La masacre de Yumare se efectuó el 08 de mayo de 1986, bajo el gobierno de Jaime Lusinchi. Fueron asesinadas nueve personas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en la zona La Vaca, Barlovento, en la población de Yumare del distrito Bolívar, en el Estado Yaracuy. Las autoridades policiales indicaron que se trató de un enfrentamiento armado de un grupo de la Disip, con un grupo guerrillero; con el saldo de nueve guerrilleros muertos y un funcionario de la Disip herido (Henry López Sisco). Sin embargo, testigos afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente, ejecutadas; les colocaron ropas militares encima de su ropa civil, por funcionarios de ese organismo policial. Indicaron que los mismos eran luchadores sociales y promotores del ideal bolivariano.
Este hecho, también fue investigado por el Congreso de la República con la denominación de la masacre de Yumare.
Las declaraciones de los testigos revelan que las nueve personas ejecutadas extrajudicialmente eran, además de luchadores sociales, promotores del ideal bolivariano. Los fallecidos fueron: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, y Alfredo Caicedo Castillo.
No sería sino hasta 2011, 25 años después de la masacre, cuando se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi, cuando fiscales del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos, Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército.
También fueron acusados los exfuncionarios de la extinta DISIP, Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega. En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la DISIP Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo; además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
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