las víctimas y a sus familiares; y otra, que permita desclasificar los expedientes de la policía política. Más de mil personas fueron desaparecidas, como política de Estado, durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei
Familiares de las víctimas esperan contar con el respaldo del Parlamento
Esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades de la represión ejercida contra los movimientos sociales durante la Cuarta República es un tema pendiente para la Asamblea Nacional (AN)
La Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la AN, presidida por el diputado Tulio Jiménez, tiene dos anteproyectos de ley en su poder.
El primero de ellos es el impulsado por la Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez y la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido (Abeconsol). Su nombre: “Ley contra el silencio y olvido de las víctimas de la represión en el año 1959 y las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990”.
Además, la Comisión tiene el proyecto de “Ley Orgánica para la Clasificación y Desclasificación de Documentos en Archivos Militares y Policiales”.
Las violaciones a los derechos humanos durante las cuatro décadas del llamado Puntofijismo no sólo violentaron el ordenamiento jurídico interno, sino también, el internacional. Es por ello que Paul del Río, presidente de la Fundación, enfatiza: “Venezuela es el único país en América Latina que tiene esta deuda con su pueblo, con las compañeras y compañeros que estuvieron en la lucha política, en la lucha armada; con todas las luchadoras y todos luchadores sociales que se enfrentaron a los abusos y los crímenes de ocho gobiernos consecutivos de Acción Democrática y Copei”. Las organizaciones proponen, incluso, constituir una Comisión de la Verdad.
En conversación con el Correo del Orinoco, del Río afirma sin tapujos que a pesar de que se cometieron delitos de lesa humanidad que son penados en todas las legislaciones del mundo, “no se explica que después de once años de revolución esta iniciativa permanezca en la oscuridad”.
El propósito de la legislación es investigar y hacer justicia. De esta forma deberá repararse el daño moral y político, además de proporcionar indemnizaciones a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a las y los integrantes de los partidos políticos que también fueron perseguidos durante años.
Muchas de las víctimas directas o indirectas ya han muerto; por eso, ambas organizaciones, así como la comisión encargada de la AN trabajan en función de desenterrar la verdad y promulgar esta norma antes de que también digan adiós los pocos sobrevivientes que quedan y los familiares directos de las víctimas. Del Río espera que ambos proyectos de ley sean aprobados en el actual periodo parlamentario.
Paul del Río celebra 50 años de lucha social. A finales de 1960, se sumó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Estuvo en el frente guerrillero Simón Bolívar, en el estado Lara, así como en el frente Ezequiel Zamora.
“La razón política de estas luchas -por la cual nosotros nos alzamos y que sigue siendo nuestra consigna- es la liberación nacional y el socialismo. Desde 1960 hasta hoy no hemos parado; mantenemos el trote de la mano con esta lucha”, afirma del Río.
Nunca marchó al exilio. Estuvo preso y torturado en diversas ocasiones. Su detención más larga duro tres años y medio en el Cuartel San Carlos del cual salió en 1975. Lo culparon de portar documentos de identidad falsos.
También fue combatiente internacionalista en la revolución nicaragüense. Por eso, Paul del Río reclama dignidad para todas las luchadoras y todos los luchadores, quienes fueron el germen que permitió conformar la Revolución Bolivariana.
“A nosotros no se nos puede ignorar política ni históricamente; la historia oficial está obligada a reconocer la memoria de las luchas de estas generaciones de jóvenes. Eso es justicia, ética y moral; pero para iniciar esa materialización es necesario aprobar la ley”, sentencia.
Y agrega: “Nosotros no pedimos venganza, sólo pedimos justicia. Nosotros no olvidamos. Nadie tiene el deber de perdonar a los asesinos de nuestros hermanos”.
La propuesta de Ley Orgánica para la Clasificación y Desclasificación de Documentos en Archivos Militares y Policiales busca revelar los documentos que en la actualidad reposan en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, antigua DISIP), así como en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y otros organismos del Estado.
Estos expedientes dan cuenta de la actuación de muchos funcionarios que, individualmente o por ordenes del gobierno de turno, asesinaron, masacraron, torturaron y desaparecieron a gran cantidad de venezolanas y venezolanos.
