Desde el pasado lunes renunciaron a cualquier tipo de alimentación para exigir celeridad procesal. Familiares acompañan la protesta con acciones de calle
Más de 800 personas privadas de libertad en el estado Sucre amenazan con iniciar una “huelga de sangre” en caso de que no sean atendidas sus demandas. Desde el pasado lunes renunciaron a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de sus derechos, pues consideran que son violados.
En un principio, 260 reos del Internado Judicial de Cumaná iniciaron una huelga de hambre. Luego, el miércoles, se les unieron las reclusas del anexo femenino del mismo recinto penitenciario y los casi 600 reclusos de la Comandancia General del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre (Iapes).
Maisel Marcano, madre de un joven condenado a 17 años de prisión por secuestro, es la vocera de los penados del Internado Judicial de Cumaná en las distintas protestas de calle que realizan algunos familiares de los encarcelados. Dijo que con sus acciones buscan conseguir el pronunciamiento de alguna autoridad que pueda dar respuestas a las solicitudes.
La semana pasada, un grupo de mujeres intentaron irrumpir los diferentes actos realizados en Cumaná para conmemorar el 216 aniversario del natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José De Sucre.
Marcano explicó que alrededor de 280 privados de libertad del Internado Judicial de Cumaná esperan que se les otorguen beneficios desde el 7 de marzo de 2010. “Para esa fecha, una comisión se reunió con el gobernador del estado Sucre, Enrique Maestre, y le consignó un pliego con las peticiones. En ellas se le solicitó resolver los distintos problemas que se tienen en el internado, pero hasta la fecha no ha habido respuestas y por eso ellos están tomando esa actitud”, manifestó.
También dijo que esperan respuestas de Caracas para sostener una reunión con el presidente del Circuito Judicial y defensor del pueblo en el estado.
Una de las peticiones que están haciendo los internos es que se les restituya el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece que “el tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta”.
La vocera indicó que los internos también están pidiendo que sea instalado un tribunal móvil en los recintos penitenciarios para que haya celeridad procesal.
Los familiares exigen a las autoridades que se presenten y den respuestas concretas ante esta situación. Aseguran que, de lo contrario, seguirán apoyándolos en la huelga de hambre que próximamente podrá ser de sangre.
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