Pedimos protección para Iván Pérez y su familia, ante amenazas de muerte

Pedimos protección para Iván Pérez y su familia, ante amenazas de muerte

Caracas, 16 de agosto de 2011. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz expresa su preocupación por las amenazas de muerte que ha recibido Iván Pérez, según un comunicado difundido por el Frente Clasista Argimiro Gabaldón, colectivo que defiende y promueve los derechos humanos en el estado Lara, del cual es miembro el señor Pérez.  Este ciudadano es el padre de los jóvenes Pérez Heredia, quienes fueron ajusticiados el 29 de abril del año 2008, presuntamente por funcionarios adscritos a la División de Inteligencia y Coordinación Policial de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha venido acompañando este caso. El  Frente Clasista Argimiro Gabaldón difundió en un comunicado que “fuentes fidedignas de toda credibilidad informaron a través de la red de inteligencia popular que los cuatro acusados (Sargento Segundo Graciano Granda, Cabo Primero Luis Camacaro, Distinguido Erick Torcate y Agente Dixon Canelón) por el crimen de Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia y Engel Alexánder Ernesto Pérez Heredia, y la mafia política que los sustentan han hecho un pote de altas sumas de dinero para pagar sicarios que asesinen a Iván Pérez, padre de los Hermanos Pérez Heredia y miembro de este frente”. Asimismo, este colectivo señala que “en la noche del domingo, cuatro extraños sujetos a bordo de un vehículo -cuyos datos se reservan- estuvieron sospechosamente preguntando por el paradero de Iván Pérez”, en la granja porcina “La Caimana”. Ante esta situación que denuncian públicamente los integrantes del Frente Clasista Argimiro Gabaldón, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, preocupados por el resguardo a la integridad y seguridad personal del señor Pérez, solicitamos ante el Fiscal Superior del Estado Lara, William José Guerrero Santander: Primero: Se acuerde la medida de protección para el ciudadano Iván Pérez y sus familiares, de forma inmediata y efectiva, tal como lo establecen los artículos 3, 4 y 18 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Segundo: Llevar a cabo una  investigación inmediata, completa, independiente en torno a la amenaza latente, con el fin de identificar a los responsables, y llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones penales previstas en la ley, además que las conclusiones de estas investigaciones sean públicas. Caso de los hermanos Pérez Heredia Este miércoles 17 de agosto se espera que el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la jueza Anabelle Plaz Rojo, bajo la causa N° 2322, tome una decisión en el caso de los hermanos Pérez Heredia. La semana pasada, la Red de Apoyo por la Justicia llamó la atención de la opinión pública ya que el jueves 04 de agosto no se logró continuar el juicio fijado para ese día porque los funcionarios policiales involucrados en este caso no acudieron a la audiencia, a pesar de que la jueza había decidido que se les trasladasen a la Penitenciaría de Tocuyito, para evitar contratiempos en su traslado. En la siguiente audiencia, los abogados de los acusados no asistieron, por lo que hubo que designar a un abogado público, lo que retrasó la siguiente audiencia.

racas, 16 de agosto de 2011. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz expresa su preocupación por las amenazas de muerte que ha recibido Iván Pérez, según un comunicado difundido por el Frente Clasista Argimiro Gabaldón, colectivo que defiende y promueve los derechos humanos en el estado Lara, del cual es miembro el señor Pérez.  Este ciudadano es el padre de los jóvenes Pérez Heredia, quienes fueron ajusticiados el 29 de abril del año 2008, presuntamente por funcionarios adscritos a la División de Inteligencia y Coordinación Policial de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha venido acompañando este caso.

El  Frente Clasista Argimiro Gabaldón difundió en un comunicado que “fuentes fidedignas de toda credibilidad informaron a través de la red de inteligencia popular que los cuatro acusados (Sargento Segundo Graciano Granda, Cabo Primero Luis Camacaro, Distinguido Erick Torcate y Agente Dixon Canelón) por el crimen de Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia y Engel Alexánder Ernesto Pérez Heredia, y la mafia política que los sustentan han hecho un pote de altas sumas de dinero para pagar sicarios que asesinen a Iván Pérez, padre de los Hermanos Pérez Heredia y miembro de este frente”.

Asimismo, este colectivo señala que “en la noche del domingo, cuatro extraños sujetos a bordo de un vehículo -cuyos datos se reservan- estuvieron sospechosamente preguntando por el paradero de Iván Pérez”, en la granja porcina “La Caimana”.
Ante esta situación que denuncian públicamente los integrantes del Frente Clasista Argimiro Gabaldón, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, preocupados por el resguardo a la integridad y seguridad personal del señor Pérez, solicitamos ante el Fiscal Superior del Estado Lara, William José Guerrero Santander: Primero: Se acuerde la medida de protección para el ciudadano Iván Pérez y sus familiares, de forma inmediata y efectiva, tal como lo establecen los artículos 3, 4 y 18 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

Segundo: Llevar a cabo una  investigación inmediata, completa, independiente en torno a la amenaza latente, con el fin de identificar a los responsables, y llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones penales previstas en la ley, además que las conclusiones de estas investigaciones sean públicas.

Caso de los hermanos Pérez Heredia Este miércoles 17 de agosto se espera que el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la jueza Anabelle Plaz Rojo, bajo la causa N° 2322, tome una decisión en el caso de los hermanos Pérez Heredia. La semana pasada, la Red de Apoyo por la Justicia llamó la atención de la opinión pública ya que el jueves 04 de agosto no se logró continuar el juicio fijado para ese día porque los funcionarios policiales involucrados en este caso no acudieron a la audiencia, a pesar de que la jueza había decidido que se les trasladasen a la Penitenciaría de Tocuyito, para evitar contratiempos en su traslado. En la siguiente audiencia, los abogados de los acusados no asistieron, por lo que hubo que designar a un abogado público, lo que retrasó la siguiente audiencia