Mónica Venegas preside la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido (Abeconsol). La luchadora social, viuda de Andrés Pasquier (desaparecido desde 1966), afirma que en todo el país hay grupos que apoyan esta iniciativa por ser afectadas o afectados directos o indirectos de la represión de la segunda mitad del siglo XX.
“Luchamos contra el silencio que hasta ahora ha prevalecido y busca rescatar la verdad y conservar la memoria de los hechos sucedidos”, dijo. Está convencida de que si esta ley no se aprueba en la actual gestión legislativa sería “una catástrofe”, pues difícilmente recibirá el visto bueno más adelante. “Si actualmente algunos factores no han mostrado entusiasmo como el hecho lo amerita, ¿qué se podría esperar entonces de la próxima gestión?”.
Venegas afirma que la lucha para que sea promulgada esta legislación obedece al empeño de que surja la verdad, “porque sin ella no va a haber justicia”. Considera que si no se logra señalar a los culpables de tales masacres, entonces tampoco se podrán establecer responsabilidades; mucho menos, la reparación y el rescate de la memoria.
“Las nuevas generaciones ignoran completamente lo sucedido durante estos años y no se imaginan que son más de mil 300 personas las que hasta ahora tenemos clasificadas”, subraya la presidenta de Abeconsol
Desde el año 1959, el gobierno del presidente Rómulo Betancourt aprobó la suspensión de garantías constitucionales que condujo a la prisión de congresistas, ilegalización de partidos políticos, represión de las protestas populares y allanamiento de universidades.
Los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda emprendieron las movilizaciones y la lucha armada. También se sumaron sectores militares, con los alzamientos del Porteñazo y el Carupanazo. Venezuela estrenó la figura del detenido-desaparecido, al amparo de centros de reclusión y tortura denominados Teatros de Operaciones (TO).
Paul del Río asegura tener una lista “de 1.300 compañeros asesinados, desaparecidos y caídos en combate, a causa de esa represión sangrienta en la que esos gobiernos entreguistas, sinvergüenzas y corruptos reprimieron a los estudiantes, a los trabajadores y a los campesinos”. Reitera que fue tan grave la trasgresión de las leyes, que aún hoy no se conoce el destino de cientos de personas detenidas.
El panorama que se ha abierto en nuestro continente en esta materia ha impulsado la creación de diversas instancias empeñadas en reconstruir la memoria histórica, así como lograr la sanción de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en América del Sur al amparo de Estados Unidos. Este país es un “verdadero exportador de violencia hacia los pueblos latinoamericanos”, tal como reza un documento de la Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la AN.
En el contexto de la búsqueda de la verdad se han creado comisiones en naciones de América Latina, tales como las de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Uruguay.
El continente es la mejor muestra de que las sociedades civiles, conjuntamente con los gobiernos progresistas, pueden esclarecer los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones forzosas.
El 8 de mayo de 1986 fueron capturados y posteriormente asesinados nueve dirigentes sociales, por un comando perteneciente a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), al mando del comisario Henry López Sisco.
La operación consistió en la infiltración de cuatro agentes de la Disip (Norberto y Alirio Rebanales, Bergenis Beraciarte y Rafael Rojas) al movimiento denominado Corriente Histórico-Social, del cual formaban parte los asesinados y cuyos principios ideológicos se basaban en el pensamiento bolivariano y su praxis en el seno de las comunidades.
Los agentes encubiertos planificaron una reunión en la que se discutirían los lineamientos de la nueva organización, en un escenario rural. Una vez allí, simularon una emboscada por parte de un grupo guerrillero; para ello utilizaron a los dirigentes sociales, algunos de los cuales fueron capturados y torturados días antes para posteriormente llevarlos y asesinarlos en el sector Barlovento, caserío La Vaca, estado Yaracuy.
Una vez realizada la masacre, fueron vestidos con prendas militares y exhibidos ante los medios de comunicación, los cuales se hicieron eco de la versión oficial expresada por el ministro de Relaciones Interiores de la época, Octavio Lepage, aún cuando las condiciones topográficas del terreno hacían insostenible la versión oficial de que los funcionarios de la Disip fueron emboscados por un grupo de irregulares.
