El Estado no puede convertirse en un monstruo con el pretexto de enfrentar acciones terroristas"
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, participó en el foro "Terrorismo de Estado y Derechos Humanos", realizado en la Asamblea Nacional
En el lapso 1958 - 1998, Venezuela vivió diferentes episodios de la historia que se caracterizaron por la violación de los derechos humanos. Masacres como Yumare, Cantaura y El Caracazo constituyen una muestra de ello.
Sin embargo, el actual Estado venezolano es garantista y respetuoso de los derechos humanos. Así se evidenció una vez más el pasado mes de febrero durante el foro “Terrorismo de Estado y Derechos Humanos”, efectuado en la Asamblea Nacional.
En el evento participó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ratificó el compromiso del Ministerio Público (MP) de avanzar en las investigaciones sobre hechos semejantes a los ya mencionados ocurridos en Venezuela durante el período 1958-1998, etapa en la que “hubo un terrorismo de Estado”.
En su ponencia denominada “La actuación del Estado democrático en la búsqueda de la verdad”, la Fiscal General aseguró que en los últimos años Venezuela se ha convertido en un Estado democrático y social de derecho y de justicia.
Explicó que terrorismo de Estado no es únicamente cuando se bombardea a una población civil en época de guerra, ni el funcionamiento de organizaciones secretas financiadas por los estados poderosos, sino que también se ve reflejado cuando se utilizan métodos ilegítimos para inducir el miedo en una población civil determinada a fin de alcanzar objetivos sociales o políticos.
Dijo que este tipo de terrorismo existió en el país en el lapso señalado, especialmente cuando se reprimían manifestaciones de estudiantes, obreros, y otras organizaciones, en las que murieron centenares de venezolanos a manos de los cuerpos policiales.
Expresó que investigar el terrorismo de Estado significa algunas veces entrar en las intimidades de cómo se maneja la política de un país, cómo se inducía el miedo a la población para que no reclamara sus derechos y protestara cuando era asfixiada social y económicamente, como pasó en El Caracazo.
Ortega Díaz indicó que no es concebible la violación de los derechos humanos con la excusa de contrarrestar al enemigo. “El Estado no puede convertirse en un monstruo con el pretexto de enfrentar acciones terroristas”.
Agregó que para el MP ha sido una dura tarea investigar hechos como Yumare, Cantaura y El Caracazo, por la difícil lucha contra el tiempo. Pese a ello el trabajo se realiza con celeridad, tranquilidad, ética y moral, “pues sabemos lo que significa conocer en profundidad el uso desmedido, arbitrario de un poder que se detentó por más de cuatro décadas”, dijo la Fiscal General.
Puntualizó que las actuaciones del Estado democrático y social de derecho y de justicia tiene múltiples enfoques, siendo uno de ellos la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas de las violaciones en el período 1958-1998.
Asimismo, destacó la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, porque en ella se fundamenta el nuevo modelo policial, el cual debe tener como piedra angular el respeto de los derechos humanos.
Añadió que la Escuela Nacional de Fiscales del MP ha formado a funcionarios policiales en el trato a las personas y en el respeto a los derechos humanos.
Cantaura, Yumare y El Caracazo
Durante su intervención en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, la Fiscal se refirió a las masacres de Cantaura, Yumare y El Caracazo.
En relación con Cantaura, ocurrida en el estado Anzoátegui hace 29 años, en la que murieron 23 dirigentes sociales a manos de 400 funcionarios militares y policiales, Ortega Díaz dijo que este hecho nunca se investigó y que es ahora cuando se busca su esclarecimiento.
En este caso se han exhumado 18 cuerpos y se ha confirmado que la mayoría de las víctimas recibieron tiros de gracia.
Acerca de la masacre de Yumare, acaecida el 8 de mayo de 1986, en el estado Yaracuy, donde murieron nueve dirigentes sociales, señaló que en el año 2007 el MP retomó el caso y se encontraron fundamentos serios para imputar a ex funcionarios públicos de la época.
El MP acusó en 2009 a nueve personas, entre ellas, Henry López Sisco, quien actualmente está prófugo de la justicia. Además, en 2011 fue condenado a 13 años de prisión el ex director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, general Alexis Sánchez Paz, luego de admitir su responsabilidad en la audiencia preliminar.
En cuanto al Caracazo, la Fiscal General recordó que se cumplieron 23 años de este hecho, que durante muchos años no tuvo repercusión ni la atención que merecía en la jurisdicción interna del país, motivo por el cual muchas víctimas acudieron en 1995 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 7 de junio de 1999 dicha instancia acusó al Estado venezolano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. El 10 de noviembre de 1999 se realizó una audiencia pública, en la cual el Estado venezolano admitió la violación de los derechos humanos ocurridas durante El Caracazo.
Para esclarecer este hecho fueron designados fiscales especiales, quienes han realizado un arduo trabajo al ordenar y agrupar 336 expedientes de esta masacre.
Recordó que el MP creó en el 2011 una comisión especial de fiscales para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el lapso 1958-1998, para determinar las responsabilidades penales.
