Declárate, yo me declaro

Enfrentamientos mortales subrayan la necesidad de reformas penitenciarias urgentes en Venezuela

El gobierno de Venezuela no debe cometer abusos contra los derechos humanos en su intento de sofocar motines violentos en las cárceles, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, tras la muerte de 19 presos y enfrentamientos entre reclusos armados y tropas de la Guardia Nacional.
Las autoridades tienen el deber de mantener el control de sus cárceles y de garantizar que no se pone en peligro a los presos.
Grupos de presos armados de la cárcel El Rodeo II, en Guatire, a 40 kilómetros de la capital del país, Caracas, mantuvieron un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad durante varios días. El 17 de junio, efectivos de la Guardia Nacional entraron en la cárcel para desarmar a los presos tras los enfrentamientos que estallaron entre bandas rivales el 12 de junio en la cárcel adyacente El Rodeo I.
“Un nuevo estallido de violencia en un centro penitenciario venezolano señala las terribles condiciones de reclusión que persisten en el país desde hace muchos años e indica que las autoridades no han hecho nada para abordar de manera adecuada la situación”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Las autoridades venezolanas deben abrir de inmediato una investigación independiente sobre los fallos cometidos en El Rodeo, que establezca responsabilidades por el elevado nivel de armas en el interior de la cárcel, y garantizar que incidentes semejantes no se repiten en el futuro”, ha afirmado Guadalupe Marengo
La Guardia Nacional recuperó el control de la cárcel El Rodeo I el 17 de junio, en una operación en la que participaron 4.000 efectivos, pero no ha recuperado plenamente el control de El Rodeo II.
Aunque recientemente se ha dado a conocer una lista de presos que han sido trasladados a otras cárceles, sigue sin conocerse la suerte de algunos reclusos de El Rodeo.
Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a Venezuela para que reforme con urgencia su sistema penitenciario con el fin de resolver la crisis que afecta a las cárceles del país, que hace que muchos presos vivan en condiciones deplorables y que ha conducido a numerosas muertes.
Aunque las autoridades de Venezuela reconocen la gravedad de la situación que aqueja a las cárceles del país, nunca han tomado las medidas que se requieren con urgencia para mejorar las terribles condiciones de reclusión en el país.
El hacinamiento crónico, las demoras extremas en la administración de justicia, la falta de acceso a atención médica adecuada y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros penitenciarios son obstáculos que es preciso superar.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Venezuela a tomar medidas drásticas contra la corrupción endémica que conduce a abusos contra los derechos humanos en las cárceles, así como a dotar a los guardias penitenciarios de los recursos y la capacitación necesarios para el desempeño de su trabajo.
“En Venezuela, los presos están recluidos a menudo en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, y la violencia es endémica”, ha afirmado Guadalupe Marengo.
“El ministerio para las prisiones y la comisión presidencial para el control de armas, municiones y desarme, de reciente creación, deben llevar a cabo las reformas necesarias para prevenir que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro.”
22 de junio de 2011
Índice AI: PRE01/312/2011
Documento público
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Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial ante amenazas a Humberto Prado

