Luisa Ortega Díaz denunció -durante su intervención en el programa Diálogo Con transmitido por Televen- que durante 40 años la tortura se practicó como política de Estado. La funcionaria se reunirá hoy con las familias engañadas por empresas constructoras
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, investiga los casos de 1.600 venezolanas y venezolanos desaparecidos, ajusticiados en las calles o torturados por los cuerpos de seguridad del Estado entre los años 60, 70 y 80, durante el periodo político conocido como la Cuarta República (gobiernos de los partidos Acción Democrática y Copei).
En entrevista con el periodista Carlos Croes en el programa Diálogo Con, transmitido por el canal privado Televen, la funcionaria citó los casos de Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez y Alberto Lovera. El primero, asesinado en 1966 -durante el gobierno de Raúl Leoni- en los calabozos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA), hoy Dirección de Inteligencia Militar; el segundo, golpeado hasta la muerte en la sede de la Disip, cuando Carlos Andrés Pérez gobernaba por primera vez (1976); el tercero, secuestrado y ajusticiado por los cuerpos de seguridad del Estado en 1965, también durante el mandato de Raúl Leoni.
“Durante 40 años”, explicó, el Estado venezolano tenía la política de la tortura. La de ahora “es respetuosa de los derechos humanos”, diferenció, aun cuando pueda haber excesos individuales.
PRÓFUGOS DE LA JUSTICIAEl trabajo del Ministerio Público sobre los inmuebles inconclusos comenzó en octubre de 2009, con la creación de un plan contra el fraude, la estafa y la usura, indicó Ortega Díaz. “Hemos recibido más de 1.600 denuncias”, que se han convertido en 505 investigaciones.
Hasta la fecha, apuntó, hay 13 personas acusadas por distintos delitos relacionados, las cuales están privadas de libertad. “Hay una, prófuga de la justicia, con orden de captura”, y otros sujetos privados de libertad contra los cuales no se ha presentado acto conclusivo, puntualizó. En total, son 24 individuos acusados y privados de libertad, y hay orden de captura contra otros 25. Indicó que el Ministerio Público solicita medidas cautelares para las y los responsables con base en la experiencia: “Nos hemos encontrado con 25 personas con privativa de libertad, y cuando supieron que el Estado estaba accionando, huyeron del país. Ni siquiera enfrentaron a la justicia”.
Con las personas que marcharon de Venezuela “lo primero que se hace es colocarlas en el alerta roja de Interpol” para que se produzca la captura, aun cuando la experiencia de la nación con este mecanismo no ha sido muy buena, expresó la funcionaria.
La estafa inmobiliaria no existe como tipo penal, aclaró. Lo que hay es estafa, oferta engañosa, usura y asociación para delinquir. Para hacerse cargo de los casos hay 67 fiscales desplegados a escala nacional, y 7 que coordinan igual número de regiones.
Ortega Díaz defendió medidas como el congelamiento de las cuenta bancarias de las compañías involucradas y la prohibición de vender o hipotecar sus bienes. Una vez concluida la investigación, si se concluye que los propietarios son responsables, esos bienes pudieran servir para resarcir a las víctimas.
Citó el caso de La Avileña, desarrollo urbanístico caraqueño vinculado con el Banco Federal, cuyo dueño también huyó del país y se encuentra en Estados Unidos. “210 familias habían pagado en La Avileña; no tenían ninguna respuesta, y la obra estaba paralizada”, señaló. “Eso lo asumió el Gobierno Nacional”, y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat “terminó la construcción”, reiteró.
Ortega Díaz recalcó que hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y una resolución ministerial que impiden expresamente el cobro del Índice de Precios al Consumidor. “Es un cobro ilegal, y si es ilegal, quien lo cobre violenta la ley y está sujeto a que se lo enjuicie”, advirtió.
AFIUNI: SOBRAN LAS RAZONESConsultada sobre el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, esgrimido por la oposición como una supuesta muestra de que en Venezuela se violan los derechos humanos, la Fiscal General enfatizó que está siendo procesada y que el juicio no ha empezado “por motivos imputables a ella”.
Recordó que, a solicitud del Ministerio Público, el tribunal a cargo de la causa le concedió el beneficio de ser recluida en su casa luego de ser intervenida quirúrgicamente. En 57 oportunidades, la directora de derechos fundamentales del MP y dos fiscales se trasladaron a la cárcel donde se hallaba la jueza, a fin de constatar su estado de salud.
Ortega Díaz insistió en que quien debe decidir si Afiuni cometió o no delito es un juez, pero expresó que, a criterio del Ministerio Público y de acuerdo con las investigaciones, “hay presuntamente un hecho punible”.
La funcionaria hizo un recuento del caso, y detalló que la magistrada fue imputada por facilitar la fuga del banquero Eligio Cedeño, procesado por delitos previstos en la Ley contra la Corrupción. Relató que María Lourdes Afiuni convocó una audiencia preliminar sin la presencia del Ministerio Público; que las partes firmaron una hoja en blanco y que Cedeño fue puesto en libertad sin la debida boleta de excarcelación.
Con respecto al dirigente opositor Biagio Pilieri, electo por la oposición como diputado a la Asamblea Nacional y enjuiciado por presuntos hechos de corrupción, dijo esperar que deponga su actitud y se someta a la justicia. Cabe recordar que Pilieri se encadenó en su vivienda para no ser trasladado a los tribunales. Puntualizó, también, que José Sánchez Montiel, alias Mazuco, también electo al Parlamento por partidos de derecha a pesar de estar condenado por homicidio, tiene sentencia firme.
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