El gobierno de Venezuela no debe cometer abusos contra los derechos humanos en su intento de sofocar motines violentos en las cárceles, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, tras la muerte de 19 presos y enfrentamientos entre reclusos armados y tropas de la Guardia Nacional.
Las autoridades tienen el deber de mantener el control de sus cárceles y de garantizar que no se pone en peligro a los presos.
Grupos de presos armados de la cárcel El Rodeo II, en Guatire, a 40 kilómetros de la capital del país, Caracas, mantuvieron un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad durante varios días. El 17 de junio, efectivos de la Guardia Nacional entraron en la cárcel para desarmar a los presos tras los enfrentamientos que estallaron entre bandas rivales el 12 de junio en la cárcel adyacente El Rodeo I.
“Un nuevo estallido de violencia en un centro penitenciario venezolano señala las terribles condiciones de reclusión que persisten en el país desde hace muchos años e indica que las autoridades no han hecho nada para abordar de manera adecuada la situación”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Las autoridades venezolanas deben abrir de inmediato una investigación independiente sobre los fallos cometidos en El Rodeo, que establezca responsabilidades por el elevado nivel de armas en el interior de la cárcel, y garantizar que incidentes semejantes no se repiten en el futuro”, ha afirmado Guadalupe Marengo
La Guardia Nacional recuperó el control de la cárcel El Rodeo I el 17 de junio, en una operación en la que participaron 4.000 efectivos, pero no ha recuperado plenamente el control de El Rodeo II.
Aunque recientemente se ha dado a conocer una lista de presos que han sido trasladados a otras cárceles, sigue sin conocerse la suerte de algunos reclusos de El Rodeo.
Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a Venezuela para que reforme con urgencia su sistema penitenciario con el fin de resolver la crisis que afecta a las cárceles del país, que hace que muchos presos vivan en condiciones deplorables y que ha conducido a numerosas muertes.
Aunque las autoridades de Venezuela reconocen la gravedad de la situación que aqueja a las cárceles del país, nunca han tomado las medidas que se requieren con urgencia para mejorar las terribles condiciones de reclusión en el país.
El hacinamiento crónico, las demoras extremas en la administración de justicia, la falta de acceso a atención médica adecuada y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros penitenciarios son obstáculos que es preciso superar.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Venezuela a tomar medidas drásticas contra la corrupción endémica que conduce a abusos contra los derechos humanos en las cárceles, así como a dotar a los guardias penitenciarios de los recursos y la capacitación necesarios para el desempeño de su trabajo.
“En Venezuela, los presos están recluidos a menudo en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, y la violencia es endémica”, ha afirmado Guadalupe Marengo.
“El ministerio para las prisiones y la comisión presidencial para el control de armas, municiones y desarme, de reciente creación, deben llevar a cabo las reformas necesarias para prevenir que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro.”
22 de junio de 2011
Índice AI: PRE01/312/2011
Documento público
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