Publicado por Amnistia Internacional en 29 / 06 / 2011 a la(s) 10:34amVer el blog de Amnistia Internacional La seguridad del defensor venezolano de los derechos humanos Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, y su familia corre grave peligro tras una campaña de intimidación y amenazas de muerte emprendida contra él tras los violentos disturbios que estallaron el 12 de junio en la prisión de El Rodeo, estado de Miranda.
Humberto Prado es un destacado defensor de los derechos humanos que lleva muchos años denunciando las terribles condiciones de las prisiones de Venezuela. Las amenazas contra él comenzaron el 18 de junio, después de que el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, concediera a un programa de la televisión estatal una entrevista telefónica en la que, según los informes, dijo que Humberto Prado había mentido flagrantemente sobre la situación de la prisión El Rodeo II. Un día antes, unos 3.500 miembros de la Guardia Nacional habían iniciado operaciones, que duraron varios días, para controlar la violenta situación de la prisión de El Rodeo.
Tras las declaraciones presuntamente realizadas por Tareck El Aissami, se publicó un blog en el que se revelaban datos personales de Humberto Prado, como su dirección y sus números de teléfono particulares. El blog concluía: “Próximamente datos familiares […] para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”. El 20 de junio, la página web de la Radio Nacional de Venezuela (estatal) decía: “se ha desplegado una feroz ofensiva orquestada por la organización Observatorio Nacional de Prisiones, dirigida por Humberto Prado […] El plan es simple: […] Están preparando un guerra interna de reclusos”. También la agencia estatal de noticias difundió información similar, que añadía las palabras de un preso anónimo. Según la agencia, el preso había dicho: “grupos de Derechos Humanos identificados con la oposición y políticos de la derecha venezolana se han encargado de dar orientaciones a los pranes, internos que comandan las mafias de los diferentes centros penitenciarios del país, a fin de generar caos y culpar al Gobierno Nacional de esa situación”.
El 22 de junio, un periódico nacional publicó un artículo anónimo en el que se afirmaba que el Departamento de Estado estadounidense había “empujado a diversas organizaciones tarifadas […] con personeros a la cabeza como Humberto Prado […] de vieja data delincuencial”. El texto hacía también referencia a miembros de otras organizaciones de derechos humanos. Ese mismo día, la esposa de Humberto Prado recibió en su casa una llamada anónima en la que le dijeron que su esposo sería “la próxima a caer”.
Con esta acción los activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo estarán difundiendo el caso de Humberto Prado y actuarán expresando preocupación por la seguridad de Humberto Prado y su familia; instando a las autoridades a reconocer públicamente la legitimidad del trabajo de derechos humanos realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, y recordándoles su deber de garantizar que la organización puede realizar su trabajo sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998; e instando a las autoridades a proporcionar a Humberto Prado y su familia medidas de protección adecuadas, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados.