La Fiscal General enfatizó que hoy cuando se habla de terrorismo de Estado en Venezuela debe hacerse en tiempo pasado; fue un flagelo que azotó a la patria que actualmente se ha erradicado y se ha avanzado en la defensa de la vida y la dignidad de las personas, para que la libertad y la justicia se encausen por senderos racionales y más humanos.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, participó en el foro "Terrorismo de Estado y Derechos Humanos", realizado en la Asamblea Nacional
En el lapso 1958 - 1998, Venezuela vivió diferentes episodios de la historia que se caracterizaron por la violación de los derechos humanos. Masacres como Yumare, Cantaura y El Caracazo constituyen una muestra de ello.
Sin embargo, el actual Estado venezolano es garantista y respetuoso de los derechos humanos. Así se evidenció una vez más el pasado mes de febrero durante el foro “Terrorismo de Estado y Derechos Humanos”, efectuado en la Asamblea Nacional.
En el evento participó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ratificó el compromiso del Ministerio Público (MP) de avanzar en las investigaciones sobre hechos semejantes a los ya mencionados ocurridos en Venezuela durante el período 1958-1998, etapa en la que “hubo un terrorismo de Estado”.
En su ponencia denominada “La actuación del Estado democrático en la búsqueda de la verdad”, la Fiscal General aseguró que en los últimos años Venezuela se ha convertido en un Estado democrático y social de derecho y de justicia.
Explicó que terrorismo de Estado no es únicamente cuando se bombardea a una población civil en época de guerra, ni el funcionamiento de organizaciones secretas financiadas por los estados poderosos, sino que también se ve reflejado cuando se utilizan métodos ilegítimos para inducir el miedo en una población civil determinada a fin de alcanzar objetivos sociales o políticos.
Dijo que este tipo de terrorismo existió en el país en el lapso señalado, especialmente cuando se reprimían manifestaciones de estudiantes, obreros, y otras organizaciones, en las que murieron centenares de venezolanos a manos de los cuerpos policiales.
Expresó que investigar el terrorismo de Estado significa algunas veces entrar en las intimidades de cómo se maneja la política de un país, cómo se inducía el miedo a la población para que no reclamara sus derechos y protestara cuando era asfixiada social y económicamente, como pasó en El Caracazo.
Ortega Díaz indicó que no es concebible la violación de los derechos humanos con la excusa de contrarrestar al enemigo. “El Estado no puede convertirse en un monstruo con el pretexto de enfrentar acciones terroristas”.
Agregó que para el MP ha sido una dura tarea investigar hechos como Yumare, Cantaura y El Caracazo, por la difícil lucha contra el tiempo. Pese a ello el trabajo se realiza con celeridad, tranquilidad, ética y moral, “pues sabemos lo que significa conocer en profundidad el uso desmedido, arbitrario de un poder que se detentó por más de cuatro décadas”, dijo la Fiscal General.
Puntualizó que las actuaciones del Estado democrático y social de derecho y de justicia tiene múltiples enfoques, siendo uno de ellos la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas de las violaciones en el período 1958-1998.
Asimismo, destacó la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, porque en ella se fundamenta el nuevo modelo policial, el cual debe tener como piedra angular el respeto de los derechos humanos.
Añadió que la Escuela Nacional de Fiscales del MP ha formado a funcionarios policiales en el trato a las personas y en el respeto a los derechos humanos.
Cantaura, Yumare y El Caracazo
Durante su intervención en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, la Fiscal se refirió a las masacres de Cantaura, Yumare y El Caracazo.
En relación con Cantaura, ocurrida en el estado Anzoátegui hace 29 años, en la que murieron 23 dirigentes sociales a manos de 400 funcionarios militares y policiales, Ortega Díaz dijo que este hecho nunca se investigó y que es ahora cuando se busca su esclarecimiento.
En este caso se han exhumado 18 cuerpos y se ha confirmado que la mayoría de las víctimas recibieron tiros de gracia.
Acerca de la masacre de Yumare, acaecida el 8 de mayo de 1986, en el estado Yaracuy, donde murieron nueve dirigentes sociales, señaló que en el año 2007 el MP retomó el caso y se encontraron fundamentos serios para imputar a ex funcionarios públicos de la época.
El MP acusó en 2009 a nueve personas, entre ellas, Henry López Sisco, quien actualmente está prófugo de la justicia. Además, en 2011 fue condenado a 13 años de prisión el ex director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, general Alexis Sánchez Paz, luego de admitir su responsabilidad en la audiencia preliminar.
En cuanto al Caracazo, la Fiscal General recordó que se cumplieron 23 años de este hecho, que durante muchos años no tuvo repercusión ni la atención que merecía en la jurisdicción interna del país, motivo por el cual muchas víctimas acudieron en 1995 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 7 de junio de 1999 dicha instancia acusó al Estado venezolano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. El 10 de noviembre de 1999 se realizó una audiencia pública, en la cual el Estado venezolano admitió la violación de los derechos humanos ocurridas durante El Caracazo.
Para esclarecer este hecho fueron designados fiscales especiales, quienes han realizado un arduo trabajo al ordenar y agrupar 336 expedientes de esta masacre.
Recordó que el MP creó en el 2011 una comisión especial de fiscales para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el lapso 1958-1998, para determinar las responsabilidades penales.
La Fiscal General enfatizó que hoy cuando se habla de terrorismo de Estado en Venezuela debe hacerse en tiempo pasado; fue un flagelo que azotó a la patria que actualmente se ha erradicado y se ha avanzado en la defensa de la vida y la dignidad de las personas, para que la libertad y la justicia se encausen por senderos racionales y más humanos.
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