Desde su creación hace tres meses, la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme comenzó a andar con paso seguro en pos de un objetivo del que nadie en Venezuela puede renegar: menos armas en las calles, menos delitos violentos, menos muertes.
El desafío es ciclópeo. Según estudios oficiales, en casi el 90% de los homicidios cometidos en el país se utilizan armas de fuego, una proporción que creció sostenidamente en los últimos 50 años, de la mano de la expansión de uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial: el tráfico de armas.“Es un negocio muy lucrativo y destructivo. Maneja tal nivel de dinero que toca profundos intereses internacionales”, advierte Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Pero el negocio detrás de las armas no es el único escollo para los que promueven el desarme como llave para evitar más muertes violentas; también se enfrentan mitos y percepciones sociales arraigadas.
Fernández explica que uno de los mitos que se ha ido construyendo en torno a este tema es que portar un arma te brinda seguridad. “Los estudios que se han hecho en todos los países han demostrado que cuando una persona porta un arma está en mayor posibilidad de ser víctima que cuando no la porta”.
¿Cómo se batalla entonces contra intereses económicos y mitos arraigados por años? Una parte de la respuesta está en la búsqueda de soluciones consensuadas.
Problema de todos, soluciones entre todos
La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme se constituyó desde el “vamos” como un desafío amplio y plural. Encabezada por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, está integrada por viceministros del área; los directores del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Policía Nacional Bolivariana; la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Ninoska Queipo y diputados de la Asamblea Nacional por el oficialismo y la oposición, junto a representantes del Ministerio Público.
Del ámbito académico, son también comisionados y comisionadas profesores y profesoras de la Universidad de los Andes, de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central de Venezuela. También integran la Comisión, el Director General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; de la organización no gubernamental Fundación Centro Gumilla y un representante del sector privado: el presidente de la Federación Venezolana de Tiro, Gerardo Trotta Arnone.
“No es una comisión ministerial, es una comisión de Estado. Están todos los poderes públicos y es plural, también con gente de oposición”, remarca Fernández.
Para el Secretario Técnico de la Comisión lo central es “plantear el problema con visión de país. Hay que intereactuar para ver qué nos proponen y ver si las propuestas tienen asidero”.
La pluralidad y diversidad de experiencias y opiniones se garantizará también con un amplio trabajo nacional de consultas. Fernández anuncia que “en septiembre se despliegan los equipos en todo el país. Habrá talleres, foros, seminarios y grupos focales”. Se trabajará con víctimas de la violencia, sectores académicos, instituciones de seguridad y poblaciones vulnerables. Además, tendrán su espacio las víctimas del abuso policial -entendida como una dimensión del abuso de las armas- y las víctimas del delito común.
Investigación y acción
Antes que las recomendaciones de la Comisión Presidencial se reflejen en las estadísticas de reducción de delitos con armas de fuego, se debe estudiar a fondo el problema. “En Venezuela hay pocos estudios”, alerta Fernández y advierte enseguida: “nos vemos en la obligación de estudiar en profundidad los circuitos de las armas y conocer cuántas armas hay realmente. Todos los números son especulativos y no se puede construir una política pública sobre percepciones”.
Pero, aunque las soluciones son a largo plazo, la Comisión recomendará medidas de rápida puesta en práctica. Varias ya están en estudio, como crear los espacios “libres de armas” en plazas, centros comerciales y transportes públicos. Para Fernández en este punto es clave la corresponsabilidad social. “Sin restarle responsabilidad al Estado, que es el garante único, exclusivo y fundamental de la seguridad ciudadana, hay otros actores que tienen que colaborar”, apunta.
En esa lista, se cuentan los dueños de locales públicos y hasta los conductores del transporte interurbano. “¿De qué sirve realizar controles en los terminales si luego los conductores levantan pasajeros fuera de las ciudades?”, se pregunta Fernández a modo de ejemplo y advierte: “si logramos generar conciencia podemos avanzar en el camino de la solución”.
Entre las acciones que ya desarrolla la Comisión, se cuenta el acercamiento a medios de comunicación privados y públicos, para el diseño de una gran campaña nacional por la paz y el desarme. Ya se realizaron encuentros con directivos de medios, anunciantes y empresarios de la publicidad con buenos resultados. Asegura Fernández que “una de las cosas que nos ha causado mayor alegría es la disposición de todos los medios de sumarse a la causa común, a la gran campaña por la paz y el desarme”.
Prensa: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme
No hay comentarios:
Publicar un comentario