Encarcelamiento e impunidad ascendentes

Elsie Rosales //

27/06/ 2011, El Universal
La mayoría son procesados y sus causas apenas están en investigación, pero igual son presos
En 1981, la Premio Nacional de Ciencias Mirla Linares publicó desde la UCV su reconocida obra sobre el Sistema Penitenciario de los 60 y 70. En los 80, se dictaron más de 100 mil alternativas para aliviar el hacinamiento. En los 90, el continente adelantó reformas procesales cuya filosofía era aumentar las garantías para hacer más eficaz el sistema penal (SP), disminuir la impunidad y acercar la justicia a las víctimas.
Venezuela de nuevo se confronta con cárceles y comisarías repletas de procesados ante una justicia que, a pesar del cambio procesal, no dejó de estar policializada. Un SP caracterizado por procesos de criminalización, que erráticamente define quién será encarcelado, no porque haya cometido delitos graves como homicidios o secuestros, sino porque la arbitrariedad lo elige por su vulnerabilidad (condición social desfavorable) o la directriz foránea (guerra contra las drogas).
Una explicación a este extravío es que tendemos a "creer" que el delito y la victimización se resuelven con el SP. Esta idea envuelve la creencia de que el mismo los evitará, incluso se puede creer que su componente más cercano a la vida cotidiana -la policía- será la que cargue con el peso de la inseguridad, exponiéndola a desatinos y corruptelas que conspiran contra su reforma.
Estos equívocos han llevado a que desde que se dictó el COPP en 1999, se le haya desmantelado bajo la sombra de decisiones del TSJ y de reformas punitivistas que pretenden responder a demandas sociales. Estudios del Instituto de Ciencias Penales-UCV muestran un marcado aumento del encarcelamiento en comisarías y cárceles desde 2001, cuando una de estas reformas acabó con buena parte del COPP. Esta tendencia se acentuó desde 2006 con la reforma del Código Penal, acompañada de otras leyes enceguecidas.
Tal población encarcelada es flotante, entra y sale del SP en tiempos que van desde días y en promedio dura un año. La mayoría son procesados y sus causas apenas están en investigación, pero igual son presos. Esa violencia del SP redunda en la comunidad, constituye un mecanismo circular policializado de violencia que atrae y saca personas, casi siempre jóvenes, de un sistema arbitrario que no necesariamente los captura por haber incurrido en los delitos más perniciosos. Por ejemplo, encarcela a muchos que no son precisamente los capos del perverso negocio de la droga, por obra de planes como Dibise que aunque con aciertos, desde 2010 ha agravado el abuso del encarcelamiento al incurrir en el error de priorizar el "microtráfico".
Procesos de criminalización equívocos como el de las mujeres por drogas, quienes en una posición subalterna constituyen el 97% de las encarceladas; o la del varón por abuso policial en una aberrada aplicación de la Ley Sobre Violencia Contra la Mujer, que a pesar de su horizonte emancipador, ha sido torcida por la odiosa práctica de la detención.
Mientras tanto, muchos delitos graves que afectan a la comunidad campean su impunidad ante un SP que no capta su verdadera ocurrencia como sucede con los secuestros, y que por tanto reclama priorizar para volverse eficaz y garantista.

