Caracas, 09 de julio de 2011) Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), fueron condenados un Maestre de Segunda y tres Infantes del componente de la Armada Nacional, por intento de homicidio contra ocho indígenas Waraos y un civil, hecho ocurrido el 6 de enero de 2010, en el estado Delta Amacuro.
En el juicio, el fiscal 1° de esa jurisdicción, Noel Rivas Acosta, ratificó la acusación contra el Infante Ramón García Guevara, como autor en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración. Mientras, que Carlos Flores Ávila (Maestre), Alexis Cisneros Barnique y Johanys Blanca Lereico, como cooperadores inmediatos en el mencionado delito.
Adicionalmente, los cuatros militares fueron acusados por incurrir en los delitos de violencia sexual y física, acto carnal contra víctima especialmente vulnerable, lesiones personales, uso indebido de arma de guerra, violación con abuso de autoridad, privación ilegitima de libertad con tratos crueles contra detenidos y violación de domicilio.
Los referidos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese sentido, el Tribunal Único de Juicio del estado Delta Amacuro, luego de analizar las pruebas expuestas por el fiscal y escuchar a los acusados, condenó a 30 años de prisión a Flores, García y a Cisneros.
Mientras, que Blanca fue condenado a 22 años, pues la instancia judicial desestimó el delito de abuso sexual y violación de domicilio.
Los cuatros militares permanecerán recluidos en la Comandancia de la Policía de Delta Amacuro, hasta que un Tribunal de Ejecución determine el lugar y la forma de cumplimiento de la pena.
El día antes citado, Flores y García quienes estaban adscritos al puesto fluvial San José de Amacuro, ubicado en el municipio Antonio Díaz, fueron a una comunidad indígena, en el sector Boca de Kuyubini, donde se realizaba una fiesta.
Luego de compartir un rato en el festejo, se suscitó una pelea entre varios indígenas y los militares, lo que provocó que éstos se fueran del sitio y retornaran a su lugar de trabajo.
En ese momento, el Maestre Carlos Flores (25) ordenó a los Infantes Cisneros (22) y Blanca (18) que se uniformaran para regresar a la comunidad, tomando cada uno de ellos un fusil A-K 103.
Al llegar al lugar con el objetivo de buscar a sus agresores, los efectivos tocaron la puerta de una vivienda, donde el Infante García (20) efectuó un disparo contra un hombre, a quien se llevó detenido en la embarcación manejada por un civil, en la cual se realizó el traslado.
Posteriormente, fueron a otra casa donde se hirió a otro indígena y, a su vez, se ejecutó maltrato y abuso sexual contra cuatro mujeres de la etnia, entre ellas una niña de 12 años. Además, un adolescente de 15 años fue detenido producto del procedimiento irregular.
Los militares regresaron al puesto fluvial, donde se produjo actos de tortura y abuso de autoridad contra las dos personas privadas ilegítimamente de su libertad, a quienes posteriormente lanzaron al agua con la finalidad de que se ahogaran.
Sin embargo, las víctimas fueron auxiliadas por pobladores cercanos a la zona del puesto, quienes alertaron a las autoridades policiales.
El 07 de enero de 2010, los militares fueron aprehendidos en su sitio de trabajo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
Vale recordar, que el MP presentó acusación con los efectivos castrenses el día 24 de febrero de 2010, mientras que el juicio inicio el 11 de abril de 2011.
En el juicio, el fiscal 1° de esa jurisdicción, Noel Rivas Acosta, ratificó la acusación contra el Infante Ramón García Guevara, como autor en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración. Mientras, que Carlos Flores Ávila (Maestre), Alexis Cisneros Barnique y Johanys Blanca Lereico, como cooperadores inmediatos en el mencionado delito.
Adicionalmente, los cuatros militares fueron acusados por incurrir en los delitos de violencia sexual y física, acto carnal contra víctima especialmente vulnerable, lesiones personales, uso indebido de arma de guerra, violación con abuso de autoridad, privación ilegitima de libertad con tratos crueles contra detenidos y violación de domicilio.
Los referidos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese sentido, el Tribunal Único de Juicio del estado Delta Amacuro, luego de analizar las pruebas expuestas por el fiscal y escuchar a los acusados, condenó a 30 años de prisión a Flores, García y a Cisneros.
Mientras, que Blanca fue condenado a 22 años, pues la instancia judicial desestimó el delito de abuso sexual y violación de domicilio.
Los cuatros militares permanecerán recluidos en la Comandancia de la Policía de Delta Amacuro, hasta que un Tribunal de Ejecución determine el lugar y la forma de cumplimiento de la pena.
El día antes citado, Flores y García quienes estaban adscritos al puesto fluvial San José de Amacuro, ubicado en el municipio Antonio Díaz, fueron a una comunidad indígena, en el sector Boca de Kuyubini, donde se realizaba una fiesta.
Luego de compartir un rato en el festejo, se suscitó una pelea entre varios indígenas y los militares, lo que provocó que éstos se fueran del sitio y retornaran a su lugar de trabajo.
En ese momento, el Maestre Carlos Flores (25) ordenó a los Infantes Cisneros (22) y Blanca (18) que se uniformaran para regresar a la comunidad, tomando cada uno de ellos un fusil A-K 103.
Al llegar al lugar con el objetivo de buscar a sus agresores, los efectivos tocaron la puerta de una vivienda, donde el Infante García (20) efectuó un disparo contra un hombre, a quien se llevó detenido en la embarcación manejada por un civil, en la cual se realizó el traslado.
Posteriormente, fueron a otra casa donde se hirió a otro indígena y, a su vez, se ejecutó maltrato y abuso sexual contra cuatro mujeres de la etnia, entre ellas una niña de 12 años. Además, un adolescente de 15 años fue detenido producto del procedimiento irregular.
Los militares regresaron al puesto fluvial, donde se produjo actos de tortura y abuso de autoridad contra las dos personas privadas ilegítimamente de su libertad, a quienes posteriormente lanzaron al agua con la finalidad de que se ahogaran.
Sin embargo, las víctimas fueron auxiliadas por pobladores cercanos a la zona del puesto, quienes alertaron a las autoridades policiales.
El 07 de enero de 2010, los militares fueron aprehendidos en su sitio de trabajo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
Vale recordar, que el MP presentó acusación con los efectivos castrenses el día 24 de febrero de 2010, mientras que el juicio inicio el 11 de abril de 2011.
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