Sin justicia para los pobres

los pobres sí son criminalizados y muchas veces juzgados y sentenciados Hay pobreza espiritual e intelectual, pero es la pobreza material, la económica, la que puede determinar que en nuestra Venezuela algunos casos penales alcancen justicia y otros no.




¿Es un crimen ser pobre? Ante esta pregunta podríamos responder instintivamente que no, que desde luego la pobreza no es un crimen, pero basta con profundizar un poco en el asunto y contrastarlo con nuestra realidad para darnos cuenta de que si bien es cierto, es decir, que la pobreza no es un crimen, los pobres sí son criminalizados y muchas veces juzgados y sentenciados por la sociedad, simplemente por esta condición. Vemos, por ejemplo, cómo los cuerpos policiales reaccionan frente a los jóvenes provenientes de los sectores populares, presumiendo la culpabilidad de un delito sólo por cumplir ciertas características, como la ropa que use, el color de piel y la condición socioeconómica.



Generalmente, es la población juvenil masculina que habita en las barriadas la más fácilmente criminalizada y no sólo por el colectivo, sino, como ya decía antes, por aquellos que tienen el deber de protegerlos: los cuerpos policiales o militares, quienes al considerar que los muchachos del barrio son delincuentes o en algún momento lo serán, empiezan a actuar de manera que violan sin reparo los derechos humanos de los ciudadanos, aplicando aquel adagio betancourista de "disparen primero y averigüen después".



La situación de la criminalización de la pobreza adquiere un matiz diferente cuando pasamos al Poder Ciudadano y al Poder Judicial, es decir, al Ministerio Público y a los tribunales penales. Con respecto a la labor de las fiscalías, especialmente en la fase de investigación, algunos fiscales o fiscalas frente a casos de presunto enfrentamiento policial no se preocupan demasiado por investigar si realmente fue así o si se trató de un ajusticiamiento, tortura, en fin, si fue una violación de derechos humanos, y terminan por concluir el caso como un archivo fiscal o un sobreseimiento, quedándose entonces sin justicia material en el caso concreto. Todo esto sin mencionar que en algunas fiscalías se niegan a informar a los familiares de las víctimas sobre los progresos de la investigación, porque piensan que como se trata de personas con un nivel económico inferior, no van a "perder el tiempo" con ellos, pues al final no van a entender lo que les digan.



Pero si se logra cruzar la barrera en el Ministerio Público y se consigue llegar a juicio, la situación no cambia mucho con los jueces y las juezas quienes, no en pocos casos, terminan desestimando las pruebas que se presentan y dictan sentencias absolutorias a esos funcionarios policiales o militares que han cometido delitos, sólo por considerar que no van a ensuciar la carrera policial de un funcionario por alguien de "inferior valor", enviando un claro mensaje de que para ellos y ellas importa y vale más un policía delincuente que un muchacho del barrio.



Contribuyamos entonces a erradicar la criminalización de la pobreza y a que todos y todas tengamos el mismo acceso a la justicia, sin discriminación de ningún tipo.