Exigimos que cese la impunidad en el caso de tortura contra José Matheus

Nota de prensa
Caracas, 29 de junio de 2011. Han pasado once años desde que José Francisco Matheus interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para solicitar la apertura de una investigación por las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. Matheus denunció que fue torturado por funcionarios de la Policía del Estado Zulia, en el año 2000, ya que lo habían vinculado con el secuestro de la doctora Maritza Serizawa, pero las investigaciones demostraron luego que no tenía responsabilidad en ese hecho.
En once años de impunidad, el caso de tortura contra Matheus ha padecido una serie de irregularidades y vicios, entre ellos que en un periodo de dos años el Tribunal 4 de Juicio de Zulia ha tenido seis jueces distintos y que en el año 2009 introdujimos un recurso de amparo que ordenó la apertura de juicio, el cual fue desacatado por el Tribunal 4to de Juicio del estado Zulia.
A comienzos del mes de junio de este año, cuando esperábamos que finalmente se diera inicio al juicio oral y público por la violación del derecho a la integridad personal de José Francisco Matheus, el juez provisional Liexcer Díaz, del Tribunal Cuarto de Juicio del Edo. Zulia, decretó sobreseimiento por prescripción de los delitos de lesiones intencionales gravísimas y abuso de autoridad, presuntamente cometidos por estos funcionarios de la Policía del Edo. Zulia.
El juez hizo errónea aplicación del Derecho, al desconocer que por mandato del Artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles; es decir, los responsables pueden ser juzgados y sancionados en cualquier momento, sin importar el paso del tiempo.
La prescripción es la extinción de la acción penal y la imposibilidad de perseguir penalmente al autor de un delito, en virtud del paso del tiempo. El desconocimiento de esta norma constitucional y de este principio básico de derechos humanos es inaceptable y constituye un mecanismo que consolida la impunidad y la injusticia. Es alarmante que tengamos operadores de justicia que cometan errores de esta índole. Asimismo, la impunidad tiene un efecto retraumatizante para Matheus, quien fue víctima de tortura, y además ha sido revictimizado por la impunidad y la denegación de justicia. En este sentido, solicitamos:
- Que se destituya al juez Liexcer Díaz Cuba, como medida de sanción por la grave falta en la que ha incurrido.
- Que se haga una intervención del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ya que numerosos tribunales y operadores de justicia han mostrado su desconocimiento de las leyes, la Constitución de la República y los tratados, pactos y convenios en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela.
- Que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se avoque de oficio al conocimiento de la causa 4M-651-09, del Tribunal 4 de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, tal como hizo dicha Sala en la Sentencia N° 317, relacionada con el juicio seguido al ciudadano ÍTALO AUGUSTO DEL VALLE ALLIEGRO, expediente N° 2010-201, Ponente Magistrado Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE.
Síntesis del caso Matheus
El 1 de Marzo del 2000, una comisión de la Policía del Estado Zulia (integrada por Luis Oswaldo Curiel Fernández, Ingribeth Vanesa Morales Ramírez, Wilmer Enrique Ballesteros Ortigoza, Arquímedes Terán, Jefry Enrique Ríos Mavarez, Wilmer Javier Correa Marín, Eddy Segundo Larrazabal Alvarado, José Eugenio Quintero Barreto, José Ramón Rirela Torres, Alberto Enrique Lubo Selen) irrumpió en el domicilio de José Francisco Matheus, sin orden de detención ni allanamiento, y lo detuvieron. No le informaron el motivo de su detención, ni mucho menos por qué. Ninguno de los doce funcionarios que participaron en este procedimiento llevaba esposas, por lo que Matheus fue amarrado con mecate.
Uno de los vecinos preguntó el motivo de su detención y le respondieron que estaba detenido por el secuestro de la doctora Maritza Serizawa. Luego, lo llevaron a una serie de sitios como la carretera Palito Blanco, en la intersección del aeropuerto, en el sector Los Dulces, en Maracaibo, estado Zulia; y la División de Investigaciones Penales de la Policía Regional, donde lo torturan una y otra vez, con los mas varios métodos (desde quemaduras en la piel, descargas eléctricas en partes del cuerpo; inhalación de gases tóxicos, lo que le provocó asfixia; y hasta dislocación de sus brazos) para tratar de que confesara su supuesto crimen, así como el paradero de su supuesta víctima. Como Francisco no contestó porque no sabía, siguió la tortura.
Una vez recibido en el Comando Regional Nº 3, tomaron la declaración de Matheus y continuaron “los agotadores interrogatorios”, tras el examen forense. A las 11:30 p.m., el Comandante del Grupo Anti extorsión y Secuestro ordenó su traslado hasta el Retén “El Marite”, sin una orden judicial, ni haber sido puesto a la orden del Ministerio Público o de un juez. José Francisco Matheus González estuvo once días encerrado en una celda oscura, incomunicado, sin luz eléctrica, en condiciones de suciedad y expuesto a los insectos. Sólo se permitió la atención a Matheus por parte de los mismos presos, luego de que estos protestaran a gritos. Días después, fue trasladado a la enfermería y tratado con medicamentos. Finalmente, el prefecto del Municipio, Giancarlo Di Martino, ordenó su libertad.
Las investigaciones sobre el caso del secuestro de la doctora Maritza Serizawa demostraron que José Matheus González no tuvo nada que ver con el caso y que no había nada que lo vinculara a él. Sin embargo, para Matheus ya nada sería lo mismo. Once años después, las consecuencias de la tortura continúan.

