El lunes 5
de agosto casi al mediodía . La muchedumbre veía conmocionada cómo una mujer
yacía en el suelo mientras la rodilla de un funcionario de la Policía de
Aragua, presionaba su mejilla contra el asfalto. Se trataba de Los comerciantes informales que protestaban
desde temprano en la avenida Bolívar de la capital de Aragua. Su exigencia era
precisa. “Solicitábamos una audiencia con el alcalde para que nos dejara
trabajar en diciembre”, señaló Deisy Contreras, quien fue sometida por alzar su
voz.
El Himno
Nacional se escuchó antes de los gritos desesperados. “Cuando el semáforo
detenía el tráfico protestamos de forma pacífica”. Súbitamente llegaron al
menos 25 motorizados de la PA para dispersar la protesta de 350 comerciantes.
Se armó
un cordón de funcionarios en la calle Soublette y la avenida Bolívar para
impedir que avanzara la marcha. Los ánimos se caldearon y comenzó la represión
con golpes, sometimientos y pistolas eléctricas, aseguró Contreras, mientras
sus compañeros limpiaban su mejilla, espalda y brazos con raspaduras.
Enojados,
traseúntes observaron la acción policial. “¿No se supone que están para
proteger al pueblo?” gritaban. Quienes documentaron las humillaciones también
fueron reprendidos. Desaparecieron celulares y cámaras tras forcejeos y
amedrentamiento oficial.
Una
joven confrontó un policía. Fue enfática, pedía explicaciones de los golpes que
recibían mujeres y hombres en presencia de sus hijos. Cuando el funcionario la
increpó, la mujer corrió despavorida hacia la Catedral de Maracay. Tres hombres
impidieron que el policía persiguiera a la muchacha, por lo que este se molestó
y le partió una silla de plástico en la cabeza a uno de ellos. Otros dos
funcionarios luego le cayeron a golpes. “Este va preso, mételo preso”.
40
mujeres y hombres fueron retenidos. “Me arrastraron hasta la patrulla” denunció
Yulmar Contreras. Luego de que los llevaron a tres comisarías quedaron en
libertad. Mientras, su hija lloraba por no saber dónde estaba su madre en medio
de la conmoción.
Evasión
oficial
Durante
una rueda de prensa, el director general de la alcaldía de Girardot, Erick
Beni, calificó como saboteadores a quienes protestaban. “Nuestra policía tuvo
que actuar para restablecer el orden”. Reiteró que en agosto es la fecha tope
para que los comerciantes salgan de las calles. Para Beni, no vale la pena
mencionar a quienes denuncian que los locales no están listos. “Son un grupito
de 40 o 50”. Dijo que la dirección de obras del ayuntamiento trabaja en
correcciones. “En agosto deben ocupar los locales”. Incluso, si no están
listos. Golpeados física y moralmente, los comerciantes acudieron a la sede del
Ministerio Público en la calle Páez del centro de Maracay. 20 afectados
rindieron declaraciones, con videos y fotos como prueba. La Fiscalía 20 llevará
el caso. Las mujeres recibieron una orden forense para hacerse exámenes médicos
luego de esperar. Señoras mayores pidieron clemencia y pedían una sola cosa:
“Que esto se sepa, que nos escuche el gobernador Tareck El Aissami”. Desde aquí
la catedra dilia antonia rojas y defesoresporlosderechoshumanos. Exohorta a la fiscalia 20 y 21 del ministerio publico
acelere la investigacion del caso y castigue a los funcionarios
protagonista de esta masacre tanto a quien actuo como a quien dio la orden .
hoy a casi de un mes pedimos justicia e igualda y derecho a la prosteta
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