Pedimos que se tomen las medidas necesarias para que pueda continuar el juicio oral y público en el caso de los jóvenes Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia y Engel Alexander Ernesto Pérez Heredia, ajusticiados en el 2008 por funcionarios de la Policía del edo. Lara
Caracas, 11 de agosto de 2011. Solicitamos, como organización civil que ha acompañado al señor Iván Pérez en la búsqueda de justicia, los buenos oficios del ciudadano Henry Falcón, gobernador del estado Lara, así como de la dirección general de la Policía de Lara, para que se tomen todas las medias necesarias y pertinentes para que se evite poner en peligro la continuidad del juicio oral y público en el caso de los jóvenes Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia y Engel Alexander Ernesto Pérez Heredia, quienes fueron ajusticiados el 29 de abril del año 2008, por los funcionarios Graciano Granda, Sargento Segundo; Luis Camacaro, Cabo Primero; Erick Torcate, Distinguido; y Dixon Canelón, agente, adscritos a la División de Inteligencia y Coordinación Policial de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara.
Actualmente, el juicio oral y público se está llevando a cabo en el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la jueza Anabelle Plaz Rojo, bajo la causa N° 2322. Ya se han realizado 24 audiencias de juicio oral y público en la causa, pero el jueves 04 de agosto del presente año no se logró continuar el juicio fijado para ese día, a pesar de que la jueza había decidido que se les trasladasen a la Penitenciaría de Tocuyito, para evitar contratiempos en su traslado. Se desconocen las razones del desacato a la autoridad, violando así el principio y garantías procesales de la concentración y continuidad. Si el debate no se reanuda en el lapso que establece del Código Orgánico Procesal Penal, se puede interrumpir y deberá realizarse un nuevo juicio.
Por esta razón solicitamos que se tomen todas las medias necesarias y pertinentes para que no vuelva a pasar esta situación irregular, ya que ponen en peligro la continuidad del juicio oral y público y se ordene el traslado inmediato para el día viernes 12 de agosto de 2011, a las 10 de la mañana. Actualmente, los funcionarios policiales están detenidos preventivamente en la Comandancia General de la Policía del Estado Lara. El Código es claro al señalar que para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas y Tribunales, las demás autoridades de la República Bolivariana de Venezuela están en la obligación de prestar colaboración a los Tribunales que les requieran en el ejercicio de sus funciones.
Los funcionarios mencionados fueron acusados por el Ministerio Público en el año 2008. Posteriormente la defensa solicitó la radicación del juicio oral y público el 26 de abril del año 2008 y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte declaró con lugar la radicación y se ordenó que la radicación de la causa N° KP01-P-2008-00504, a la Presidencia del Circuito Judicial del Estado Carabobo.
Es justicia que se solicitamos y de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Caracas, 11 de agosto de 2011. Solicitamos, como organización civil que ha acompañado al señor Iván Pérez en la búsqueda de justicia, los buenos oficios del ciudadano Henry Falcón, gobernador del estado Lara, así como de la dirección general de la Policía de Lara, para que se tomen todas las medias necesarias y pertinentes para que se evite poner en peligro la continuidad del juicio oral y público en el caso de los jóvenes Fabricio Douglas Iván Pérez Heredia y Engel Alexander Ernesto Pérez Heredia, quienes fueron ajusticiados el 29 de abril del año 2008, por los funcionarios Graciano Granda, Sargento Segundo; Luis Camacaro, Cabo Primero; Erick Torcate, Distinguido; y Dixon Canelón, agente, adscritos a la División de Inteligencia y Coordinación Policial de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara.
Actualmente, el juicio oral y público se está llevando a cabo en el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la jueza Anabelle Plaz Rojo, bajo la causa N° 2322. Ya se han realizado 24 audiencias de juicio oral y público en la causa, pero el jueves 04 de agosto del presente año no se logró continuar el juicio fijado para ese día, a pesar de que la jueza había decidido que se les trasladasen a la Penitenciaría de Tocuyito, para evitar contratiempos en su traslado. Se desconocen las razones del desacato a la autoridad, violando así el principio y garantías procesales de la concentración y continuidad. Si el debate no se reanuda en el lapso que establece del Código Orgánico Procesal Penal, se puede interrumpir y deberá realizarse un nuevo juicio.
Por esta razón solicitamos que se tomen todas las medias necesarias y pertinentes para que no vuelva a pasar esta situación irregular, ya que ponen en peligro la continuidad del juicio oral y público y se ordene el traslado inmediato para el día viernes 12 de agosto de 2011, a las 10 de la mañana. Actualmente, los funcionarios policiales están detenidos preventivamente en la Comandancia General de la Policía del Estado Lara. El Código es claro al señalar que para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas y Tribunales, las demás autoridades de la República Bolivariana de Venezuela están en la obligación de prestar colaboración a los Tribunales que les requieran en el ejercicio de sus funciones.
Los funcionarios mencionados fueron acusados por el Ministerio Público en el año 2008. Posteriormente la defensa solicitó la radicación del juicio oral y público el 26 de abril del año 2008 y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte declaró con lugar la radicación y se ordenó que la radicación de la causa N° KP01-P-2008-00504, a la Presidencia del Circuito Judicial del Estado Carabobo.
Es justicia que se solicitamos y de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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