Las armas impiden convivir en democracia

Liliana Cadena//

3/07/2011, Diario La Voz
Un total de 13 mil 840 homicidios ocurrieron en Venezuela en el año 2010, según las cifras oficiales anunciadas por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), Tareck El Aissami; lo que se corresponde con una tasa de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes, para un estimado de más de 28 millones de habitantes en el país para finales del 2010.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el periodo junio 2008- junio 2009, 79.48% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que para el año 2010, el porcentaje se incrementó a 94%, según cifras registradas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Ante la complejidad del tema de la violencia y las armas de fuego, contactamos a Verónica Zubillaga, quien es profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB), forma parte de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (COPREDE) y es investigadora de temas relacionados con violencia urbana en América Latina, juventud e identidad masculina. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran “Violencia y Globalización en América Latina” y “En búsqueda de salidas a la violencia: Análisis de experiencias de reconversión de hombres jóvenes de vida violenta en Caracas”.
¿Maneja alguna estadística de la cantidad de armas, legales e ilegales que hay en Venezuela?
- No se sabe a ciencia cierta cuántas armas hay en la calle. La última vez que se dieron cifras oficiales fue en el año 2006, cuando el ministro de Interior y Justicia, Jessi Chacón, señaló que de acuerdo a las estimaciones de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA), actual Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), se estimaba que había alrededor de 6 millones de armas, de las cuales 75% era ilegal. Eso se traduce en que hay una gran cantidad de armas que no tienen control. Saber con exactitud cuántas armas hay es una de las misiones de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
- ¿Por qué se arman las personas?
- Algunos se arman porque piensan que con un arma están mas seguros para defenderse en el caso de un robo, pero estudios realizados en países hermanos, como Brasil, revelan que una persona que tiene un arma y responde con un arma tiene una probabilidad mucho más alta de morir en un asalto, que una persona que actúa y reacciona de una manera calmada.
- ¿Cuáles son las consecuencias de la proliferación de armas en Venezuela y en el mundo?
-Genera un estado de hostilidad, de desconfianza y animadversión entre los ciudadanos, lo cual es dañino para convivir en democracia. Por otro lado, la presencia de armas en los conflictos interpersonales tiene consecuencias fatales, como las muertes y las lesiones, con todos los costos que eso conlleva. Es decir, se dedica dinero para atender este tipo de lesiones por armas de fuego, en vez de invertirlo en prevenir enfermedades.
Por otro lado, genera un enorme dolor social en familias con pérdidas por la violencia armada. A esto habría que añadirle el impacto económico que sufren las familias, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas de la violencia armada son hombres en edades productivas. Asimismo, en las relaciones comunitarias, la violencia genera repliegue, miedo, truncando las posibilidades de acción conjunta, proyectos y participación.
-Ahora bien, ¿cuáles son los factores que inciden en la proliferación de armas en nuestro país?
- En Venezuela, desde los años 90, la gente comenzó a armarse por la inseguridad y, luego con los procesos de intensa conflictividad social, la gente siguió armándose, pero estos procesos lo que han generado es más violencia, mayor pérdida, más repliegue y, por supuesto, el incremento de los homicidios y las lesiones. Es decir, las armas son uno de los factores que intervienen en la escalada de la violencia. Por ejemplo, la gente se siente insegura porque no confía en la policía. Consigue armas y, como se asume que el otro está armado, entonces yo también me armo y comienza una carrera fatal.
- ¿Hay propuestas concretas para disminuir la proliferación de armas?
- Sí, por supuesto. La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme está abocada, por un lado, a generar información basada en evidencias; es decir, hay toda una línea de investigación para generar participación, hay toda una línea de consulta para que la gente participe y discuta. Hay que colocar el tema de las armas de fuego y los riesgos del uso de armas de fuego en la agenda de discusión; hay toda una línea de generar conciencia y por eso la comisión está construida por actores tan diferentes, como son miembros de organizaciones sociales u ONG`S, miembros de universidades, diputados, viceministros, el Director de la Policía Nacional Bolivariana, y representante del DAEX, porque busca ser una instancia donde se llegue a un consenso.
Propuestas para el control de armas hay muy interesantes en Brasil y en El Salvador, do podemos tener algunas pistas: básicamente, las propuestas se centran en disminuir la demanda de armas, a través de informar y concientizar a la población acerca de los riesgos implicados en el uso de armas. Hay que controlar todos los procesos para el acceso a las armas, hay que saber cuántas armas existen y marcarlas, hay que restringir el porte de armas en espacios públicos, así como regularizar todo el circuito de las armas, desde la importación hasta la comercialización, y hay que destruir las excedentes o ilegales. -¿Cuál es el papel del Estado?
-Uno de los mensajes más claro de esta comisión es que el Estado tiene la responsabilidad fundamental en el control de armas, pero también en la seguridad ciudadana. Ahora, el Estado tiene que comprometerse en regularizar la situación de las armas.
“Este tema de Control de Armas, Municiones y Desarme es un asunto que nos concierne a todos y debemos sumarnos a esta campaña por la convivencia. Proponer una manera de convivir donde las armas no tengan lugar, que podamos dirimir los conflictos a través de la palabra que es lo que verdaderamente nos hace humanos”.
Verónica Zubillaga
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