A fin de encubrir la verdad de los hechos se sustanció un expediente ante la jurisdicción militar, el cual, en sentencia fechada el 7 de agosto de 1989, estableció: “… el hecho investigado exime de responsabilidad penal a los expertos funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) con motivo de la muerte de los ciudadanos Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Ronald José Morao Salgado, Dilia Antonia Rojas, Simón José Romero Madrid, Pedro Pablo Jiménez García, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellanos Díaz y Alfredo Caicedo Castillo, quienes se encuentran implícitos en la comisión del delito militar de rebelión plenamente demostrado en autos…”. El juez militar fue el teniente coronel Oscar Rene Verde Mendiri”.
Fue un expediente totalmente viciado, en el cual se violó la garantía constitucional del derecho a la defensa de los familiares de las víctimas, quienes nunca fueron citados a declarar, sino todo lo contrario: funcionarios policiales los amenazaron de muerte y los persiguieron.
El tribunal de la causa remitió la sentencia al Consejo de Guerra Permanente de Maracay, cumpliendo con el procedimiento debido, y es allí donde el teniente coronel de la Aviación Germán Rafael Blasco Acevedo, quien fue juez, salva su voto con alegatos como:
“Entre lo afirmado por los funcionarios policiales actuantes en relación a que fueron emboscados por un grupo de guerrilleros en un lugar boscoso, cuando de las fotografías consignadas por los mismos funcionarios se evidencia que se trata de un sitio plano, despejado, de vegetación baja tipo pasto, iluminado, carente de árboles que permitan ocultarse lo que hacía imposible la ejecución de alguna emboscada”.
“En la relación al número de bajas de los ‘supuestos emboscados’ (funcionarios policiales), éstas contrastan con la certeza de disparos en cabeza y tórax de los presuntos agresores, evidenciando la falsedad de lo expresado por los funcionarios ya que la ventaja que comporta el ocultamiento y la protección defensiva de los agresores en una zona boscosa ocasionaría un resultado desastroso a los emboscados”.
“Ausencia de signos de disparos en las prendas militares de las víctimas, especialmente los morrales, aun cuando las víctimas presentaban orificios de bala en la región dorsal (lo que corrobora la tesis de que fueron vestidos con prendas militares después de haber sido asesinados)”.
“Es ilógico que la persona que participa en una emboscada lo haga portando un morral cuyo peso y volumen le dificulta sus movimientos”.
“No se colectaron conchas o cartuchos de proyectiles disparados alrededor de las víctimas, lo que evidencia que las mismas no efectuaron disparos con armas de fuego”.
“Incompetencia del tribunal militar, que debió remitir el expediente a la jurisdicción penal ordinaria, por no ser los funcionarios actuantes miembros de ningún componente de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino funcionarios policiales”.
Además fueron solicitadas ocho ordenes de captura contra algunas personas, las cuales se hicieron efectivas
El Ministerio Público (MP) solicitó al tribunal de control la prohibición de salida del país de 43 personas vinculadas con las estafas inmobiliarias, así lo informó este sábado la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz , durante la inauguración de los V Juegos Deportivos del organismo.
“Estas medidas fueron debidamente acordadas y se han dictado a solicitud del MP un conjunto de medidas reales contra empresas inmobiliarias y constructoras, hasta ahora 39 prohibiciones de enajenar y grabar bienes, y 28 congelación de cuentas bancarias”, explicó la Fiscal General de la República.
Refirió que además fueron solicitadas ocho ordenes de captura contra algunas personas, las cuales se hicieron efectivas. “En estos momentos tenemos privados de libertad a ocho personas, se han presentado 9 acusaciones y se tienen cuatro órdenes de captura contra unos ciudadanos que aun no han sido aprehendidos”, indicó.
Destacó que el MP desde el año pasado realiza actividades para atacar la estafa inmobiliaria, y que en ese sentido, se creó en 2010 un frente para la estafa y la usura, el cual fue reforzado con la presencia de 60 fiscales en las distintas regiones, 6 fiscales a nivel nacional y 3 directores.
