Carlos F. Lusverti P.-
La
aparición de los cuerpos de sin vida de Elías y Malena Reyes Salazar y
Luisa Órnelas Soto (la esposa del primero) familiares de la activista de
derechos humanos Josefina Reyes Salazar. Las víctimas habían sido
secuestradas el pasado 07 de febrero de 2011, en Ciudad Juárez, en la
frontera de México con Estados Unidos. La misma
Josefina Reyes fue asesinada en enero de 2010, producto de la misma
violencia imperante en la zona, que ya había cobrado la vida de otros
defensores de derechos humanos.
En
contextos de violencia e inseguridad generalizada, resulta muy fácil
para las autoridades diluir su responsabilidad bajo argumentos tales
como la imposibilidad de controlar el crimen desbordado o peor aún
atribuir el delito a que el discurso de derechos humanos les ata de
manos para combatir adecuadamente el crimen; pero la realidad es que se
trata de estrategias de impunidad, esta vez de delitos comunes, que
asociadas a la incapacidad de las autoridades para prevenir y sancionar
los delitos comunes pueden terminar por convertirse en violaciones de
derechos humanos. En casos más extremos pueden incluso ocultar prácticas
de corrupción de funcionarios que al ser denunciados apelan al abuso de
poder configurando claramente un violación de derechos humanos. La OEA a
través de su observatorio de interamericano de seguridad estima que
entre enero y febrero de 2011 se han producido cerca 23814 homicidios en
el continente. Según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) La tasa de homicidios cada 100.000
habitantes, alcanzó el 25.6/100.000 promedio en América Latina.
Frente
a estas situaciones la tentación de combatir el crimen con políticas de
“mano dura” o militarizar el problema de la inseguridad es muy alta; de
allí que la acción de defensores de derechos humanos que reacciones
contra estas prácticas de los gobiernos resultan urgentes.
Es
igualmente fácil señalar que casos como el de Reyes son otro hecho más
en una cadena de delitos comunes cometidos por la delincuencia común, en
este caso: lucha entre bandas de narcotraficantes; sin embargo, ello
revela la exigencia de seguridad de las personas como derecho humano y
en consecuencia obligación del Estado, exigencia de seguridad que debe
ser garantizada con estricto apego a los derechos humanos. En el caso
particular de defensores de derechos humanos la protección y el cuidado
al momento de realizar las investigaciones debe ser especialmente
estricto por cuanto si una muerte que permanece impune es bastante
grave, los es mucho más en el caso de defensores de derechos humanos
pues ello envía un mensaje de impunidad mucho mayor.
La
Oficina de la Alta Comisionada indicó que la violencia contra los
defensores de derechos humanos en Chihuahua se ha desbordado y alcanza
al círculo más próximo de las personas que han decidido defender y
promover las garantías fundamentales. Amnistía Internacional ha pedido
al gobierno de México que tome medidas en conjunto con la familia de las
víctimas para garantizar su protección.
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